Investigando a las agencias de rating

Una de las consecuencias tan previsibles como lógicas de toda crisis financiera o empresarial es intentar explicar sus causas. Investigar no sólo lo que pasó, sino sus causas es un deber elemental con vista a prevenir futuras crisis. Este suele ser el punto de partida de muchas investigaciones parlamentaras, que en no pocas ocasiones llaman la atención por el interés que ponen no tanto en determinar quiénes son los responsables de una crisis, sino en afirmar quiénes no lo son. Un esfuerzo estéril en crisis como la actual que tienen causas complejas, de origen diverso, pero que comprenden tanto malas prácticas de empresas e inversores como fallos supervisores relevantes. La revisión del pasado es aún más importante cuando, como sucede en Estados Unidos, debe servir para diseñar la nueva planta de la ordenación de un sistema financiero en entredicho ante la extensión de la crisis y la dimensión de las medidas aplicadas para su rescate, sin olvidar las sucesivas sacudidas procesales que implican acciones como las que anunció la pasada semana la Securities and Exchange Commission contra Goldman Sachs. De forma que quien tenga interés en ese debate encontrara periódicas referencias a sesiones parlamentarias en las que Comités o Subcomités inquieren a protagonistas del sistema financiero sobre lo sucedido y sobre las futuras medidas. Este sábado reaparecían en las páginas de The New York Times a unas viejas conocidas: las agencias de rating.

El origen de la noticia está en la reciente comparecencia ante el Senado de los representantes de algunas agencias, aunque la crónica parece criticar que pasara desapercibido un aspecto esencial de la relación entre esas entidades y los bancos de inversión. La crónica titulada Rating Agency Data Aided Wall Street in Mortgage Deals indica:

“The major credit rating agencies, Moody’s, Standard & Poor’s and Fitch, drew renewed criticism on Friday on Capitol Hill for failing to warn of the dangers posed by complex investments like the one that has drawn Goldman Sachs into a legal whirlwind.

But while the agencies have come under fire before, the extent to which they collaborated with Wall Street banks has drawn less notice.”

Lo que pone de manifiesto la información son dos vinculaciones. La primera se refiere a los criterios de valoración. Ante los reproches que las agencias venían soportando sobre la opacidad de los fundamentos y técnicas conforme a los que se concedía la valoración o rating a las emisiones analizadas, optaron por un ejercicio de transparencia. Éste habría sido aprovechado por los bancos de inversión para diseñar sus emisiones de manera que, conforme a los procedimientos “desvelados”, éstas estuvieran llamadas a merecer las más altas calificaciones. La segunda relación es subjetiva y pasaría por la contratación de directivos de las agencias por parte de los bancos de inversión.

No parece que ninguno de ambos hechos merezca un especial reproche. El primero consiste en un ejercicio de publicidad que, en sí mismo, no debe ser criticado. Antes al contrario. Cuestión distinta es la consistencia de esos criterios o procedimientos, que parece obvio que no resultaban fiables si su simple extrapolación al diseño de la emisión permitía revestir de solvencia valores que no lo merecían. En cuanto a lo segundo, es una norma habitual la de que las entidades supervisadas o analizadas atraigan a quienes han desarrollado esa función. Sucede con las agencias de rating o con las autoridades supervisoras. Las cautelas en este caso se orientan hacia el régimen de incompatibilidades y a que la posible contratación del analista o supervisor no condicione su trabajo.

Sin duda, las situaciones descritas deben integrar el objeto de la futura y más rigurosa supervisión de las agencias de rating, pero no constituyen una explicación de las razones que hicieron posible que algunas emisiones del mejor papel mojado merecieran la más alta calificación.

Madrid, 24 de abril de 2010