El pasado día 8 de julio de 2009 el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-Ley 9/2009 de 26 de junio sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito. La aprobación de este nuevo Real Decreto-Ley constituye una medida extraordinaria por varias razones. La primera es su propia definición. Hablar de la reestructuración del sistema bancario y del reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito es proclamar una actuación legislativa que afecta a intereses generales vinculados con la esencia del correcto funcionamiento del sistema crediticio. Por lo tanto, estamos ante una norma que incide sobre aspectos fundamentales de nuestro sistema económico.
En segundo lugar, estamos ante una norma que introduce una habilitación presupuestaria considerable a través de su Disposición final segunda, en donde se contempla la reserva de distintas cantidades destinadas a la reestructuración y que puede llegar en conjunto a más de 90.000 millones de euros. Los contribuyentes tenemos el derecho a plantearnos qué justifica una previsión presupuestaria de este calibre y a reclamar que la aplicación de esos cuantiosos fondos se ajuste al interés general.
En directa relación con esto último también llegamos a lo que supone la tercera característica extraordinaria de la nueva regulación. Se trata de habilitar la intervención pública en empresas privadas a través de los nuevos instrumentos que se crean y de las facultades que se otorgan. Por tanto, procede explicar qué es lo que lleva al Estado a irrumpir en la gestión y en el capital de entidades de crédito y a hacerlo sobre la base de la disposición de los fondos públicos habilitados.
Probablemente la naturaleza extraordinaria de la nueva normativa ha ocasionado que se viera precedida por la constante aparición de noticias que vinculaban las medidas que han culminado en el citado Real Decreto-Ley con una suerte de crisis financiera española de alcance general. Han sido reiteradas las referencias que en los medios de comunicación señalaban, en especial, a las cajas de ahorros como la categoría que presentaba una situación que justificaba la necesidad de lo que ahora se denominan “reestructuraciones bancarias” y que serán principalmente operaciones de concentración (vía fusión) entre cajas de ahorros.
Me ha parecido preocupante esa puesta en cuestión repetida de la solvencia de unas entidades que representan la mitad del sistema financiero español. Se ha extendido un velo de sospecha sobre la solvencia general de las cajas de ahorros cuando lo cierto es que sucede con las cajas como con los bancos, que habrá unas que están en mejor situación que otras. Pero esa extensión de una sospecha generalizada no ha contado con una clara y tajante declaración de las autoridades que disipara cualquier duda al respecto. Parece que existiera un cierto interés por justificar en torno a esas informaciones la conveniencia de la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Remito a la lectura del artículo publicado por Manuel Lagares en El Mundo del día 29 de junio de 2009 que titulaba preguntándose “¿Siguen siendo necesarias las Cajas de Ahorros?” y comenzaba indicando:
“… parece que se extiende la impresión –falsa pero muy claramente perceptible- de que la crisis que hoy padece la economía española en el ámbito financiero tiene como protagonista exclusivo a las Cajas de Ahorros. Es decir, que esa crisis afecta a las Cajas y que resolviendo el problema de las Cajas se habrán resuelto los problemas financieros de nuestro país”.
Por eso quiero subrayar lo que no se ha hecho al hilo de la aprobación del Real Decreto-Ley. Tan injusta como una descalificación general de la solvencia de las cajas de ahorros resultaría la ignorancia del hecho conforme al que éstas se encuentran abocadas a determinados problemas como consecuencia del modelo legal y empresarial en que se han desarrollado. No es cuestión de repetir y desarrollar un diagnóstico unánime: las cajas de ahorros han quedado sometidas al control de las Comunidades Autónomas y padecen una politización extrema, hasta el punto de que se llega a cuestionar su naturaleza jurídico-privada y cualquier debate en torno a las mismas se produce con la referencia consabida a tal o cual partido político, en relación con los órganos de la entidad o con cualquier decisión empresarial de singular alcance. En no pocas noticias, la sumisión de las decisiones empresariales de las cajas al gobierno autonómico correspondiente se detalla de manera abierta. Si se insinuaban esos problemas de las cajas de ahorros y se están habilitando unos fondos cuantiosos con la finalidad de fomentar las operaciones de reestructuración en las que puedan participar, no se entiende que no se aborde el origen el problema de muchas cajas que no es otro que el marco legal en que se mueven.
A este respecto, llamo la atención sobre un reciente libro que han dirigido Luis de Guindos, Vicente Martínez Pujalte y Jordi Sevilla y que ha tenido a Ana Torme como coordinadora. Con excepción de Luis de Guindos, los otros tres mantienen la condición de diputados. El libro se titula Pasado, presente y futuro de las cajas de ahorro, (Cizur Menor, 2009, 219 pp.) y contiene una revisión que llevan a cabo cualificados expertos sobre lo que caracteriza a las cajas de ahorros en el momento actual y las reformas que parecen convenientes.
Las conclusiones firmadas por los tres directores son amplias y, de ellas, destacaré las que defienden que la naturaleza actual de las cajas sigue siendo adecuada para el futuro, pero que debe reformarse la LORCA de 1985 para mejorar el gobierno corporativo de las cajas y evitar la politización de sus órganos de gobierno. La observación de la realidad pone de manifiesto que las fuerzas políticas se muestran muy reacias hacia la modificación de cualquier norma que las viene permitiendo disfrutar de ámbitos de poder. Los órganos rectores de las cajas de ahorros son una plataforma de poder formidable. Sin embargo, es a esas mismas fuerzas políticas a las que debe exigírseles que solucionen, incluso en contra de sus intereses, los defectos de un modelo que ha entrado en crisis.
Es discutible si, como proponen los directores del citado libro, la reforma no reclama un cambio radical de la naturaleza de las cajas o si, como en un reciente artículo de Rafael Mateu de Ros publicado en Expansión, bajo el título “Reformas coyunturales y estructurales”, debe avanzarse en una aproximación al modelo de la sociedad anónima. Cito algunas reflexiones del citado autor:
“Pueden proferirse críticas contra la sociedad anónima, como las que a veces se vierten contra la democracia, pero es, con diferencia, el modelo “menos malo”, y el único homologado en todos los países desarrollados. No podemos compartir los argumentos que se esgrimen para sostener el continuismo del modelo institucional de las cajas: el argumento “pietista” según el cual las cajas se justifican por atender la captación del ahorro popular y evitar la exclusión personal y geográfica respecto de los servicios se compadece mal con el poder –legítimo desde luego– que concentran algunas de esas fortalezas financieras e industriales, que controlan más del 50% de la economía financiera española, y tampoco concuerda con la eficiencia y densidad de las redes bancarias ni con la época de la prestación a distancia de los servicios financieros en que vivimos.
…
No vemos qué sentido tiene que, incluso en contra de la voluntad de los gestores profesionales de las cajas, se pretenda defender a ultranza, en base a intereses que no nos corresponde analizar aquí, una fórmula organizativa en la que no está suficientemente clara ni la propiedad, ni la representatividad ni la responsabilidad. Una fórmula de entidad financiera a la española que, tarde o temprano, tendrá que evolucionar hacía la estructura homogénea e internacional de la sociedad anónima. La incorporación de las cajas de ahorro al perímetro formal de determinadas obligaciones de buen gobierno fue un primer paso inteligente de la Ley de Transparencia de 2003, que debió costar lo suyo pero que ha significado poco en sí mismo".
Cualquiera que sea la opción final, lo que no puede debatirse es que la inversión de hasta 90.000 millones de euros para hacer frente a los problemas de determinadas entidades, exige una reforma profunda de las causas de esa crisis, que esa inversión pública trata de superar.
Madrid, 24 de Julio de 2009
El blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte