No creo errar si señalo que son ya varias las semanas en las que se viene anunciando la aprobación de un nuevo Fondo de Restructuración y Ordenación Bancarias. Se trata de un nuevo instrumento financiero, aunque su rúbrica (sobre la que existen matices) evoca la de la Ley de Ordenación Bancaria de 1946, todavía en vigor en distintos e importantes apartados. El nuevo Fondo estará destinado de forma principal a la participación en los recursos propios de las entidades de crédito.
Los diarios del pasado fin de semana y sus suplementos económicos recogen diversas informaciones y opiniones que debieran alertarnos de la inminente aprobación de esta nueva medida. Comencemos por la lectura de la información publicada por Ana Perona en 5 Días con un expresivo título: “Arranca la reconversión bancaria en España”.
Estamos ante una forma de intervención que hasta ahora no se ha utilizado de manera sistemática en España, pero que está inspirada en los criterios normativos y de supervisión que se han aplicado en otros Estados ante sus respectivas crisis financieras. Suele decirse que las comparaciones son odiosas, pero en ciertos ámbitos, además, resultan inútiles, por confusas. No creo que estemos ante situaciones comparables, ni en cuanto a la oportunidad de la intervención ni, sobre todo, con respecto a las causas de una supuesta crisis de nuestro sistema financiero de la que se habla con excesiva ligereza. En otros Estados, la aportación de capital se ha caracterizado por un alcance general (eran excepciones las entidades que no recibían esas ayudas), por ser cualitativamente grave (los beneficiarios eran algunos de los grandes bancos locales y su recapitalización implicaba cuantías considerables), urgente (la alternativa era recapitalizar o liquidar) y, por encima de todo ello, expresaba en muchos casos una crisis sistémica. No creo que esa sea la situación de nuestro sistema financiero, aunque algunos se empeñen en abrir paso a una opinión distinta.
Las dificultades del sistema español, ante las que la reacción legislativa y presupuestaria estará justificada tienen, en mi opinión, una doble naturaleza. La primera y general es la que resulta de la amenaza de una morosidad desbocada, que afecta a un buen número de entidades que son incapaces de soportar la constante mengua de sus provisiones y que empiezan a ver amenazadas sus cuentas de resultados. Esto afecta a distintas clases de entidades, y, además, lo hace en diversa medida. La segunda y más específica es la crisis que afecta a las cajas de ahorros. A éstas se las ha convertido de manera imprudente, en principales protagonistas de la futura restructuración.
Se sitúa a las cajas ante una suerte de crisis común a todas ellas, lo que puede servir como excusa de la política legislativa venidera, pero con apoyo en un argumento imprudente e injusto. No puede extrañar que esos genéricos anuncios de crisis sectoriales, repercutan en una merma colectiva del crédito, como evidencia que Moody’s anuncie la simultánea rebaja del rating de 25 bancos y cajas españoles.
Al parecer, el Gobierno viene discutiendo con las principales asociaciones del sector los puntos fundamentales sobre los que se asentará el nuevo Real Decreto que servirá para configurar la estructura, funciones y actuaciones de ese nuevo Fondo. Tiempo habrá, cuando el texto de esa norma se conozca, de valorarla en sus concretos términos.
Hoy me limitaré a reseñar algunas incertidumbres que la lectura de la amplia información que anuncia la llegada de este nuevo Fondo no termina de explicar.
La primera se refiere a la propia finalidad con la que nace esa dotación patrimonial y que el propio nombre del Fondo expresa. Se trata de intervenir en el capital de bancos y en los recursos propios de cajas. Obviamente, se está apuntando a la presencia del sector público en determinadas entidades y en lo que parece razonable a partir de esa aportación de fondos: que sean los representantes del sector público quienes tomen las riendas allí donde su aportación resulte mayoritaria. Por ello resulta esencial que el Fondo establezca unos mecanismos que aseguren que la intervención es una medida proporcionada a la gravedad de la situación patrimonial de cada entidad y que es también una medida oportuna. La presencia de ese Fondo de Restructuración y Ordenación no debe servir a otro tipo de intenciones más allá de las estrictamente destinadas al resaneamiento y estabilidad de una determinada entidad. Conseguir este objetivo pasa porque sea el Banco de España el que tenga que emitir un Informe preceptivo y vinculante para los gestores del Fondo en cuanto a las decisiones adoptar. Otra solución sería que la propia gestión del Fondo esté controlada por el Banco de España, lo que asegurará que este tipo de medidas obedezcan a criterios estrictos de supervisión bancaria.
