Una serie de demandas han llevado al Tribunal Supremo de EEUU a tener que abordar la cuestión de los derechos constitucionales de las sociedades. Así lo relataba una interesante crónica de Adam Liptak, publicada en The New York Times, bajo el título: “Supreme Court Takes Cases on Corporate Rights”. Allí se comentaba la expectación que acompaña las decisiones venideras del Tribunal, después del impacto que tuvo su sentencia del pasado mes de enero en el caso Citizens United v Federal Election Commission, del que traté en una precedente entrada. Por cierto, que esa Sentencia y algunas otras prácticas que favorecen la financiación de campañas para la nominación a puestos judiciales relevantes ha sido vista como una amenaza para la independencia de los jueces. Transcribo parcialmente el texto del editorial de The New York Times del mismo día 29 de septiembre de 2010, titulado “Fair Courts in the Cross-Fire”, en el que señala:
“The exact impact of January’s ruling by the United States Supreme Court allowing free corporate and union spending in political campaigns, including judicial races, will not be known for some time. But the notorious ruling seems destined to further drive up independent expenditures on behalf of judicial candidates and exacerbate conflicts of interest on the bench”.
Algunos de los casos ahora pendientes son ciertamente llamativos. Así se cita el caso Boeing Company v United States, en el que se discuten las pretensiones de quienes alegan haber sido trasladados a terceros países –por una compañía filial de Boeing que fletaba los vuelos por cuenta de la CIA- y allí torturados. En el marco de los procedimientos previos y que han desembocado ante el Tribunal Supremo, el Estado norteamericano habría invocado el denominado state secrets privilege, que permite al Gobierno poner fin a un procedimiento invocando el privilegio de la “Seguridad Nacional”. Tal principio ha sido utilizado en otro procedimiento, acumulado al anteriormente citado, en el que se reprocha a la Administración que la falta de cumplimiento de un contrato de construcción de un avión militar fue debida a la incapacidad del Gobierno de compartir información clasificada.
El Gobierno estadounidense rechazó esa alegación –sin necesidad de explicitar su posición- e invocó el mencionado privilegio o excepción. Su vigente formulación se indica en el citado artículo que se remonta al año 1953 (United States v Reynolds), cuando el Tribunal Supremo admitió el principio, pero matizando que siempre que el Gobierno fuera el demandado. En aquél caso se subrayó el absurdo que supondría que el Estado promoviera una acción penal y luego invocara el principio del secreto para privar al acusado de medios de prueba que pudieran ser relevantes en su defensa.
Otro caso reseñable y que explica con claridad la información reseñada aborda el reconocimiento a favor de una sociedad del derecho a la intimidad o “personal privacy”. Quien pretende su vigencia es ATT, que se enfrenta a la Federal Communications Commission. Esta autoridad investigó a partir de denuncias sobre precios de suministros a escuelas. Los documentos que la compañía entregó al supervisor en el curso de la investigación han sido reclamados por una asociación de competidores de ATT, sobre la base del derecho a la libertad de información. ATT opuso que una exhibición o comunicación de esa documentación, implicaba una invasión de su intimidad personal, posición que mereció el amparo del Tribunal de Filadelfia, que reconoció que el concepto de persona a quien reconocer el derecho a la intimidad personal comprendía a las sociedades. Fue el Abogado general el que llevó el caso al Tribunal Supremo, coincidiendo además que quien entonces ocupaba aquél cargo –la ex Decana de la Harvard Law School, Elena Kagan-, ocupa desde agosto de 2010 una plaza en el Tribunal.
Madrid, 5 de octubre de 2010
