Aunque la inclusión de la crónica estival sobre este tema que me llevó a reiniciar el blog tras el verano no me anima a extenderme sobre este asunto, septiembre sigue siendo prolífico en la entrega de materiales sobre la cuestión. Ello se debe a la inminente reunión del G-20, pero también a la culminación de los trabajos que en distintos Estados se han puesto en marcha para restablecer el correcto funcionamiento de sus mercados financieros e impulsar la recuperación de la confianza en las entidades. Muchas de las reacciones han sido protagonizadas por las entidades financieras y sus asociaciones. Son reacciones que deben ser elogiadas por cuanto revelan una capacidad de actuación que va más allá de esperar la intervención pública en mayor o menor grado y, con frecuencia, consiguen adelantarse a una iniciativa legislativa por medio de la autorregulación.
Desde el punto de vista informativo, surgen distintas reacciones de los destinatarios de las medidas anunciadas, intentadas o descartadas, a favor o en contra de los bonus. La prensa económica recoge las opiniones diversas de algunos representantes de grandes bancos en este tema. Disparidad de criterios que refleja algo que me parece obvio: los bonus integran un aspecto de la política empresarial y de la libertad de gestión de cada entidad. Por ello, que unos banqueros se pronuncien a favor o en contra no es sino una expresión de su libertad.
Pero la actualidad de la cuestión ofrece también algunas reflexiones interesantes, como es el artículo publicado ayer por Eduardo Aguilar en Expansión bajo el título “Buen principio y mal remedio”, y en el que se muestra crítico con la declaración de los Ministros europeos a la que me remitía en una anterior entrada. Transcribo algunos de los párrafos del artículo que me parecen más significativos:
“Es engañoso que la necesidad de intervención en algunas de las entidades financieras justifique su intervención sobre la gestión del negocio, salvo que la entidad haya sido totalmente nacionalizada en cuyo caso, en tanto que único accionista, no como autoridad pública, puede hacer y decir lo que quiera. El político no es banquero ni, gracias a Dios, sabe absolutamente nada de banca.
Es esencial defender ese principio de autonomía en la gestión si se quiere defender, plenamente, la independencia y estabilidad del sistema financiero. Otra cosa es que, habiendo inyectado ayudas públicas, se establezca un sistema de recuperación de las mismas que puede incluir cuantas medidas globales sean necesarias para asegurarse el retorno de esos fondos. ¡Pero no la gestión!
…
El establecimiento de retribuciones variables (cuando se garantizan o se les añade elementos multiplicadores) puede dar lugar a todo tipo de anomalías. La falta de control adecuado por los correspondientes departamentos, puede llevar a establecer retribuciones desproporcionadas. Corresponde a la propia entidad atajarlo y para ello tendría sentido que se establecieran regulaciones que ligaran más directamente la retribución al resultado estable y recurrente y no solamente al ocasional.
Pero, en líneas generales, esos peligros son los mismos que los que rigen para los contratos y suministros de cualquier otro bien o factor utilizado por la empresa. De ese caso particular no se puede establecer, “a barullo”, que el sistema es malo y menos aun que una Ley debiera regularlo.
La mayor parte de nuestro sistema financiero contrata, incentiva, promociona y se enriquece de un sistema de retribución variable. Y el sistema funciona adecuadamente y, en líneas generales, establece sus propias correcciones. Es a los gestores de las entidades a quienes corresponde perfeccionarlo.”
También varias noticias coetáneas destacaban la reacción de la Asociación Holandesa de Bancos (NVB-Nederlandse Vereniging van Banken), de la que se decía que iba a convertir a sus asociados en los primeros en limitar los bonus.
En realidad, lo que ha hecho la citada Asociación es aprobar su Provisional Banking Code de 8 de septiembre de 2009, que tiene un alcance mayor que el de regular la política retributiva. Su preámbulo ilustra sobre la gestación de este documento, que lejos de corresponderse con las histerias veraniegas que rodean la cuestión de la retribución en el sector financiero, nos devuelve al impacto de la crisis financiera en Holanda y a los diversos trabajos iniciados para su superación:
“ - The Banking Code (Code Banken) was drawn up by the Netherlands Bankers’ Association (NVB) in response to the report entitled ‘Restoring Trust’ (‘Naar herstel van vertrouwen’), which was published by the Advisory Committee on the Future of Banks (Adviescommissie Toekomst Banken) on 7 April 2009. The recommendations from chapters 1 and 2 of the Advisory Committee’s report have been used as the basis for this Banking Code.”
En efecto, la misma NVB impulsó a finales del año 2008 la realización de un informe que sirviera para la mejora del funcionamiento del sector bancario holandés y, en especial, para contribuir a la recuperación de la confianza en las entidades de crédito. Esto se tradujo en la publicación en abril de 2009 del citado informe con el expresivo título Restoring Trust. Es un documento con un alcance amplio, pero cuyos capítulos 1 y 2 servían de antecedente al Código recientemente anunciado.
La lectura del Código Provisional holandés repite, como es lógico, los principios de las Recomendaciones europeas de 2009 en materia de retribución. Se formula el siguiente principio:
“6.1.2 The bank shall implement a meticulous, restrained and long-term remuneration policy that is in line with its strategy and risk appetite, objectives and values, taking into account the long-term interests of the bank, the relevant international context and society’s acceptance. The supervisory board and the executive board shall take this basis into account when performing their tasks in relation to the remuneration policy. “
Es previsible que el camino iniciado por la Asociación holandesa sea emulado por otras. Baste recordar el caso británico, que tendrá en la aprobación definitiva del Informe Walker su momento decisivo.
El hecho de que las Asociaciones empresariales establezcan por medio de sus Códigos voluntarios un marco general de cumplimiento no puede ser criticado. Es una iniciativa correcta, pues plasma un compromiso colectivo a favor de mejorar aspectos del gobierno de sus asociados. Pero conlleva un riesgo paralizante, al fomentar la idea de que esa armonización en el gobierno corporativo es suficiente.
La defensa de la libertad de las empresas a la hora de “regular” su gestión tiene que ser coherente y recordar que, más allá de los standards colectivos, cada entidad tiene margen para destacar ante sus accionistas y ante los mercados y frente a sus competidores por ir más lejos en la fijación de nuevas reglas de conducta. Los Códigos colectivos contribuyen a restaurar la confianza, pero no privan a los administradores de su poder de iniciativa. Lo apuntaba la consejera de la Securities Exchange Commission (SEC), Elisse B. Walter, en una intervención que titula Restoring Investor Trust through Corporate Governance:
“It can take years to build up trust and only seconds to destroy it. Today's financial markets prove the wisdom of this adage; look at the speed with which we have seen investor trust erode in recent months. As a result, the Commission, as the agency charged with being the investor's advocate and protecting the integrity of our capital markets, must engage in its own critical self-analysis and address a number of difficult and complex issues.
…
So far, I have discussed where I believe the Commission can work to restore investor trust through action in the corporate governance arena. I do not, however, think that directors and corporate managements should rely solely on the government to bear that burden. Instead, I believe strongly that directors and managements must take it upon themselves to improve accountability by setting a "tone at the top" honoring the responsibilities that arise from the trust placed in them by investors. Some have, but all directors and managements should implement their own best practices for corporate governance that promote integrity, transparency, and accountability.”
Madrid, 11 de septiembre de 2009
El blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte