En una noticia de ayer, Expansión titulaba: “El Banco de España solicita fichar ejecutivos de prestigio para las cajas”. A continuación, se subrayaba en un segundo titular que lo que se buscaba era una “despolitización” de hecho a través de la incorporación al frente de las cajas intervenidas de profesionales de contrastado prestigio en la banca. En la información se hace referencia genérica a fuentes vinculadas con algunos procesos en marcha que afectarían a integración de distintas cajas de ahorros.
El punto de partida de esta noticia entiendo que está en algo a lo que ya me referí en mi precedente entrada del pasado 30 de julio a partir de lo que es el régimen legal diseñado para el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Se trata de la previsión contenida en el art. 7.2, a) del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, conforme a la cual, aquellos procesos de reestructuración en los que intervenga el citado FROB, el Banco de España acordará la sustitución provisional de los órganos de administración o dirección de la entidad afectada y, a continuación, procederá a la designación como administrador provisional del FROB. Será éste el que a partir de entonces tendrá que llevar a cabo la designación de determinadas personas físicas que se ocupen de la gestión de la entidad.
Recurrir a directivos de otras entidades para que se encarguen de llevar adelante la administración de una entidad intervenida es un problema jurídico desde distintos aspectos (v. la STS de 27 de marzo de 2009, derivada del caso Banesto; JUR 2009\169539). En primer lugar desde el del estatuto que acompaña a esos administradores provisionales, que han sido nombrados en función de la regulación especial del citado FROB que los dotará de una singular posición. Especial trascendencia tienen dos problemas vinculados con la noticia reseñada. El primero es el que podríamos calificar como problema laboral. Se trata de incorporar a directivos de prestigio lo cual puede significar, en primer lugar, acudir al mercado laboral y tratar de atraer hacia entidades intervenidas a quienes son buenos gestores de otras entidades competidoras de las primeras. Esto, en definitiva, no sería sino una irrupción pública en lo que es el mercado de directivos y que probablemente pudiera ser discutido por el coste que planteará la contratación de directivos realmente cualificados desde las actuaciones públicas.
El segundo problema se refiere a la contratación de ex directivos jubilados, que es la que se ha dado con alguna frecuencia en el pasado y que también aborda la noticia que comento. El problema para quienes sean invitados a retomar su actividad y abandonar su situación de jubilación es el difícil régimen de compatibilidad entre las retribuciones, jubilaciones o compensaciones que hubieran pactado con su anterior entidad y la vuelta a una actividad al frente de la entidad intervenida. Es cierto que el régimen laboral plantea soluciones para estas coyunturas pero también que en función de cuales sean las condiciones pactadas por el directivo para su jubilación, resultará difícil atraerle hacia esa nueva aventura.
La noticia también tiene una significación política importante desde el punto de vista de la explícita ubicación de las cajas de ahorros como las principales destinatarias de la incorporación de estos nuevos ex directivos. Hay en la noticia dos matices que suponen una crítica al sistema actual de nuestras cajas de ahorros, incluido el de su regulación. Parece que se está insinuando en distintos pasajes de la noticia que la mejor gestión de las cajas de ahorros pasa por la incorporación de gestores de los bancos. Esto puede ser discutido teniendo en cuenta la situación de competencia entre las dos clases de entidades de crédito y que muchas cajas reivindicarán con toda razón que ha sido precisamente la gestión desarrollada en las mismas lo que permite afirmar que los responsables de la caja están tan cualificados, cuando menos, como los de los bancos privados.
También me parece llamativo el propósito que la noticia atribuye al Banco de España desde el punto de vista de la politización de nuestras cajas de ahorros. Ya he subrayado que se dice que se está persiguiendo una despolitización de facto y tal parece ser la intención si hacemos caso a los términos de la propia noticia: “en cualquier caso, el mensaje del Banco de España es claro: quiere gestores de profesionalidad constatada en el sector, sin injerencias políticas en su nombramiento”.
La intención es clara, ahora bien, también me parece previsible que el intentar llevarla a efecto no va a estar exento de conflictos con las Comunidades Autónomas correspondientes.
Madrid, 8 de septiembre de 2009
El blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte