Vuelvo sobre la reciente entrada que titulé EE.UU.: Sentencia sobre los derechos y las libertades constitucionales de las sociedades en la que me hice eco de la Sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU en el caso Citizens United v. Federal Election Commission que abolía los límites a la posible financiación empresarial (a favor o en contra) de determinadas campañas políticas. El impacto de esta decisión se mide en los centenares de referencias que en internet pueden leerse sobre lo que supone esta doctrina, que ha merecido repetidas y abiertas críticas del propio Presidente Obama. Por todas, recomiendo la lectura de la crónica de The Washington Post sobre el discurso presidencial acerca del Estado de la Unión, con una crítica directa a la posición del Tribunal Supremo, que transcribo:
"With all due deference to separation of powers, last week the Supreme Court reversed a century of law that, I believe, will open the floodgates for special interests, including foreign corporations, to spend without limit in our elections," Obama said.
"I don't think American elections should be bankrolled by America's most powerful interests or, worse, by foreign entities. They should be decided by the American people. And I urge Democrats and Republicans to pass a bill that helps correct some of these problems."
Uno de los Magistrados del Tribunal Supremo, que asistían al discurso en lugar preferente, negó lacónicamente la afirmación presidencial:
“The justices, in the front and second rows of the House chamber, sat motionless and expressionless. Except for Alito.
"Not true, not true," he appeared to say (other lip readers think he said, "That's not true") as he shook his head and furrowed his brow. It is unclear what part of Obama's statement he was objecting to, although he started shaking his head after the president said "special interests."
Quien tenga interés en la incidencia constitucional de esa Sentencia puede acudir a la página web de la Harvard Law School titulada Citizens United: Faculty roundup, en la que encontrará autorizadas opiniones y materiales al respecto.
A través de ella he llegado al artículo que publicó el Profesor Mark Roe en Financial Times, con un título expresivo de su opinión: More corporate lobbying is bad business. Su tesis me parece interesante y se proyecta en una doble dirección. La supervisión de límites financieros a favor de empresas y otros actores económicos (p.e., sindicatos) puede tener efectos anticompetitivos. Puede impulsar campañas que obstaculicen la llegada de nuevos actores y fomentar medidas públicas que beneficien a las empresas ineficientes (la cita del sector del automóvil y las ayudas que se le han concedido resulta previsible).
La segunda crítica se dirige a los efectos de la nueva Sentencia sobre el poder de los administradores ejecutivos, debilitando las tendencias a favor de un mayor protagonismo de los accionistas.
Madrid, 2 de febrero de 2010
