La mayoría de las llegan desde Estados Unidos, probablemente porque la actividad institucional permanece con mayor intensidad que en Europa y porque, mientras que en muchos ordenamientos europeos se ha optado por mantener las conductas retributivas en el ámbito de lo recomendable, la gravedad de la experiencia estadounidense ha impulsado una reacción legislativa. Lo cierto es que muchas de las nuevas informaciones son igualmente válidas en relación con la situación europea y española.
26 de julio de 2009.
La retribución de los malos gestores. El hecho de que quienes contribuyeron a la explosión de la crisis financiera, lejos de resultar sancionados jurídica y económicamente, vuelvan poco tiempo después a recibir altas retribuciones, es la idea que impulsa a Antón Costas Comesaña a escribir un artículo titulado “Coge el bonus y corre” en Negocios de El País de esta fecha. Se alinea con quienes reclaman una corrección en la forma de retribuir en el sector financiero que tan negativos efectos ha tenido:
“Es verdad, hay banqueros honorables y buenos gestores. Pero hay que reconocer que detrás de las conductas propensas al riesgo y al fraude financiero hay un mecanismo corporativo que actúa como célula cancerosa. Se trata de la forma como se retribuye a la alta dirección, mediante incentivos basados en bonus por los beneficios a corto plazo, aunque sean vendiendo productos fraudulentos. Mientras no se extirpe ese mecanismo, seguirán produciendo metástasis en forma de crisis”.
31 de julio de 2009.
El Fiscal de Nueva York denuncia: gran crisis financiera y récord de retribuciones. Entre las muchas noticias que desde Estados Unidos reflejan que el problema retributivo en el sector financiero y, en especial, en Wall Street, se ha convertido en causa de una actuación institucional, la que publica hoy The Washington Post debe ser destacada. El Fiscal general de Nueva York presentó un informe cuyas conclusiones se explican por sí solas a partir de la lectura de los dos primeros párrafos de la noticia:
“The nation's nine largest banks handed out $32.6 billion in bonuses last year even as they ran up more than $81 billion in losses and accepted billions of dollars in emergency federal aid, New York Attorney General Andrew M. Cuomo says in a report released Thursday.
Cuomo's investigation into pay practices at Wall Street's largest firms found that nearly 4,800 executives and other employees were each awarded at least $1 million. Of those, more than 900 worked for Bank of America and Citigroup, which have been among the largest recipients of government bailout funds.”
Es evidente que este Informe se ha elaborado en coincidencia con otras iniciativas legislativas que en Estados Unidos tratan de buscar una solución a una cuestión que motivó y sigue motivando una genuina cólera social.1 de agosto de 2009.
Fortaleciendo el poder de los accionistas. La noticia aparece en The Washington Post y parte de la aprobación en la Cámara de representantes de nuevas medidas normativas destinadas a fortalecer el papel que corresponde a los accionistas en la determinación de la retribución de los ejecutivos de la sociedad (el movimiento que se condensa en la expresión “Say on Pay”, así como a reconocer a los órganos supervisores la facultad de intervenir ante casos de retribuciones que se consideren inadecuadas. En cuanto al primer asunto, las medidas no resultan especialmente innovadoras y suponen una reproducción de las ya contenidas en las Recomendaciones europeas en esta materia. De ahí que se comprenda la decepción que expresan las declaraciones que recoge la noticia de Lucien Bebchuk, Director del Programa de Corporate Governance de Harvard y participante en nuestros Seminarios Harvard-Complutense, autor además –junto con Jesse Fried- del exitoso Pay without performance. Bebchuk considera de dudosa efectividad la nueva legislación.
En sentido contrario, la noticia recoge otros argumentos interesantes. Así, parece que algunos representantes demócratas y republicanos consideran preocupante la habilitación que la nueva normativa incorpora para que el Gobierno pueda interferir en la vida de las empresas, argumento fácilmente rebatible por quienes recuerden que esa interferencia se ha producido en no pocos casos en forma de aportaciones financieras que los accionistas no pudieron afrontar. Me parece más consistente la objeción que se formula desde la asociación Business Roundtable, acerca de la imposición de un marco normativo común que no permite diferenciar las empresas bien gestionadas de las que no lo fueron.
4 de agosto de 2009.
Bebchuk opina. Lo hace por medio de un artículo publicado hoy en el Financial Times, en el que reitera su opinión sobre los problemas que afrontará la nueva legislación estadounidense al tiempo que justifica su opinión a favor de un mayor control normativo de las retribuciones en el sector financiero. Lo hace desde una perspectiva jurídico-económica, apuntando a la existencia de intereses generales en el funcionamiento de las entidades de crédito:
“Outside the financial sector, government intervention should indeed be limited to improving internal governance, leaving choices over pay structures to shareholders and the directors elected by them. But financial institutions are special, and their special circumstances warrant a broader role for government.
Regulation of pay in financial institutions is justified by the very same moral hazard concerns that provide the basis for existing regulation of the sector. Because the failure of such companies imposes costs on taxpayers that shareholders do not internalise, shareholders’ interests are served by more risk-taking than is socially desirable. For this reason, financial institutions have long been constrained by a substantial body of rules that restrict private choices with respect to loans, investments and capital reserves.
Shareholders’ interest in more risk-taking implies that they could benefit from providing executives with excessive incentives in this direction. Executives with such incentives can use their informational advantages, and whatever discretion they have been left by existing regulations, to increase risks. Regulation of pay structures is a way to counter this. It would make the executives of financial companies work for, not against, the goals of financial regulation”.
Es una opinión en línea con la posición europea, que ha separado el tratamiento de las retribuciones en dos Recomendaciones: la primera, de aplicación general para las sociedades cotizadas; la segunda, destinada a las entidades financieras.
7 de agosto de 2009.
Escándalo en Francia. Informa El Mundo de la reacción que ha provocado en la sociedad francesa el conocimiento de la intención de BNP de retribuir a sus directivos con bonus por importe global de hasta 1000 millones de euros a lo largo de este ejercicio. El escándalo nace de que BNP sea una de las entidades beneficiarias del rescate público, por medio de 5100 millones. Que el asunto tiene relevancia política lo evidencia la reacción institucional:
“El presidente francés, Nicolas Sarkozy, se reunirá el próximo día 25 con los representantes de los bancos galos para recordarles sus compromisos en materia de remuneración de sus dirigentes con bonificaciones”.
9 de agosto de 2009.
Premiar a los malos actores, es el título del artículo del Premio Nobel, Paul Krugman, que se incluye en el suplemento negocios de El País de esta fecha. El artículo vuelve sobre hechos que ya he reseñado en apartados anteriores y sirve para reflexionar acerca de la pertinencia de que quienes hayan recibido grandes ayudas públicas premien a sus directivos en términos sorprendentemente elevados, en ocasiones por meros ejercicios exitosos de especulación financiera a la que resulta difícil, en opinión de Krugman, encontrar una utilidad social. Sus reflexiones finales son especialmente sugerentes, tanto por la crítica hacia la relevancia que en la Economía actual alcanzan las operaciones financieras (en las que la mera especulación alcanza un porcentaje significativo), como por el efecto que esas operaciones han terminado por producir sobre los criterios en materia de retribución en el sector financiero:
“Ahora bien, a lo mejor se sienten ustedes tentados a desestimar la especulación destructiva por considerarla una cuestión sin importancia (y hace 30 años habrían tenido razón). Pero desde aquel entonces, las altas finanzas -operaciones con valores y mercancías, en comparación con la banca normal y corriente- se han convertido en una parte muchísimo más importante de nuestra economía, y su proporción del PIB se ha multiplicado por seis. Y los sueldos por las nubes en el sector financiero han desempeñado un importante papel en el drástico aumento de la desigualdad de ingresos.
¿Qué debemos hacer? La semana pasada la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que establece las normas para los convenios salariales de una amplia variedad de instituciones financieras. Ése sería un paso en la dirección correcta, pero lo cierto es que debería ir acompañado de una normativa mucho más amplia sobre las prácticas financieras y, diría yo, por unos tipos impositivos más altos para las rentas de gran tamaño.
Por desgracia, la medida de la Cámara tropieza con la oposición de la Administración de Obama, que todavía parece regirse por el principio de que lo que es bueno para Wall Street es bueno para Estados Unidos. Ni el Gobierno ni nuestro sistema político en general parecen dispuestos a enfrentarse al hecho de que nos hemos convertido en una sociedad en la que el dinero con mayúsculas va a parar a los actores malos, una sociedad que recompensa generosamente a quienes nos hacen más pobres”.
La afirmación final contiene una crítica radical al sistema y, si es compartida, reclama medidas normativas precisas.
9 de agosto de 2009.