Una segunda duda parte de que este tipo de intervenciones siempre tienen una iniciación conocida, mientras que lo que parece difuminado es cómo va a terminar el proceso. Convendría aprender de la experiencia (aciertos y errores) de otros Estados, que enseña que a veces tan relevante como diseñar la entrada en el capital de una entidad es establecer las previsiones en cuanto al abandono del mismo. Esto se ha puesto de manifiesto de forma especialmente intensa en Estados Unidos, ante la rapidez con la que numerosas entidades beneficiarias de ayudas públicas han ofrecido al Tesoro la restitución de éstas, con la finalidad de liberarse del control por parte del sector público. Esa hipótesis debe de contemplarse en la regulación del Fondo y también debe estar supeditada a un criterio estrictamente técnico.
En tercer lugar –last but not least- el problema de las cajas de ahorros tiene un especial calado normativo. Cuando digo que dibujar los problemas de las cajas como un mal común a todas ellas es un argumento imprudente, lo hago porque se está insinuando que todas las cajas compartan los mismos problemas. El lenguaje económico describe esas situaciones como problemas estructurales o sistémicos.
Ante esta situación, las preguntas que hay que plantear e intentar responder son las que afectan al origen de esos problemas. Son repetidas las advertencias sobre el modelo de las cajas diseñado desde la LORCA de 1985. Se ha primado la presencia de las Administraciones Públicas y el control regional de las cajas y no se ha avanzado de forma decidida en hacer de las cajas entidades realmente competitivas. Para no extenderme, me remito a la entrada que hace algunos meses redacté a partir de la declaración de la CECA reclamando la autonomía empresarial de las cajas. La politización de estas entidades se dibuja siempre desde una perspectiva crítica y como el nudo gordiano que ha de deshacer cualquier futura reforma. Buena prueba la ofrece el artículo titulado “2.087 políticos para controlar las cajas”
Una entidad de crédito donde no existe la posibilidad de una efectiva rendición de cuentas de sus gestores más allá de la que pueda resultar de situaciones excepcionales como una intervención administrativa, tiene en su propio modelo normativo un planteamiento erróneo. Ha de abordarse si ante ese riesgo sistémico que muchos dibujan como expresión de la justificación de una generalización de las ayudas a las cajas de ahorros, procede una urgente y profunda reforma normativa. No basta con restructurar, sino que hay que reordenar, es decir, revisar las normas que han servido para diseñar un sistema que presenta deficiencias. Si las cajas están en una situación general difícil como consecuencia de su modelo de negocio y de una organización de sus mercados basada en criterios geográficos, consecuencia ambos de su definición legal, resultará difícil negar que estamos ante un problema normativo. Más allá de la aportación de grandes recursos públicos para el saneamiento de una o varias entidades, lo responsable es plantearse las medidas a adoptar para subsanar los defectos del sistema que han provocado esa situación. Sin embargo, a ese respecto abundan las informaciones que relatan que el PP y el PSOE discrepan sobre el futuro de estas entidades, lo que aleja la pronta aprobación de una reforma legal.
Nadie duda que el nuevo Fondo va a dar un respiro a muchas entidades, pero lo que sería deseable es que además de una solución coyuntural, esa relevante aportación de recursos públicos sirva para la inaplazable reforma de un modelo insatisfactorio. Puede parecer ingenuo pensar que quien ha alcanzado una posición de poder económico tan relevante como la que ofrecen muchas cajas, va a cederlo. Pero también parece no ya ingenuo, sino temerario, considerar que ante la evidencia de un colapso generalizado que obliga a una aportación ingente de recursos públicos, no haya nada que cambiar.
Madrid, 16 de junio de 2009
El blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte