Prácticamente todos los días tenemos ocasión de recibir noticias diversas sobre procesos destinados a salvar a entidades de crédito en apuros. Viene sucediendo en casi todos los Estados de la Unión Europea y en España lo estamos viviendo con intensidad en estos últimos meses. Ante esa permanente actualidad, proponer una reflexión de fondo no parece fácil, pero se produce la paradoja de que es la realidad y la “urgencia” que la acompaña la que ofrece hechos que obligan a replantear el sentido de los programas de reestructuración. En este caso, el hecho venía relatado en una interesante crónica de Andreu Missé publicada en El País del pasado sábado 17 de diciembre de 2011, que narraba el cierre del proceso de reestructuración del banco alemán West LB. Un final que parece que va a ser su liquidación.
La crónica ofrece datos completos e interesantes, comenzando por recordar que, Alemania es uno de los Estados europeos que antes comenzó la reestructuración de su sistema bancario y que a esa finalidad ha destinado una cantidad extraordinaria de recursos públicos (600.000 millones de euros). En cuanto al caso en sí, me permito transcribir los párrafos más ilustrativos de lo que ha sucedido:
“Después de más de un año de resistir la presión de Bruselas, el West LB, uno de los principales bancos públicos alemanes, y el séptimo por activos, se ha visto obligado a tirar la toalla. Desde noviembre de 2010, la entidad ha sido sometida a una estrecha vigilancia por parte de los funcionarios de Competencia, que le exigían la restitución de 3.400 millones de euros de ayudas públicas, superiores a las realmente permitidas. Ante la imposibilidad de devolver estos fondos, sus propietarios, el Estado de Renania del Norte-Westfalia (50%) y las cajas de ahorros de Renania y de Westfalia titulares de la otra mitad, han optado por liquidar el banco. La Comisión autorizará la operación en su reunión del próximo martes.
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La entidad recibió un total de 16.000 millones de euros de ayudas públicas desde 2007, de los que unos 11.000 millones le fueron desde 2009. El banco había obtenido también una garantía pública para proteger su cartera de inversiones equivalentes a 23.000 millones de euros. West LB transfirió un paquete de activos tóxicos al banco malo EAA, constituido por el Gobierno de Berlín, para que afrontaran la crisis las entidades afectadas.
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La realidad es que tanto el Gobierno regional de Renania del Norte-Westfalia, como las entidades de ahorro, han preferido dejar caer la entidad a aportar nuevos fondos después de las cuantiosas pérdidas sufridas. Los propietarios tampoco aceptaron la otra posibilidad exigida por la Comisión Europea que implicaba una profunda reestructuración de la entidad. El retraso en la toma de decisiones por parte de las autoridades regionales alemanas revela un alto grado de connivencia entre los gestores y ciertos responsables públicos. La Comisión consideró que el empleo del dinero de los contribuyentes para reflotar una entidad implicada en actividades especulativas como las de la suprime, exigía una contribución de los propietarios. El Gobierno Federal estaba de acuerdo con la Comisión”.
Quien lea esos párrafos establecerá, probablemente con acierto, algunas referencias a situaciones que estamos viviendo en la experiencia española. Sin perjuicio de ello, podemos plantear en relación con el saneamiento de entidades españolas la necesidad de que nuestras autoridades ponderen de manera especialmente cuidadosa la utilidad de las llamadas restructuraciones. Destinar recursos públicos a sanear entidades de crédito tiene sentido si existe una adecuada proyección de lo que va a ser el futuro de la entidad, pero casos como el del West LB ponen de manifiesto que, a veces, aunque resulte impopular o políticamente complejo, señalar la inviabilidad de determinadas entidades de crédito es la mejor forma de ahorrar enormes esfuerzos y recursos públicos y privados. Destinar recursos públicos ingentes al salvamento de una entidad inviable puede permitir ganar tiempo, pero también provocar que donde existía un problema (una entidad insolvente), surjan dos (una entidad definitivamente insolvente y la justificación de haber destinado a su agonía cantidades públicas considerables).
Puede que abordar desde un principio la desaparición de entidades que no son viables resulta más duro e impopular a corto plazo. Pero terminará siendo más útil y eficiente, en especial en cuanto al uso de fondos públicos. Además, alejar del sistema financiero a entidades insolventes terminará favoreciendo la recuperación de la confianza en aquél.
Madrid, 21 de diciembre de 2011