El pasado mes de julio ya recogí en una entrada [bajo el título “La retribución (de banqueros y administradores) y su atractivo”] la publicación de la versión inicial del Informe Walker sobre el buen gobierno de los bancos británicos. Una introducción al mismo y la traducción de sus 39 recomendaciones, realizadas ambas por Isabel Fernández Torres, pueden encontrarse en la Revista de Derecho Bancario y Bursátil [RDBB 115 (2009), p. 177 y ss.].
Ayer se presentó la versión final del Informe, cuyo texto aún no se encuentra disponible, pero que, a la vista de las principales propuestas que se han anunciado, augura una época de severidad normativa y supervisora en materia de retribución de consejeros y ejecutivos en esas entidades. Basta con leer los diarios económicos para advertir que se propone un cambio sustancial en aspectos relevantes del funcionamiento de los consejos de administración: el titular de la información de The Wall Street Journal era expresivo: “U.K. Challenges Bank Boards”.
Se trata de un “desafío” al que poco cabe objetar con respecto a la exigencia de una mayor dedicación y diligencia por parte de los consejeros. Se reclama de éstos que abandonen la consideración de su puesto como una retribución “social” y que asuman que tienen que ser efectivos supervisores de las políticas del banco más trascendentes, entre ellas, las que se adopten en materia de riesgos y de retribución. Con relación a esto último, la medida más destacada será la obligatoria difusión de las retribuciones individuales a partir de un determinado importe mínimo (se menciona el millón de libras) y con respecto a los consejeros y ejecutivos.
Uno de los anuncios más llamativos de la Financial Services Authority (FSA) ha sido el nombramiento de un grupo de cinco senior advisors que deben auxiliar a esa autoridad en la selección de futuros consejeros de las grandes entidades bancarias británicas. Esa ha sido la novedad más llamativa, como refleja la crónica de The Financial Times de ayer. Los seleccionados son consejeros de prestigio en distintas sociedades británicas –el primero, Sir Dominic Cadbury- como refleja la nota de la propia FSA comunicando su decisión. Una solución innovadora a la que no faltarán críticas, por lo que supone en cuanto a la intromisión en la gestión de los bancos afectados (contra lo que se recordará la previa “intromisión” traducida en ingentes ayudas patrimoniales y financieras de rescate) y a la vista de cómo se desarrolle esa función de asesoramiento y selección.
El Informe es una orientación para la futura actuación normativa. Anticipa el sentido de cambios legales que se adoptarán por Gran Bretaña en los próximos meses. Al respecto, la posición de las entidades afectadas se expresó en la carta que la British Bankers´Association remitió a la FSA el pasado 29 de septiembre de 2009 con respecto a la versión inicial del Informe. En mi opinión, esas medidas van a ser acogidas por no pocos ordenamientos europeos. Frente a quienes teman que ese endurecimiento normativo suponga una desventaja competitiva para los bancos británicos, es probable que estos se beneficien de ser los primeros en adaptarse a un nuevo marco regulatorio que se extenderá progresivamente a otros mercados.
Anunciaré la difusión del Informe tan pronto como se produzca.
Madrid, 27 de noviembre de 2009
Ayer se presentó la versión final del Informe, cuyo texto aún no se encuentra disponible, pero que, a la vista de las principales propuestas que se han anunciado, augura una época de severidad normativa y supervisora en materia de retribución de consejeros y ejecutivos en esas entidades. Basta con leer los diarios económicos para advertir que se propone un cambio sustancial en aspectos relevantes del funcionamiento de los consejos de administración: el titular de la información de The Wall Street Journal era expresivo: “U.K. Challenges Bank Boards”.
Se trata de un “desafío” al que poco cabe objetar con respecto a la exigencia de una mayor dedicación y diligencia por parte de los consejeros. Se reclama de éstos que abandonen la consideración de su puesto como una retribución “social” y que asuman que tienen que ser efectivos supervisores de las políticas del banco más trascendentes, entre ellas, las que se adopten en materia de riesgos y de retribución. Con relación a esto último, la medida más destacada será la obligatoria difusión de las retribuciones individuales a partir de un determinado importe mínimo (se menciona el millón de libras) y con respecto a los consejeros y ejecutivos.
Uno de los anuncios más llamativos de la Financial Services Authority (FSA) ha sido el nombramiento de un grupo de cinco senior advisors que deben auxiliar a esa autoridad en la selección de futuros consejeros de las grandes entidades bancarias británicas. Esa ha sido la novedad más llamativa, como refleja la crónica de The Financial Times de ayer. Los seleccionados son consejeros de prestigio en distintas sociedades británicas –el primero, Sir Dominic Cadbury- como refleja la nota de la propia FSA comunicando su decisión. Una solución innovadora a la que no faltarán críticas, por lo que supone en cuanto a la intromisión en la gestión de los bancos afectados (contra lo que se recordará la previa “intromisión” traducida en ingentes ayudas patrimoniales y financieras de rescate) y a la vista de cómo se desarrolle esa función de asesoramiento y selección.
El Informe es una orientación para la futura actuación normativa. Anticipa el sentido de cambios legales que se adoptarán por Gran Bretaña en los próximos meses. Al respecto, la posición de las entidades afectadas se expresó en la carta que la British Bankers´Association remitió a la FSA el pasado 29 de septiembre de 2009 con respecto a la versión inicial del Informe. En mi opinión, esas medidas van a ser acogidas por no pocos ordenamientos europeos. Frente a quienes teman que ese endurecimiento normativo suponga una desventaja competitiva para los bancos británicos, es probable que estos se beneficien de ser los primeros en adaptarse a un nuevo marco regulatorio que se extenderá progresivamente a otros mercados.
Anunciaré la difusión del Informe tan pronto como se produzca.
Madrid, 27 de noviembre de 2009