En esta página y en otros blogs aparecen diversos enlaces a los E-prints que hemos publicado, gracias al respaldo de la Biblioteca de la Facultad. En una anterior entrada también me refería a cuestiones vinculadas con la edición en abierto y con la relevancia que esa forma de publicar está llamada a tener, no sólo por las ventajas que tiene para los investigadores universitarios, sino por su previsible reconocimiento legislativo, que puede llegar a imponer la edición en abierto por norma, como sucede en el Borrador de Ley de Ciencia y Tecnología que ya cité anteriormente.
Traigo esos precedentes a colación con respecto a la información publicada hoy en el suplemento Campus de El Mundo de hoy (Suplemento nº 548, pp. 1, 4 y 5). Recomiendo su lectura.
Madrid, 22 de abril de 2009
El blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte
miércoles, 22 de abril de 2009
El informe Turner sobre la crisis financiera
La Financial Services Authority (FSA) británica ha hecho público en marzo de este año el denominado Informe Turner, que toma su nombre de quien es su actual Presidente: Lord Adair Turner. El Informe se encuentra sometido actualmente a los comentarios y observaciones que las personas e instituciones interesadas consideren oportuno realizar y se corresponde con el encargo que el Presidente de la FSA recibió del Ministro de Hacienda británico en octubre del año 2008. Su objeto principal era doble: (i) la revisión de las causas de la crisis actual, sin duda una tarea difícil en sí misma por la heterogeneidad de motivos conducentes a la actual crisis financiera, que en muchos casos presentan en cada uno de los mercados circunstancias particulares. Obviamente, el análisis que lleva el Informe Turner está centrado en el sistema financiero del Reino Unido pero tomando en constante referencia la actuación en el plano internacional; (ii) la otra finalidad principal del Informe era la realización de recomendaciones sobre los cambios a introducir en la regulación y en la supervisión del sistema bancario para fortalecer su solvencia en el futuro.
El Informe es una muy interesante síntesis del cumplimiento de ese mandato, que comienza plasmando un total de veintiocho posibles actuaciones sobre los principales aspectos del régimen de la regulación financiera. Entre ellos cabe citar, a título indicativo, la composición y el nivel de recursos propios, el ejercicio de la potestad de supervisión en relación con entidades que actúan en el ámbito nacional e internacional, la garantía de depósitos, la gestión del riesgo y el gobierno corporativo de las entidades, la supervisión de las fusiones bancarias transfronterizas por parte de una nueva autoridad europea, la disciplina de las agencias de rating, las políticas retributivas de los gestores de las entidades de crédito y otras de no menor relevancia.
En sus páginas finales, el Informe realiza una serie de recomendaciones sobre cada una de las actuaciones anteriormente señaladas, llegando a proponer las concretas medidas regulatorias y el calendario de su implementación. Para ello se toma en cuenta tanto la actuación de las autoridades nacionales, como las distintas iniciativas internacionales en curso impulsadas por la Unión Europea, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, IOSCO o el G-20.
Sin perjuicio de tratarse de un Informe orientado al sistema bancario británico, su lectura es sumamente recomendable para los que quieran conocer no sólo lo que ha sucedido, sino también cuáles pueden ser las líneas futuras de actuación para superar la presente crisis financiera. La web de la FSA ofrece una amplia información complementaria de la que ya incluye el Informe Turner.
Madrid, 22 de abril de 2009
El Informe es una muy interesante síntesis del cumplimiento de ese mandato, que comienza plasmando un total de veintiocho posibles actuaciones sobre los principales aspectos del régimen de la regulación financiera. Entre ellos cabe citar, a título indicativo, la composición y el nivel de recursos propios, el ejercicio de la potestad de supervisión en relación con entidades que actúan en el ámbito nacional e internacional, la garantía de depósitos, la gestión del riesgo y el gobierno corporativo de las entidades, la supervisión de las fusiones bancarias transfronterizas por parte de una nueva autoridad europea, la disciplina de las agencias de rating, las políticas retributivas de los gestores de las entidades de crédito y otras de no menor relevancia.
En sus páginas finales, el Informe realiza una serie de recomendaciones sobre cada una de las actuaciones anteriormente señaladas, llegando a proponer las concretas medidas regulatorias y el calendario de su implementación. Para ello se toma en cuenta tanto la actuación de las autoridades nacionales, como las distintas iniciativas internacionales en curso impulsadas por la Unión Europea, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, IOSCO o el G-20.