El Zar comienza a actuar. El Tesoro norteamericano designó al abogado Kenneth Feinberg como la persona responsable de supervisar los pagos a los administradores y principales ejecutivos. En una amplia noticia de esta fecha The Washington Post informa sobre las gestiones que de forma discreta ha venido realizando el citado letrado ante las compañías norteamericanas beneficiarias de ayudas públicas, con vistas a fijar la retribución que en las cuentas del ejercicio correspondiente debe aparecer a favor de administradores y directivos. Ha de indicarse que Feinberg dispone de un poder individual para, de manera discrecional, establecer la retribución que pueda percibir cada uno de los 25 empleados mejor pagados de una de estas empresas. Es una labor difícil porque no podemos ignorar que con independencia de los condicionantes normativos, muchos de esos directivos están esgrimiendo los pactos alcanzados en situaciones precedentes. La nota indica, por ejemplo, los problemas que plantea a la institución pública la percepción de bonus que habían quedado establecidos con anterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones normativas que amparaban el rescate público.
10 de agosto de 2009.
Llamada a la moderación. Los Landenbanken alemanes han recibido grandes ayudas públicas, en forma de aportaciones de recursos del Gobierno federal y de avales prestados por los Gobiernos de los respectivos Länder. Una breve entrada en la edición de hoy del Handelsblatt recoge la llamada de atención que ha realizado el Ministro alemán de Finanzas, Steinbrück, invitando a la moderación en el pago de eventuales bonus y reiterando la vigencia del límite salarial de 500.000 euros.
11 de agosto de 2009.
La difícil misión del Zar. Se ha generalizado en la prensa económica la referencia al papel del U.S. Pay Czar, el ya mencionado Feinberg. En su edición de hoy, The Wall Street Journal señala la difícil tarea que afronta en estos días, al tener que discutir con algunas de las mayores empresas favorecidas con el rescate público las cifras concretas de sus respectivos planes de retribución. Se trata de algunos de los colosos industriales y financieros de Estados Unidos y, desde un punto de vista jurídico, la tarea de Feinberg no es sencilla, al tener que conciliar las condiciones contractuales convenidas en esas entidades con la lógica política y el elemental sentido común que hace incomprensible para los contribuyentes que las ingentes ayudas públicas se traduzcan, de nuevo, en retribuciones desproporcionadas de algunos pocos. Reaparece en la noticia el pago de 100 millones de dólares comprometido con Andrew J. Hall al que me referí en la reseña del 1 de agosto.
La noticia expone de forma elocuente los varios argumentos que Feinberg va a tener que considerar a la hora de admitir o rechazar las retribuciones y programas que se le presenten:
“Treasury Department official Kenneth Feinberg, who has authority to oversee pay for the 100 highest-paid employees at those companies, has been meeting regularly with the seven firms to help them fix a level and structure of compensation that the government deems proper, say industry and U.S. officials.
With public anger high over the rich pay packages awarded to some financial executives, Mr. Feinberg must walk a fine line between curbing pay at companies benefiting from taxpayer funds while not squeezing compensation so hard that it hurts the ability of companies to lure talent.
…
Mr. Feinberg holds enormous power over the subset of firms he oversees under the bailout, formally known as the Troubled Asset Relief Program. He must approve or reject compensation for the most highly paid employees and oversee the structure of each firm's compensation.
Among the things he will examine is whether a firm's compensation rewards risk, is comparable to that of peers and is tied to long-term performance. His decisions aren't subject to appeal, and he is operating largely independent of the Treasury Department. Mr. Feinberg, an attorney, isn't receiving government compensation for his work.
Legal experts said Mr. Feinberg's power, combined with the opprobrium a firm may suffer if it is perceived as making excessive payouts, could give the government leverage”.
Son los argumentos iniciales de un debate jurídico sobre el que se volverá de forma repetida a lo largo de los próximos meses.
15 de agosto de 2009.
El Gobierno va a señalar lo que puede estimarse una compensación adecuada. Sigue The Washington Post informando sobre las conversaciones mantenidas por Kenneth Feinberg con las distintas empresas objeto de ayudas públicas en cuanto a la retribución de sus ejecutivos. En la referencia de hoy se plantea lo que implica esa injerencia gubernamental –justificada por la previa contribución financiera al rescate de esas empresas- a la hora de determinar lo que pueden constituir compensaciones adecuadas de los ejecutivos de las grandes corporaciones. De esta manera se está subrayando el precedente que se va a crear y que va a poder ser invocado en el futuro por aquellos que entiendan que les favorece, bien por pretender retribuciones más bajas o más altas.
17 de agosto de 2009.
Bainbridge on ‘Say on Pay’. Con respecto a la nueva regulación estadounidense, el Profesor Stephen Bainbridge, actual docente de la UCLA y experto en Derecho societario incluye una entrada en su interesante y heterogéneo blog (www.professorbainbridge.com/) anunciando la publicación de su artículo Is 'Say on Pay' Justified?, que puede descargarse. Es un breve artículo que resulta interesante a la hora de explicar los problemas que implica lo que parece ser un nuevo modelo legislativo en esta materia, con un creciente protagonismo de la legislación federal.
