Hace ya algún tiempo que publiqué en la Revista de la Facultad unas breves páginas que llevaban por título La edición jurídica y el acceso abierto. Con ellas quería llamar la atención sobre lo que me parecía entonces una nueva forma de editar y publicar. Subrayaba entonces el avance que ya ofrecía la UCM a su personal docente e investigador para publicar su trabajo con la difusión que implica Internet. Esa ventaja hace años que enlaza con un movimiento internacional –el denominado open access- que facilita la disposición de un material ingente en el ámbito de las ciencias sociales y, desde luego, en el de la investigación e información jurídicas (sirva como ejemplo SSRN). Existen iniciativas internacionales con un alto grado de desarrollo a la hora de fomentar el acceso abierto en materia de Ciencia jurídica como el Open Access Law Programm. De ahí que los repositorios institucionales estén en permanente crecimiento, en su número y en su contenido, como acredita que el Archivo E-Prints complutense haya acogido durante el curso académico 2007-2008 un total de 1287 e-prints de los que 554 son tesis doctorales.
Ahora, en nuestro vecino Derecho al blog se anuncia una nueva medida que va a impulsar decisivamente esa tendencia. Dentro del Borrador de Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Tecnología se incluye una disposición que ordena que “Los investigadores cuya actividad investigadora esté financiada con fondos de los Presupuestos Generales del Estado harán pública una versión digital de la versión final de los contenidos que les hayan sido aceptados para publicación en publicaciones de investigación seriadas o periódicas, tan pronto como resulte posible, pero no más tarde de seis meses después de la fecha oficial de publicación”. Si este propósito se traduce finalmente en una norma legal, la investigación jurídica va a ver alterada su forma de difundirse. Los autores y las editoriales deberán adaptar su forma de publicar a ese mandato, de manera que, superada la fase de “embargo” posterior a la publicación de u capítulo o artículo, los trabajos deberán “colgarse” en Internet a través de un repositorio.
Lo dicho. Los tiempos, los medios y las leyes están cambiando la publicación jurídica.
Madrid, 23 de febrero de 2009