“The Commission was established as part of the Fraud Enforcement and Recovery Act (Public Law 111-21) passed by Congress and signed by the President in May 2009. This independent, 10-member panel was composed of private citizens with experience in areas such as housing, economics, finance, market regulation, banking and consumer protection. Six members of the Commission were appointed by the Democratic leadership of Congress and four by the Republican leadership”.
El Informe es amplísimo (su parte principal se extiende a lo largo de más de 550 páginas) y recoge un trabajo ingente desarrollado a lo largo de un año y medio, en el que se practicaron las actuaciones que se detallan en el prólogo:
“In the course of its research and investigation, the Commission reviewed millions of pages of documents, interviewed more than 700 witnesses, and held 19 days of public hearings in New York, Washington, D.C., and communities across the country that were hard hit by the crisis. The Commission also drew from a large body of existing work about the crisis developed by congressional committees, government agencies, academics, journalists, legal investigators, and many others”.
El Informe puede descargarse en su versión íntegra de manera gratuita en la página web creada a tal efecto. Quien quiera tener una visión de su contenido quizás prefiera acudir al índice que refleja la descripción histórica de cómo se fue gestando y manifestando esa crisis financiera y las distintas recomendaciones.
Las conclusiones de dicho Informe son especialmente importantes y por ello me permitiré transcribir sus enunciados, que son objeto de una sumaria explicación en el correspondiente apartado del Informe:
“• We conclude this financial crisis was avoidable.
• We conclude widespread failures in financial regulation and supervision proved devastating to the stability of the nation’s financial markets.
• We conclude dramatic failures of corporate governance and risk management at many systemically important financial institutions were a key cause of this crisis.
•We conclude a combination of excessive borrowing, risky investments, and lack of transparency put the financial system on a collision course with crisis.
•We conclude the government was ill prepared for the crisis, and its inconsistent response added to the uncertainty and panic in the financial markets.
• We conclude there was a systemic breakdown in accountability and ethics.
•We conclude collapsing mortgage-lending standards and the mortgage securitization pipeline lit and spread the flame of contagion and crisis.
•We conclude over-the-counter derivatives contributed significantly to this crisis.
•We conclude the failures of credit rating agencies were essential cogs in the wheel of financial destruction”.
Cualquiera de esas conclusiones va a continuar exigiendo una reflexión e investigación adicional. Todas apuntan a aspectos esenciales en el funcionamiento de las instituciones y mercados financieros de EEUU.
El Informe no va a estar exento de polémica. Para empezar, de sus 10 integrantes, tan sólo 6 lo han aprobado (los designados por la mayoría demócrata) y los otros 4 comisionados (de designación republicana) han firmado opiniones discrepantes, que se pueden consultar igualmente en la web de la FCIC. La compartida por Thomas, Henessey y Holtz-Eakin la explicaban por medio de un artículo publicado en The Wall Street Journal:
“We believe the crisis was the product of 10 factors. Only when taken together can they offer a sufficient explanation of what happened”.
La opinión discrepante del Comisionado Wallison se extiende a lo largo de casi 100 páginas y no ahorra severas críticas al enfoque que adoptó la mayoría en la elaboración del Informe.
Ese es el principal problema que plantea la presentación del Informe: que ha reproducido un estricto alineamiento de los comisionados con los partidos que apoyaron sus respectivos nombramientos. Esto abona la percepción de que el estudio de un tema de este calado no se ha podido o sabido distraer de las respectivas posiciones políticas, que hacen que la indagación no busque tanto determinar lo que sucedió, sino intentar que el resultado de investigaciones prolongadas y costosas confirme la tesis que mantenía tal o cual partido antes de su inicio y que pretende proyectar hacia el futuro. La consecuencia de ese alineamiento de los comisionados es, claro está, que un largo y profundo trabajo de investigación se ve globalmente desacreditado por unos y otros y, lo que resulta más trascendente, que cualquier actuación posterior en el plano normativo o supervisor sobre la base de esas conclusiones nazca viciado por esa discusión. No extraña, por tanto, que algunas reacciones se produzcan de inmediato al plantear la continuación del debate en torno a la cuestión fundamental, que planteaba ayer en sus páginas de opinión The New York Times: Was the Financial Crisis Avoidable?
Es manifiesto que determinar si la crisis del sistema financiero estadounidense resultó o no previsible cobra una relevancia extraordinaria, para empezar por lo que la respuesta implica desde la perspectiva política, en cuanto pueda abrir o cerrar la puerta a revisar la actuación de quienes tenían la capacidad de reaccionar ante esa previsible crisis. En la web del citado diario se reproducen distintas columnas que reproducen las opiniones divergentes expresadas en el seno de la FCIC y que sirven de base sobre la que se pronuncian sus lectores y que acreditan que el debate sigue en plena efervescencia. También The Wall Street Journal agrupa en uno de sus blogs y bajo el título Academics on What Caused the Financial Crisis las opiniones de distintos profesores universitarios sobre el tema.
El futuro de la regulación bancaria de Estados Unidos pasa ahora por la aplicación de la llamada “Ley Dodd-Frank”, aprobada en julio de 2010 y sobre cuyo contenido ilustraba con precisión la nota elaborada por BBVA Research. El desarrollo de esa Ley concentra ahora los esfuerzos normativos y la atención de todos los interesados en la regulación financiera. Al respecto debo recomendar la lectura de la opinión del Profesor de la Harvard Law School, Hal Scott, en su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes el pasado 26 de enero de 2011.
Madrid, 2 de febrero de 2011