18 de agosto de 2009.
Una retribución no discutida en AIG. La aseguradora AIG ha resultado uno de los emblemas negativos de los rescates empresariales y de las malas prácticas retributivas. En estos meses recientes han sido numerosas las noticias que han puesto de manifiesto la contradicción entre ingentes fondos públicos destinados a evitar su quiebra y el mantenimiento de programas de retribución incomprensibles a favor de sus administradores y ejecutivos. La selección de un nuevo primer ejecutivo ha dado lugar a que su retribución fija y la variable vinculada a determinados objetivos (en esencia, eludir las astronómicas pérdidas de la compañía) haya sido objeto de previa y pública aprobación, incluido el nihil obstat del Zar Feinberg, según informa hoy El País. El procedimiento priva de polémica a una retribución sin duda cuantiosa: 5 millones de euros más otros 2,4 en función de resultados.
18 de agosto de 2009.
Una recomendación bibliográfica. Aún cuando se refieren esencialmente a los mercados estadounidenses, Bebchuk/Grinstein/Peyer han revisado un artículo que vio la luz en mayo de 2009 con expresivo título: “Lucky CEOs and Lucky Directors”. Su interés se ve reforzado porque enlaza con precedentes estudios del propio Bebchuk –a los que se hacen referencia- que han analizado las prácticas retributivas de consejeros delegados y administradores de las grandes compañías estadounidenses. Todos ellos pueden consultarse –entre otros lugares- en http://www.law.harvard.edu/index.html.
20 de agosto de 2009.
Los fichajes de RBS. Hoy es El Economista el que se fija en la reacción motivada por los fichajes recientes de The Royal Bank of Scotland, uno de los grandes bancos británicos objeto de rescate público. El banco ha anunciado las condiciones convenidas con algunos directivos recientemente captados, lo que ha provocado el recordatorio de los fondos públicos recibidos y la paradoja de que se destinen a generosas retribuciones a directivos. El argumento, como ya he tenido ocasión de repetir, resulta en su enunciación genérica tan sugerente como inexacto. Parece ser que en este caso, los bonus convenidos se ajustan a las recomendaciones de la Financial Services Authority. Pero sin perjuicio de su “legalidad”, lo que no puede olvidarse es que los bancos son empresas y que, precisamente cuando se quiere atraer a los mejores para recuperar la solvencia y los resultados, no es la mejor estrategia la que pone a los potenciales directivos en el centro de un debate y atención públicas en torno a sus retribuciones. Tiene sentido reprochar las altas retribuciones de quienes causan el desastre y, a pesar de ello, pasan la cuenta. Es absurdo reprochar a quienes deben contribuir a la recuperación de los resultados, que cobrarán mucho si lo logran.
21 de agosto de 2009.
El polémico retorno del bonus. Ese es el título del reportaje que incluye en su edición de hoy Expansión, firmado por Enrique Calatrava desde Londres. No debe extrañar el contenido del reportaje, a la vista de las previas referencias que al tema he incluido en esta entrada y que han convertido el pago de bonus a banqueros en una de las estrellas informativas del verano financiero. El artículo de Calatrava enlaza con los distintos episodios vividos en EE.UU. y en diversos Estados europeos y contiene una documentada información comparada por Estados y entidades que permite entender mejor esa aparente paradoja de que las ayudas públicas a una entidad terminen, entre otros efectos, sirviendo para volver a prácticas retributivas que muchos denuncian como uno de los factores de la crisis. El problema es empresarial porque afecta a los accionistas y administradores de esas entidades, pero también encierra un problema regulatorio. El subtítulo del artículo es “Regular o no regular, ésa es la cuestión” y apunta a la situación británica, donde se quiere evitar cualquier iniciativa nacional que distorsionaría la competencia frente a entidades procedentes de Estados que no contarían con esa regulación retributiva:
“La patronal bancaria británica (BBA, por sus siglas inglesas) ha hecho un llamamiento al Gobierno británico exigiendo que no se den nuevos pasos regulatorios, hasta que salga un compromiso internacional de la próxima reunión del G-20 en Pittsburgh (EEUU) que homogeneice la legislación y evite agravios comparativos entre marcos regulatorios nacionales.
De esta forma, los banqueros locales quieren evitar que la City se convierta en un terreno de juego idóneo para las entidades extranjeras, mientras ellos sufren un corsé normativo más severo. O que incluso, centros como París o Zurich desplacen a Londres como centro de negocios financieros en Europa.
