Han sido varios los medios de comunicación que han recogido la noticia consistente en la aparente resistencia de directivos de cajas de ahorros que habrían recibido fondos públicos para su saneamiento, a la hora de permitir que se comunique al Banco de España cuáles son sus retribuciones. Junto a una noticia de Europa Press publicada en distintos medios de comunicación, Expansión recogía en su edición del sábado 24 de diciembre (p. 11), una crónica firmada por G. Martínez con el título “Los directivos de las cajas con ayudas se resisten a publicar sus sueldos”, en la que explicaba cómo una mayoría de directivos ha hecho llegar su negativa a permitir que se comunique al Banco de España la cuantía de sus retribuciones:
“Los miembros del comité de dirección de las entidades financieras que han recibido ayudas se resisten a que su sueldo se haga público. El Banco de España ha pedido a grupos como Bankia, Cívica, CatalunyaCaixa y Novacaixa-galicia que individualicen el salario de los integrantes de su cúpula ejecutiva antes del próximo 31 de diciembre. Pero el supervisor no tiene habilitación legal para requerir que los datos se hagan públicos, por lo que las entidades deben pedir permiso a los directivos para su divulgación. Los gestores pueden oponerse, amparándose en la Ley de Protección de Datos Personales. En este caso, los grupos tienen que comunicar la negativa al Banco de España”.
Asistimos a un conflicto potencial entre los intereses de los propios directivos implicados y los de la entidad. Los primeros podrán alegar que sus retribuciones forman parte de su intimidad personal, constitucionalmente protegida, y que facilitar información al respecto no resulta lícito. Es una decisión que corresponde a los titulares de ese derecho, que no puede ser ejecutada por parte de la entidad sin contar con ellos. Sin embargo, en esa posición parece existir una cierta miopía consistente en la ignorancia de los efectos negativos que la resistencia a facilitar esa información “personal” tendrá para la propia entidad, que como señala en su crónica Expansión pasará a ser vista como una entidad poco transparente o desde luego menos transparente que aquellas otras cajas que si hayan llevado a cabo una política de transparencia en este punto.
Dejando a un lado la licitud de las conductas, con respecto a los directivos de las cajas, debe mantenerse la misma idea que con relación a la retribución de los administradores. La información es fuente de legitimidad. No se entiende que los directivos de cajas que están siendo saneadas sobre la base de fondos públicos no permitan el conocimiento de su retribución. En primer lugar, por lo que supone de ignorancia de que esos salarios están sostenidos sustancialmente con fondos públicos, con lo que se debilita ya el ámbito estrictamente privado de los intereses que se dicen afectados. En segundo lugar, en la negativa a facilitar información sobre la retribución existe un cierto temor al conocimiento de lo que uno percibe y aquí es donde cualquier directivo o administrador debe de buscar su legitimidad.
La transparencia de la retribución de cualquier administrador o directivo es la fuente de su legítima aspiración a que le sea satisfecha esa retribución ante cualquier circunstancia que pueda producirse posteriormente en su relación con la entidad. Parecen desconocer voluntariamente muchos de los directivos que se niegan a facilitar esa información que siempre será mejor dar a conocer una retribución y aguantar el supuesto reproche social o informativo que ello pueda tener, que verse obligados a litigar más adelante cuando al hilo de crisis empresariales, despidos, prejubilaciones o contrataciones con otra entidad, salgan a relucir las retribuciones pactadas y con ello se generen conflictos judiciales que son mucho más lesivos para los intereses del propio directivo. Para sus intereses patrimoniales y para su prestigio.
Precisamente publicaba ayer Expansión (Finanzas & Mercados, p. 13), una noticia referida a la reacción de una caja ante las pensiones atribuidas a sus anteriores gestores:
“Caixa Penedès está dispuesta a llegar hasta el final para limpiar el nombre de la caja de ahorros y lograr recuperar parte de las millonarias pensiones que se repartieron sus antiguos gestores. El presidente provisional de la entidad, Albert Vancells, pidió ayer “disculpas a la sociedad catalana” por unos hechos que “manchan el prestigio forjado en los cien años de historia” de la caja y aseguró que el consejo se siente “traicionado””.
Reacciones similares a la transcrita carecerán de todo fundamento en aquellas entidades en las que esas retribuciones se hubieran hecho públicas y hayan contado con la oportuna aprobación o ratificación por su Asamblea.
He escrito en estos últimos meses en varias ocasiones que las cajas españolas han sufrido un daño injusto en su reputación. Los problemas e irregularidades advertidos en determinadas entidades se han utilizado como indiscriminado reproche a todo el sector. Se ha dibujado el conjunto de las cajas como una sucesión de escándalos y problemas, siendo un hecho cierto que algunas de ellas figuran entre las entidades de crédito mejor gestionadas y más saneadas. Al mismo tiempo, ha desaparecido toda distinción entre los supuestos de aportación de fondos públicos a entidades carentes de un capital mínimo suficiente como consecuencia de los abruptos cambios en los requisitos legislativos aprobados por vía de urgencia (en especial, por el Real Decreto-ley 2/2011 de reforzamiento del sistema financiero) y aquellas ayudas públicas de genuino salvamento de entidades en problemas de liquidez o solvencia.
Mas ese riesgo de descrédito generalizado lo abonarán las propias cajas si optan por respuestas globales a requerimientos de transparencia formulados a cada entidad. Esto lo digo al hilo de la lectura de la noticia de J.E. Maíllo “Pactan difundir a la vez los sueldos de las cajas” (p. 29) que incluye El Mundo en su edición impresa del día de ayer y que comienza:
“Las cajas de ahorros tratan de minimizar el daño de imagen que les va a provocar el que, por vez primera en su historia, se detallen las retribuciones de sus directivos”.
No comparto que esa publicidad implique un daño de imagen en todos los casos. Habrá gestores reputados que no tendrán ningún reparo en que se sepa lo que perciben. Habrá otros que tendrán la posibilidad, al ser los primeros que dudan, de que merecen lo que se les paga. No es razonable que se trate de confundir a los primeros y a los segundos, procediendo a una publicación general y simultánea de las retribuciones respectivas. En esta materia, las comparaciones sí suelen ser odiosas, por cuanto tratan de diluir lo relevante: las circunstancias particulares que afectan a cada entidad y a sus gestores.
Madrid, 29 de diciembre de 2011