En una entrada próxima a su aprobación di noticia del Real Decreto 771/2011, de 3 de junio (que se vio completado por la Circular 3/2011, de 30 de junio del Banco de España), que ha devenido en ser conocido como el “Decreto o Ley Salgado”. En aquella normativa, se penalizaba por medio de medidas distintas las ofertas comerciales que realizaban determinadas entidades y que prometían una elevada retribución a los depósitos que captaran. Se adivinaba en aquella reforma la influencia de las quejas de numerosas entidades hacia el hecho de que fueran precisamente las instituciones crediticas saneadas por medio de ayudas públicas las que “distorsionaran” la competencia con agresivas ofertas.
La actualización del tema es meramente fáctica. Viene motivada por las sucesivas noticias de entidades diversas y alejadas de cualquier saneamiento o reestructuración, que se incorporan a “la guerra del pasivo”. A modo de ejemplo pueden consultarse las referencias a las iniciativas de Banco Sabadell y Banco Popular. Una estrategia coincidente que tiene su causa en la obtención de liquidez por las entidades, aun a riesgo de caer en el ámbito de aplicación del Decreto Salgado. Tan es así que se publicada hace unos días en Cinco Días una recopilación de las “artimañas” utilizadas por las entidades para captar liquidez. El artículo de Tatiana Nogueras comenzaba así:
“Hace meses ya desde que la guerra del pasivo volviera a estar en boca de todos. La ofensiva desatada entre los bancos por atraer liquidez ha pasado de ser una mera competencia a convertirse en una ferviente lucha. El cierre del mercado interbancario y de deuda y la escasez de liquidez de la banca han llevado a las entidades a luchar con uñas y dientes en la captación de clientes.
Sin embargo, a principios de junio el Gobierno decidió poner fin a la encarnizada batalla al aprobar un Real Decreto que penaliza los depósitos de alta remuneración. Una medida que, lejos de acotar las rentabilidades que ofrecen los bancos, solo ha conseguido echar más leña al fuego. Las entidades no temen a Salgado y no dudan en lanzar más ofensivas”.
¿Cuál será la reacción legislativa? A corto plazo puede que ninguna. A medio, habrá que replantearse el contenido del Real Decreto 771/2011 ante las prácticas comerciales generalizadas para obtener la liquidez, que no se limitan a depósitos, sino que ha dado lugar a sucesivas emisiones de pagarés.
Madrid, 23 de septiembre de 2011