El responsable económico del Ejecutivo laborista, Alistair Darling, respaldó el pasado miércoles la petición de la BBA, emplazando a un reunión en septiembre a los ministros de Economía del G-20. No obstante, hay quien piensa que con una popularidad a la baja y uno de cada cuatro jóvenes en paro, la tentación para el primer ministro Gordon Brown de ceder al descontento social y asestar un golpe a los “codiciosos” banqueros es muy grande”.
No hace falta que reitere mi postura en contra de una regulación de la retribución bancaria que se adentre en los aspectos materiales de la misma. El papel de la norma es establecer reglas informativas y de aprobación que eviten conflictos de interés y que aseguren la primacía de los accionistas. Dicho lo cual, no puedo dejar de subrayar la debilidad del argumento competitivo basado en la disparidad regulatoria, sobre todo si lo esgrimen entidades que han sobrevivido sobre la base de ingentes ayudas públicas.
25 de agosto de 2009.
La prioridad de Sarkozy. Llega la fecha de la reunión anunciada entre el Presidente francés y los representantes de los principales bancos franceses. Es uno de los asuntos que el Presidente ha incluido como prioritarios en su agenda post vacacional. Se trata de una iniciativa que arranca de la trascendencia política que han cobrado las retribuciones variables en el sector financiero francés, en relación con la situación económica de ese país y, en especial, con las restricciones crediticias aplicadas por los propios bancos. En la noticia que hoy incluye El Mundo (crónica desde París de Marta Guzmán) aparecen los argumentos preparatorios de ambas partes. La mayoría de ellos son comunes al planteamiento de la cuestión en otros Estados: adaptación a criterios de moderación convenidos internacionalmente, en especial en el seno del G-20; posibles límites máximos; intervención normativa; discriminación de bancos rescatados a la hora de establecer esta modalidad retributiva, etc. La nota singular francesa la constituye el código de buena conducta que se aprobó en febrero de 2009. Habrá que prestar atención al desenlace.
26 de agosto de 2009.
Una propuesta francesa pionera: abordemos los bonus, pero también los malus. Consulto el diario Les Echos para conocer el desenlace de la reunión del Presidente Sarkozy con los representantes bancarios. Francia abre una nueva etapa, al imponer en el sector financiero reglas que atenúan el uso de bonus como parte de la retribución. No he encontrado una referencia a si se va a tratar de una nueva legislación o de normas de conducta, pero de la lectura de la noticia se desprende un evidente criterio de imperatividad y generalidad en el acogimiento de las nuevas reglas. Básicamente, se establece un calendario de retribución más dilatado, de manera que los pagos vinculados a los (buenos) resultados de un ejercicio se efectuarán escalonadamente en los tres o cuatro ejercicios siguientes. La mayor novedad es el sistema que debe considerar los malos resultados a la hora de condicionar de la retribución pendiente. Se establecen deberes de información ad hoc y, en lo que resulta la medida más llamativa, se encomienda a Michel Camdessus un estrecho “marcaje” a las retribuciones satisfechas a la élite e cada entidad (los 100 traders mejor pagados). Parece advertirse una influencia de la medida norteamericana de contar con una persona de prestigio encargada específicamente de supervisar las concretas retribuciones. Del payment czar Feinberg, al guardián Camdessus.
Lo más relevante es que se trata de una política que apunta más allá del mercado francés: lo que anima al Gobierno galo es que su “modelo de rigor” sea acogido en una próxima reunión del G-20.
Para ello, según informa Cinco Días, Francia contará con el apoyo alemán, según anunció la Canciller Merkel:
“La propia Angela Merkel ha afirmado que "los 'bonus' serán un asunto central, porque es molesto que algunos bancos siguen haciendo las cosas casi exactamente igual que antes". "Esto promueve el riesgo. Es por eso que tenemos que pensar como podemos intervenir y poner límites.
El ministro alemán de Finanzas, Peer Steinbrück, informó hoy en Berlín de que ha acordado con su colega francesa, Christine Lagarde, llevar este asunto al plano internacional ante el creciente número de casos de bancos que vuelven a recompensar a sus directivos con bonificaciones "exorbitantes".
Steinbrück aseguró que Alemania siente "gran simpatía" por los planes presentados ayer por Francia en relación con las primas a los ejecutivos”.
27 de agosto de 2009.
La postura española. El Economista informa hoy de que el Gobierno español está preparando un documento para su presentación en las próximas reuniones preparatorias de la siguiente sesión del G-20. Es una iniciativa que aún no se ha perfilado, pero que enlaza con los pasos dados por los Gobiernos francés y alemán. Informa Ruth Ugalde:
“En silencio, sin enarbolar la bandera de protagonismo que se ha agenciado el presidente francés, Nicolás Sarkozy, el Gobierno español lleva semanas trabajando en un documento que quiere presentar en la reunión preparatoria del G20, que mantendrán los ministros de Economía de la UE la próxima semana, con su propuesta sobre cómo debe abordarse la polémica por las disparadas retribuciones de algunas entidades financieras.