Sin perjuicio de tratarse de un Informe orientado al sistema bancario británico, su lectura es sumamente recomendable para los que quieran conocer no sólo lo que ha sucedido, sino también cuáles pueden ser las líneas futuras de actuación para superar la presente crisis financiera. La web de la FSA ofrece una amplia información complementaria de la que ya incluye el Informe Turner.
Madrid, 22 de abril de 2009
martes, 21 de abril de 2009
Enhorabuena a Adolfo Sequeira
Nuestro compañero y Subdirector del Departamento, Adolfo Sequeira ha sido nombrado Presidente de la Junta Arbitral Nacional de Consumo. En el Sistema Arbitral de Consumo que establece la legislación vigente, la principal competencia de la Junta que Adolfo pasa a Presidir es la resolución de las reclamaciones presentadas contra resoluciones de las Juntas Arbitrales Territoriales.
Adolfo va a estar muy ocupado a partir de ahora en la defensa de los consumidores. Tenemos que desear que siga disponiendo de tiempo suficiente para la gestión de nuestro Departamento en una época en la que debemos adaptarnos a los cambios inminentes.
Madrid, 21 de abril de 2009
Adolfo va a estar muy ocupado a partir de ahora en la defensa de los consumidores. Tenemos que desear que siga disponiendo de tiempo suficiente para la gestión de nuestro Departamento en una época en la que debemos adaptarnos a los cambios inminentes.
Madrid, 21 de abril de 2009
Sobre los administradores diligentes
La producción bibliográfica de la doctrina mercantilista española es en estos momentos ingente. Se suceden nuevas revistas, publicaciones colectivas y monografías que hacen difícil su simple seguimiento. Cada semana que visito la Librería de nuestra Facultad me sorprendo con la exposición de nuevas publicaciones. Una mera reseña de algunas de ellas me convertiría en un crítico literario muy ocupado. Pero a veces llegan nuevas aportaciones que al margen de su calidad, poseen el don de su oportunidad.
Me refiero a la monografía de Luis Hernando Cebriá sobre El deber de diligente administración en el marco de los deberes de los administradores sociales. La Regla del –buen- juicio empresarial, que prologa el Profesor de la Universidad de Valencia, José Miguel Embid. Es un buen libro cuyo mérito aumenta por haber sido publicado en un momento oportuno.
En el marco de la actual crisis económica asistimos a la generalizada debacle de numerosas empresas en las que es necesario evaluar la actuación desarrollada por sus respectivos gestores. Se trata de dilucidar en qué medida la crisis padecida por los accionistas y superada en la mayoría de los casos por medio de importantes ayudas públicas y de sacrificios de grupos implicados en la empresa (trabajadores, proveedores, etc.) ha tenido en su origen una actuación correcta o no de los administradores. Es ahí donde aparece la importancia de una adecuada definición del criterio conforme al que valorar en cada caso si tal comportamiento ha sido o no diligente y, en su caso, dar paso a la exigencia de las responsabilidades que correspondan.
Cualquiera que se asome en nuestra actual Ley de Sociedades Anónimas a la delimitación de los deberes de los administradores (el marco en el que el autor lleva a cabo su exposición), comprobará cómo los deberes de fidelidad y lealtad han sido objeto de un particular desarrollo, mientras que el deber de diligente administración merece una definición manifiestamente concisa, pues sólo se mantiene la referencia a “la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal” (formulación clásica que se remonta a la precedente LSA de 1951), a la que se añadió en la reforma introducida en el año 2003 (por la llamada Ley de Transparencia), lo que podríamos describir como la diligencia informativa: los administradores diligentes tienen que preguntar para conocer lo que sucede en la empresa y lo que puede suceder. Luis Hernando lleva a cabo una pormenorizada exposición sobre en qué se traduce el alcance de ese deber de diligente administración.
Pero en la valoración de ese deber de diligencia, su libro da otro paso al plantearse la posibilidad de incorporar en la interpretación del deber de diligencia la construcción de la conocida como business judgment rule construida por la jurisprudencia estadounidense y que viene mereciendo singular consideración al hilo del movimiento del gobierno corporativo.
Una lectura que recomiendo a todos los estudiosos del Derecho de sociedades.
Madrid, 21 de abril de 2009
Me refiero a la monografía de Luis Hernando Cebriá sobre El deber de diligente administración en el marco de los deberes de los administradores sociales. La Regla del –buen- juicio empresarial, que prologa el Profesor de la Universidad de Valencia, José Miguel Embid. Es un buen libro cuyo mérito aumenta por haber sido publicado en un momento oportuno.
