Una
de las consecuencias más visibles y dramáticas de la crisis económica la
constituye el muy notable incremento de las ejecuciones hipotecarias y, en
particular, de aquellas que afectan a particulares. Más allá del drama social
que acompaña muchos de esos procedimientos, se puso de manifiesto en algunas
sentencias de nuestros Tribunales de instancia una tendencia a favor de atenuar
los efectos que el impago de sus obligaciones o su insolvencia general
comportaban para los deudores. Una tendencia que topaba con la normativa en
vigor. De ahí que desde hace años se vengan debatiendo medidas destinadas a la
revisión del sistema legal, tanto con relación al endeudamiento e insolvencia de
particulares como a los procesos ejecutivos inherentes a la contratación
bancaria.
En
la edición del diario El País del pasado miércoles se publicaba una amplia
información de un informe por el que "Los
jueces denuncian los abusos del sistema español de desahucios”. En dicha
información se repetían las críticas al comportamiento de las entidades de
crédito y a la “situación ventajosa”
en la que la legislación sitúa a los acreedores en la ejecución de las hipotecas
constituidas. Se apuntaba el fracaso, siempre de acuerdo con dicho informe, del
Código de Buenas Prácticas que se aprobó como parte relevante del reciente Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de
deudores hipotecarios sin recursos. El citado informe se presentaba como
encargado por el Consejo General del Poder Judicial y preparado por una
Comisión de Magistrados, como parte de una investigación más amplia con
respecto a las medidas destinadas a la agilización de los procesos civiles.
En
el orden
del día de la reunión que el Pleno del Consejo celebró el pasado miércoles
se incluía como uno de los puntos el siguiente: “-24º.- Dación de cuenta de las
propuestas y conclusiones del Grupo de Trabajo constituido para el estudio de
medidas de agilización de los procesos civiles”.
Al
parecer, el citado informe no ha sido asumido por el Consejo. Así resulta de la
información publicada ayer en El País,
bajo el título “El
Poder Judicial no asume el informe que propone revisar los desahucios”. Me
limito a transcribir algunos párrafos de la información:
“El pleno del
Consejo, por tanto, “fue informado hoy [por este miércoles] de la existencia
de este trabajo y acordó no debatir su contenido ni por ello asumirlo como
propio del Consejo General del Poder Judicial”.
Hasta aquí lo
decidido, en lo que todos los vocales del organismo están más o menos de
acuerdo. La diferencia radica en las interpretaciones. Para unos, la no asunción
del dictamen por parte del pleno del Consejo del Poder Judicial convierte el
mismo en papel mojado, sin ninguna utilidad ni apoyo.
Para otros, el
trabajo no se ha rechazado por el pleno, sino que no se ha debatido su
contenido. A su entender, el informe sigue siendo válido, se le va a dar la
máxima difusión y está en el consejo a disposición de los partidos y los grupos
parlamentarios que pueden utilizarlo para formular propuestas o medidas que
puedan constituir una solución a situaciones difíciles para las familias”.
En las próximas semanas veremos
cuál de sus interpretaciones se impone.
Madrid, 26 de octubre de 2012