En ellas, según fuentes próximas a Moncloa consultadas por elEconomista, la postura inicial de la cartera dirigida por Elena Salgado se inclina a favor de limitar los sueldos de los bancos o cajas que recurran a ayudas públicas. Esta filosofía de actuación tampoco es una sorpresa y, de hecho, era la defendida por el anterior titular de Economía, Pedro Solbes.
No obstante, desde el Ministerio descartan hablar de una postura oficial e insisten en que todavía no está cerrada la documentación que llevará Elena Salgado a la sesión preparatoria de la próxima semana. Otras fuentes, sin embargo, señalan que se está trabajando en esta línea, aunque reconocen que el Gobierno español está abierto a consensuar una postura europea, que permita delimitar unas líneas generales de actuación en todos los países miembros. De ahí que este primer documento sea, en cierto modo, un borrador que tomará más forma con las ideas que surjan en el debate de la sesión preparatoria del G20”.
Esta y las precedentes referencias no pretenden más que servir como crónica estival de referencias al problema retributivo, no puedo extenderme en las objeciones importantes que merecen las medidas francesas. Pero con carácter previo a su análisis específico, creo fundamental recordar que son medidas surgidas a partir de la particular crisis de determinados bancos franceses, en el marco de la situación política económica francesa y como reacción al anuncio de ciertos bancos franceses de un próximo reparto de generosos bonus, que provocó un nuevo episodio de “cólera social” en la opinión pública del país vecino. Similar cautela cabría hacer con respecto a las iniciativas alemanas. Dicho lo cual, ahora resulta que esas medidas nacionales se quieren internacionalizar. Armonizar las normas tiene sentido ante situaciones parejas. Ante esa armonización que se anuncia con vistas al G-20, el Gobierno español debe tener presente que los problemas del sistema bancario español distan mucho de los de esos Estados europeos y que no existe un capítulo ni de rescates, ni de abusos retributivos generalizados entre los bancos españoles. Es difícil consensuar medidas internacionales que carecen de una justificación en algunos de los Estados a los que se invita a aplicarlas.
28 de agosto de 2009.
Una noticia sobre el impago del bonus. La prensa económica de hoy recoge una noticia de contenido normal, pero cuyo interés parece estar en ir contra corriente. Frente a las repetidas informaciones sobre el pago de los bonus, aparece una cuyo presupuesto es que un banco (el alemán Dresdner Kleinwort) ha sido demandado por ejecutivos a los que no pagó los bonus convenidos. Informa Cinco Días en los términos siguientes:
“Los ex miembros del comité ejecutivo de Dresdner Kleinwort John McIntyre, Bertrand Pinel y Alberto Piedra reclaman que el banco y su matriz alemana, Commerzbank, les paguen casi 11 millones de euros (US$15,7 millones), según las demandas individuales entabladas en Londres.
Commerzbank, que obtuvo del Gobierno alemán 18.200 millones de euros en capital, retuvo los sobresueldos y las indemnizaciones por despido de los empleados de Dresdner tras la toma de control del banco en enero. Por lo menos cuatro ex directivos de Dresdner ganaron las demandas en Londres, y otros casos se resolvieron extrajudicialmente.
Dadas las enormes pérdidas de Dresdner Kleinwort el año pasado, Commerzbank se opuso a las reclamaciones de sobresueldos e indemnizaciones del equipo de gestión de Dresdner Kleinwort", dijo en un comunicado Commerzbank, con sede en Fráncfort. "Seguimos disputando esos compromisos heredados sin cláusula de restitución y no tenemos más que comentar".
Es un caso paradigmático del problema bonus/malus. Unos directivos que alegan algo tan elemental como que pacta sunt servanda y una dirección del banco que opone que pagar esos bonus resulta difícil tras haber recibido (el banco matriz) ingentes recursos públicos.
2 de septiembre de 2009.