En el marco de la actual crisis económica asistimos a la generalizada debacle de numerosas empresas en las que es necesario evaluar la actuación desarrollada por sus respectivos gestores. Se trata de dilucidar en qué medida la crisis padecida por los accionistas y superada en la mayoría de los casos por medio de importantes ayudas públicas y de sacrificios de grupos implicados en la empresa (trabajadores, proveedores, etc.) ha tenido en su origen una actuación correcta o no de los administradores. Es ahí donde aparece la importancia de una adecuada definición del criterio conforme al que valorar en cada caso si tal comportamiento ha sido o no diligente y, en su caso, dar paso a la exigencia de las responsabilidades que correspondan.
Cualquiera que se asome en nuestra actual Ley de Sociedades Anónimas a la delimitación de los deberes de los administradores (el marco en el que el autor lleva a cabo su exposición), comprobará cómo los deberes de fidelidad y lealtad han sido objeto de un particular desarrollo, mientras que el deber de diligente administración merece una definición manifiestamente concisa, pues sólo se mantiene la referencia a “la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal” (formulación clásica que se remonta a la precedente LSA de 1951), a la que se añadió en la reforma introducida en el año 2003 (por la llamada Ley de Transparencia), lo que podríamos describir como la diligencia informativa: los administradores diligentes tienen que preguntar para conocer lo que sucede en la empresa y lo que puede suceder. Luis Hernando lleva a cabo una pormenorizada exposición sobre en qué se traduce el alcance de ese deber de diligente administración.
Pero en la valoración de ese deber de diligencia, su libro da otro paso al plantearse la posibilidad de incorporar en la interpretación del deber de diligencia la construcción de la conocida como business judgment rule construida por la jurisprudencia estadounidense y que viene mereciendo singular consideración al hilo del movimiento del gobierno corporativo.
Una lectura que recomiendo a todos los estudiosos del Derecho de sociedades.
Madrid, 21 de abril de 2009
martes, 14 de abril de 2009
La Junta General en la encrucijada
Este Blog pretende, entre otras finalidades, servir como instrumento de información sobre la actividad que se desarrolla en nuestra Facultad en relación con el estudio del Derecho mercantil. Por eso no podía dejar de recoger aquí la próxima celebración de una interesante Jornada cuyo director principal es el Profesor Fernando Rodríguez Artigas y que lleva por título Reflexiones sobre la Junta General de las sociedades de capital.
Una de las actividades más felices de nuestro Departamento de Derecho mercantil es la organización de este tipo de eventos, que sirven para contrastar la legislación vigente y la realidad a la que debe ser aplicada, invitando a participar en ese análisis a personas cualificadas del mundo jurídico, español e internacional. La Jornada está organizada conjuntamente con el Colegio Notarial de Madrid y tendrá lugar en su sede, el próximo lunes 20 de abril de 2009. Los interesados pueden acceder al programa y a la documentación en el enlace anterior.
El título de esta entrada es un plagio del de la ponencia inaugural de Fernando Rodríguez Artigas. Sirve para resaltar que estamos ante una materia que desde hace años viene reclamando una respuesta urgente, que no termina de llegar. Esta Jornada enlaza con el Seminario Complutense que nuestro Departamento celebró también en el mes de abril del año 2006, si bien entonces el debate se planteó en torno a La Junta General de las sociedades cotizadas.
Madrid, 14 de abril de 2009
Una de las actividades más felices de nuestro Departamento de Derecho mercantil es la organización de este tipo de eventos, que sirven para contrastar la legislación vigente y la realidad a la que debe ser aplicada, invitando a participar en ese análisis a personas cualificadas del mundo jurídico, español e internacional. La Jornada está organizada conjuntamente con el Colegio Notarial de Madrid y tendrá lugar en su sede, el próximo lunes 20 de abril de 2009. Los interesados pueden acceder al programa y a la documentación en el enlace anterior.
El título de esta entrada es un plagio del de la ponencia inaugural de Fernando Rodríguez Artigas. Sirve para resaltar que estamos ante una materia que desde hace años viene reclamando una respuesta urgente, que no termina de llegar. Esta Jornada enlaza con el Seminario Complutense que nuestro Departamento celebró también en el mes de abril del año 2006, si bien entonces el debate se planteó en torno a La Junta General de las sociedades cotizadas.
Madrid, 14 de abril de 2009
lunes, 13 de abril de 2009
Hacia un nuevo Derecho de sociedades de capital
Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado de 4 de abril de 2009, el texto de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.
La motivación principal de esta nueva norma es la incorporación al Derecho español de distintas normas comunitarias en materia de sociedades y en relación con ellas, la ordenación del régimen legal de las denominadas modificaciones estructurales (fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y transformación). La Ley 3/2009 se ha aprovechado para introducir cambios en distintos aspectos de la Ley de Sociedades Anónimas, siendo algunos de ellos especialmente relevantes, como cabe señalar con respecto al régimen de la autocartera. Las modificaciones de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada son menores.
Sin embargo, la importancia que queremos destacar de Ley 3/2009 radica en que anuncia una reordenación del Derecho español de sociedades de capital. Esto se explica con claridad en el apartado V del Preámbulo de la indicada Ley, en donde se subraya la conveniencia de “un esfuerzo de racionalización normativa” del ordenamiento societario, mediante una codificación o compilación de las normas aplicables a los distintos tipos de sociedades mercantiles. Conviene recordar que un primer intento al respecto estuvo constituido por la Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles que en el año 2002 se aprobó en el seno de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Aquella Propuesta no fue acogida en su globalidad, sin perjuicio de que algunas de las soluciones que contenía fueran ocasionalmente adoptadas. Parece que esa misma inspiración codificadora o compiladora recupera ahora vigencia.
La Ley 3/2009 viene a abrir un tránsito desde la actual situación de dispersión normativa hacia esa deseable codificación. Esa solución que la propia Ley califica de transitoria se recoge en su Disposición final séptima que contiene una habilitación al Gobierno cuyos términos revelan el alcance que va a tener la futura Ley de Sociedades de Capital:
“Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno.
1. Se habilita al Gobierno para que en el plazo de doce meses proceda a refundir en un único texto, y bajo el título <>, las leyes reguladoras de las sociedades de capital, regularizando, aclarando y armonizando los siguientes textos legales:
- La Sección 4ª, Título I, Libro II, del Código de Comercio de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones.
- El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
- La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
- Y el Título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a sociedades anónimas cotizadas.
2. Se autoriza al Gobierno para que dicte cuantas disposiciones sean precisas para la debida ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley”.
Lo único que resta es desear que el Gobierno cumpla el mandato en el plazo indicado. Si así fuera, se confirmará el título de esta entrada y la Ley 3/2009 habrá sido el punto de partida para una reforma completa y sistemática del Derecho aplicable a las fórmulas societarias más utilizadas en la vida económica española.
Madrid, 13 de abril de 2009
La motivación principal de esta nueva norma es la incorporación al Derecho español de distintas normas comunitarias en materia de sociedades y en relación con ellas, la ordenación del régimen legal de las denominadas modificaciones estructurales (fusión, escisión, cesión global de activo y pasivo y transformación). La Ley 3/2009 se ha aprovechado para introducir cambios en distintos aspectos de la Ley de Sociedades Anónimas, siendo algunos de ellos especialmente relevantes, como cabe señalar con respecto al régimen de la autocartera. Las modificaciones de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada son menores.
Sin embargo, la importancia que queremos destacar de Ley 3/2009 radica en que anuncia una reordenación del Derecho español de sociedades de capital. Esto se explica con claridad en el apartado V del Preámbulo de la indicada Ley, en donde se subraya la conveniencia de “un esfuerzo de racionalización normativa” del ordenamiento societario, mediante una codificación o compilación de las normas aplicables a los distintos tipos de sociedades mercantiles. Conviene recordar que un primer intento al respecto estuvo constituido por la Propuesta de Código de Sociedades Mercantiles que en el año 2002 se aprobó en el seno de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia. Aquella Propuesta no fue acogida en su globalidad, sin perjuicio de que algunas de las soluciones que contenía fueran ocasionalmente adoptadas. Parece que esa misma inspiración codificadora o compiladora recupera ahora vigencia.
La Ley 3/2009 viene a abrir un tránsito desde la actual situación de dispersión normativa hacia esa deseable codificación. Esa solución que la propia Ley califica de transitoria se recoge en su Disposición final séptima que contiene una habilitación al Gobierno cuyos términos revelan el alcance que va a tener la futura Ley de Sociedades de Capital:
“Disposición final séptima. Habilitación al Gobierno.
