He repetido en varios lugares que el
Derecho de sociedades presenta a veces como problemas nuevos situaciones ya
vividas de forma reiterada en el pasado. Es lo que sucede en el caso del
llamado “greenmail”, cuya irrupción
se produjo en la década de los ochenta del siglo pasado con la aparición de
algunos de los grandes inversores hostiles que, tras adquirir participaciones
significativas en el capital de las principales compañías estadounidenses,
amenazaban con el lanzamiento de una oferta pública de adquisición. La
inestabilidad o la inseguridad que la llegada de ese accionista suponía para los grupos de control
y, en particular, para los administradores, provocaba con frecuencia que se
alcanzara un acuerdo: el accionista conflictivo veía como la sociedad compraba su
participación con una importante prima.