El Reino Unido también opta por la solución más severa. Así como durante el mes de Agosto, Francia y Alemania anunciaron una posición orientada a limitar la retribución en el sector financiero, leo hoy en El Economista unas declaraciones en similar sentido del primer Ministro británico Gordon Brown. La noticia se remite a la entrevista concedida al Financial Times y cuando leo en éste la entrevista pues se encuentran algunos argumentos adicionales que en definitiva, permiten vislumbrar que en la próxima Cumbre del G-20 se van a poner los fundamentos para lo que podríamos llamar una disciplina internacional en esta materia. Se ha planteado de forma repetida en algunos mercados financieros el factor de distorsión de la competencia que pudiera significar el que hubiera limitaciones a la retribución de los gestores bancarios y en otros no teniendo en cuenta que las entidades sometidas a unos y otros operan en directa competencia en los respectivos mercados. En definitiva, una vez más, la solución va a pasar por limitar por igual las retribuciones en todos los principales ordenamientos europeos y norteamericanos. La solución, de nuevo, consiste en el “café para todos”.
2 de septiembre de 2009.
Pagan justos por pecadores. En la edición de hoy del New York Times se pone de manifiesto hasta qué punto las consecuencias derivadas del rescate empresarial aprobado por el gobierno norteamericano pueden tener efectos contradictorios. Se trata en este caso de la gestión del fondo de pensiones de la General Motors, gran fabricante de automóviles y que además de una situación concursal, se ve condicionada en su futura supervivencia por las ayudas públicas que condicionan a su vez la gestión. Lo que cuenta hoy el New York Times es la irrupción que puede llevar a cabo el llamado “Zar” de los pagos a ejecutivos nombrado por el Tesoro Americano, sobre la retribución de los gestores del fondo de pensiones de General Motors. El interés de la noticia radica en que así como podrán alegar muchos que la gestión de la compañía automovilística merecía ser cuestionada y que por ello ha acabado en el Tribunal de Quiebras correspondiente la General Motors en busca de una salida que va a afectar notablemente su capacidad y estructura, los gestores del fondo de pensiones de la compañía habían llevado a cabo una labor que es valorada de una forma muy positiva. De tal manera que se señala que se ha asistido a una gestión exitosa y basada en una inversión tremendamente prudente de la que se han beneficiado todos los trabajadores de General Motors. Sin embargo, nos podemos encontrar con que las limitaciones derivadas del hecho de que General Motors es una de las compañías afectadas por la legislación de rescate empresarial americano terminen afectando también a quienes han sido unos buenos gestores.
3 de septiembre de 2009.
La severa posición europea. El diario El Mundo incluye en su edición de hoy una amplia cobertura de la postura adoptada en el ECOFIN en contra de “la cultura de los bonus”. Es una postura que se quiere proyectar hacia la reunión del G-20 a celebrar a fin de mes y que en buena medida evidencia la trascendencia política de este asunto. Han sido varios los Gobiernos europeos que consideran que las respectivas opiniones públicas de sus países reclamaban una actuación explícita en esta materia. Baste con subrayar la referencia que la crónica de El Mundo hace a la situación alemana:
“<
La germana se presenta a la reelección el 27 de septiembre y su actuación en Pittsburgh el 24 y 25 del mismo mes se convertirá en parte de su campaña, por lo que no dudará en llevar a EEUU su ofensiva contra las compensaciones del sector financiero.
La legislación alemana a este respecto, que entrará en vigor en 2010, es probablemente la más estricta conocida hasta ahora y obliga a devolver los bonus en caso de que los beneficios de una operación hayan sido altos, pero la estrategia se demuestre arriesgada en el medio plazo”.
En esta estrategia subyace también una pretensión informativa destinada a agigantar el papel de los bancos y de sus gestores en la crisis financiera, dejando en un segundo plano la actuación de otros protagonistas de los sistemas financieros. Sin embargo, la propia realidad se encarga de recordar que algunas cosas sucedidas en estos últimos años sólo se explican por fallos regulatorios y de supervisión. Junto a la crónica de la compaña contra los bonus, El Mundo incluye una noticia con el siguiente título: “El regulador de Wall Street admite su <
4 de septiembre de 2009.
Bonus: necesitamos reglas. Es el título de la carta que aparece publicada hoy en El País por varios responsables económicos europeos, entre ellos, nuestra Vicepresidenta económica Elena Salgado. El contenido de esa declaración es una explicación de la postura adoptada en el ECOFIN y de la que los firmantes pretenden presentar en la reunión preparatoria del G-20 que se celebra hoy en Londres. Desde la perspectiva española llama la atención que muchas de las premisas de las que parte esa declaración no se han producido en nuestro sistema financiero.
5 de septiembre de 2009.
La prudencia de los banqueros españoles. La actuación de los bancos españoles parece inteligente, por prudente. Tal y como recoge hoy El Economista, en el ejercicio 2009 se produce una sensible reducción en la retribución de los consejeros y ejecutivos de los bancos españoles. Es una reducción que alcanza también a los bonus y que afecta a todo tipo de bancos.