1. Se habilita al Gobierno para que en el plazo de doce meses proceda a refundir en un único texto, y bajo el título <
- La Sección 4ª, Título I, Libro II, del Código de Comercio de 1885, relativa a las sociedades comanditarias por acciones.
- El Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
- La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
- Y el Título X de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, relativo a sociedades anónimas cotizadas.
2. Se autoriza al Gobierno para que dicte cuantas disposiciones sean precisas para la debida ejecución y cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley”.
Lo único que resta es desear que el Gobierno cumpla el mandato en el plazo indicado. Si así fuera, se confirmará el título de esta entrada y la Ley 3/2009 habrá sido el punto de partida para una reforma completa y sistemática del Derecho aplicable a las fórmulas societarias más utilizadas en la vida económica española.
Madrid, 13 de abril de 2009
jueves, 2 de abril de 2009
Reforma concursal de urgencia
En el Boletín Oficial del Estado de 31 de marzo de 2009, se publicó el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria financiera y concursal ante la evolución de la situación económica. Es una norma con un contenido heterogéneo de la que destacaré la reforma concursal que lleva a cabo, bajo la genérica invocación y justificación de la mala evolución de la situación económica. Me parece cuestionable la visión de la norma concursal como una legislación coyuntural, que ha de modularse al ritmo que marque la situación económica en cada momento.
En la Exposición de Motivos, para justificar esta iniciativa se indica: “Con respecto a la legislación concursal, la vigente ley se dictó en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones. Sin perjuicio de que en el futuro sea necesario revisar en profundidad la legislación concursal a la luz de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis, en este momento es preciso acometer ya una serie de reformas en aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado más inconveniente. Las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales, reducir los costes de la tramitación, y mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos.
Es necesario subrayar que las medidas adoptadas, fundamentalmente en materia concursal, revisten una gran complejidad técnica, máxime cuando se trata de lograr su aplicación sin demora a múltiples procesos judiciales en curso, caracterizados por la presencia de numerosas partes procesales, y respecto de acuerdos financieros alcanzados entre las partes bajo la autonomía de su voluntad. En estas circunstancias, resulta imprescindible conjugar la necesaria seguridad jurídica, que precisan los agentes económicos para la adopción de decisiones económicas tan relevantes como las concernidas en los procesos concursales, con la necesidad de que se puedan beneficiar de inmediato de las posibilidades que se les abren con la entrada en vigor de la presente norma. Ello justifica plenamente, no sólo la utilización de la figura del Real Decreto-ley, sino también el juego de las disposiciones transitorias en él recogidas”
Son muy diversos los aspectos de la Ley Concursal que se ven afectados por las “medidas” que va introduciendo el Real Decreto-Ley 3/2009. Me permitiré destacar las que afectan a los acuerdos de refinanciación empresariales y a la calificación de los créditos en los que el acreedor cuenta con la fianza de un tercero.
Madrid, 1 de abril de 2009
En la Exposición de Motivos, para justificar esta iniciativa se indica: “Con respecto a la legislación concursal, la vigente ley se dictó en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones. Sin perjuicio de que en el futuro sea necesario revisar en profundidad la legislación concursal a la luz de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis, en este momento es preciso acometer ya una serie de reformas en aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado más inconveniente. Las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales, reducir los costes de la tramitación, y mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos.
Es necesario subrayar que las medidas adoptadas, fundamentalmente en materia concursal, revisten una gran complejidad técnica, máxime cuando se trata de lograr su aplicación sin demora a múltiples procesos judiciales en curso, caracterizados por la presencia de numerosas partes procesales, y respecto de acuerdos financieros alcanzados entre las partes bajo la autonomía de su voluntad. En estas circunstancias, resulta imprescindible conjugar la necesaria seguridad jurídica, que precisan los agentes económicos para la adopción de decisiones económicas tan relevantes como las concernidas en los procesos concursales, con la necesidad de que se puedan beneficiar de inmediato de las posibilidades que se les abren con la entrada en vigor de la presente norma. Ello justifica plenamente, no sólo la utilización de la figura del Real Decreto-ley, sino también el juego de las disposiciones transitorias en él recogidas”
Son muy diversos los aspectos de la Ley Concursal que se ven afectados por las “medidas” que va introduciendo el Real Decreto-Ley 3/2009. Me permitiré destacar las que afectan a los acuerdos de refinanciación empresariales y a la calificación de los créditos en los que el acreedor cuenta con la fianza de un tercero.
Madrid, 1 de abril de 2009
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