En el ordenamiento europeo, la disciplina de la publicidad engañosa y de la publicidad comparativa se tradujo en la Directiva 2006/114/CE de 12 de diciembre de 2006. Esa Directiva ha sido ya objeto de una incorporación a los ordenamientos de los Estados miembros, pero en fecha reciente la Comisión Europea ha considerado que en el mercado europeo se habían generalizado prácticas que deben ser corregidas. Para ello se está analizando la adopción de medidas complementarias de la citada Directiva.
El pasado 21 de octubre de 2011, la Comisión Europea anunció la apertura de una consulta pública con respecto a la aplicación de la citada Directiva 2006/114/CE. La finalidad de esta consulta es la preparación de una Comunicación que la Comisión quiere realizar en los primeros meses del año 2012. El motivo de esta iniciativa parte de la constatación por parte de la Comisión Europea de que, así como el marco jurídico que deriva de la Directiva supone una adecuada tutela para los consumidores ante prácticas publicitarias lícitas, no sucede lo mismo con respecto a la protección de los intereses de las pequeñas empresas o, incluso, de algunas profesiones liberales. Las prácticas que deben de ser combatidas se apunta que pueden consistir en la omisión de información importante o en ofrecer información que resulte falsa o fraudulenta. En la nota de prensa difundida por la Comisión se cita un tipo de fraude que ha alcanzado una considerable difusión:
“Un fraude corriente consiste en empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios. Estas empresas remiten formularios a las empresas pidiéndoles que actualicen sus datos, supuestamente gratis. Pero una vez que la víctima haya expresado su acuerdo, se le dirá que ha firmado un contrato y que se le ha cargado una importante suma anual. Una investigación llevada a cabo por el Parlamento Europeo en 2008 documentó 13.000 denuncias sobre estafas mediante directorios de empresas, y se cree que esto es sólo la punta del iceberg. Se descubrió que habitualmente se pedía a las empresas que abonaran 1.000 euros.
El periodo de consulta termina el próximo 16 de diciembre. Las opiniones y respuestas recibidas influirán sobre la Comunicación anunciada.
Madrid, 14 de diciembre de 2011