La medida es inteligente, porque se adopta de forma voluntaria, lo que supone una reivindicación de la libertad empresarial correctamente ejercitada. Los bancos son empresas que no ignoran la situación económica en la que actúan –cuentan con la mejor información posible- y es prudente que ajusten su comportamiento a los malos momentos. Esa iniciativa sirve además para debilitar el argumento conforme al que sólo una intervención regulatoria puede provocar una atenuación de las retribuciones en el sector financiero.
Convendrá recordar que ninguno de los bancos españoles ha recibido hasta la fecha ayudas públicas directas, lo que es también un factor que juega a su favor en un marco en donde el debate contrapone la paradoja que implica que bancos rescatados con fondos públicos, destinen parte de éstos a la retribución de sus directivos. La cuestión cambiará en España si, como se viene apuntando y recuerda la noticia, el FROB extiende su actuación sobre diversas cajas de ahorros:
“Los planes de los diferentes bancos obedecen, en parte, a las recomendaciones realizadas por el Banco de España sobre la contención de los gastos para mejorar la eficiencia operativa, entre los que destacan el cierre de sucursales. Además, responde a los llamamientos del Gobierno pidiendo prudencia en las retribuciones del sector en un momento en que las familias no llegan a fin de mes y las filas de paro cada vez son más excesivas.
El aumento de los sueldos millonarios supondría una mala imagen para el sector, sobre todo después de que el Ejecutivo haya puesto a su disposición hasta 99.000 millones. Aunque, hasta ahora, es para las cajas de ahorros.”
7 de septiembre de 2009.
EE.UU. y Europa discrepan. Es lo que informa hoy Expansión, como resultado de la reunión de los Ministros de Finanzas del G-20 en Londres. La presión europea para convertir la limitación de los bonus en un acuerdo estrella ha topado con la posición norteamericana que entiende “que sería impracticable y supondría un intervencionismo excesivo en las entidades privadas”. Por lo que se refiere a la posición española, la Vicepresidenta restó importancia a esa falta de acuerdo, en mi opinión con argumentos acertados a la vista de la experiencia española:
“La representante española, la vicepresidenta económica Elena Salgado, restó importancia a la falta de consenso sobre los salarios. "Los ciudadanos españoles no perciben el problema de los bonus con la misma intensidad que otros países que han sufrido más la crisis financiera", dijo Salgado. Además, afirmó que el Banco de España ya analiza la política de remuneración de los bancos cuando supervisa su salud financiera”.
7 de septiembre de 2009.
Cierre de la crónica. Hasta aquí la relación de noticias sobre la cuestión de la retribución. La he ido haciendo día tras día y sin ningún afán exhaustivo. Probablemente podría haber redactado más de un centenar de entradas sobre el tema. Cuando se revisan en conjunto surge la duda de si, en efecto, la información se correspondía con la vigencia y actualidad del problema o si, sin ignorar esa realidad, mucho de lo que se ha publicado guardaba relación con las iniciativas que se querían plantear y adoptar en septiembre.
Madrid, 8 de septiembre de 2009.
1 de agosto de 2009.
Una retribución obligada, pero polémica. Incluye The New York Times una noticia sobre los problemas que implica el pago de nada menos que 100 millones de dólares al responsable de una firma (Phibro LLC) dedicada al comercio de commodities, en especial de petróleo. No se discute la pertinencia y legalidad del citado pago a favor de Andrew J. Hall (principal responsable de Phibro), salvo que el obligado a hacerlo es Citigroup, destinataria de generosas aportaciones del Tesoro norteamericano. En inglés esas aportaciones revisten un perfil distinto cuando se señala que constituyen una ayuda de los contribuyentes (taxpayer aid). Frente a la terminología implantada entre nosotros que resalta el carácter de ayudas públicas o aprobadas por el Gobierno, la política estadounidense apunta al real problema de fondo: que son los impuestos recaudados entre los contribuyentes los que se destinan al reflotamiento de determinadas empresas. El origen de esos fondos cobra singular relevancia, en el caso español, si tenemos presente que el FROB se nutre de dotaciones presupuestarias específicas, a diferencia de los Fondos de Garantía de Depósitos que en su mayor parte contaban con las aportaciones de las entidades asociadas a cada uno de ellos. Es esa utilización de recursos públicos la que –volviendo a la noticia del New York Times- explica su título (“$100 Million Payday Poses Problem for Pay Czar”), al apuntar que se trata de un problema político, pues al fin y al cabo, ese pago cae también dentro de las competencias del responsable que el Departamento del Tesoro designó a la hora de autorizar ese tipo de pagos.
