Se ha convertido en una de las
características de nuestra actividad jurisdiccional la proliferación de
reclamaciones contra entidades de crédito por la colocación de productos
financieros que generaron pérdidas a sus clientes. Aunque no todos los casos
son iguales, se puede establecer una relación común basada en la colocación
durante años precedentes de una serie de productos que implicaban alto riesgo y
también una alta retribución para quienes conseguían su colocación. Quien siga
la actividad de nuestros Juzgados y Audiencias Provinciales encontrará la
repetición de sentencias referidas a instrumentos financieros que tienen que
ver con insolvencias repetidas en mercados foráneos o con productos que fueron
objeto de una comercialización generalizada, que se han convertido en los
tristes protagonistas de una litigación igualmente generalizada. Es notorio que
algunas entidades han preferido conducir
a sus clientes hacia la solución de los conflictos a través de procedimientos
arbitrales, que ofrecen una mayor rapidez frente a los procedimientos
jurisdiccionales habituales.
Una reciente noticia vinculada con los
responsables de una importante entidad de crédito británica ponía de manifiesto
el problema que comporta esa litigación tan reiterada por la solvencia y
resultados de las instituciones afectadas (v. Simon Nixon: “Lloyds Hasn’t Yet
Escaped Its Past”, The Wall Street
Journal, 2-4 noviembre 2012, p. 32, versión impresa). Existe un riesgo en
ver esos litigios como una sucesión de incidentes aislados individuales y que serán
solventados en función de cómo resuelva cada caso el Tribunal correspondiente.
Pero en la presentación de los resultados de Lloyds Banking Group reciente se puso de manifiesto que la
litigiosidad en torno a estos productos acaba convirtiéndose en un problema que
termina por afectar la estabilidad de la entidad y que pone en cuestión su
propia solvencia. El citado banco anunció su decisión de dotar una importante
provisión para cubrir las devoluciones a sus clientes perjudicados con la
colocación de productos vinculados con determinados productos financieros:
“A day after
Barclays acknowledged two fresh probes by U.S. regulators, Lloyds Banking
Group said it was taking a further £1 billion ($1.6 billion) in provisions to
cover compensation to customers who were wrongly sold payment-protection
insurance, bringing its total bill so far to £5 billion. Meanwhile, Lloyds
in October became one of eight banks dragged into the latest U.S.
investigations into the manipulation of the London interbank offered rate”.
De esta manera se advierte como esa
práctica comercial y sus secuelas judiciales terminan por convertirse en una
amenaza para la estabilidad de la entidad. La pregunta es si medidas como la
anunciada por Lloyds resultará suficiente. Habrá que esperar un tiempo para ver
si esa opción, que en principio parece cargada de prudencia, termina por
condicionar la actividad de la entidad (que vuelve a modelos de negocio
tradicionales) y sus resultados y, sobre todo, si ese tipo de provisiones que
tratan de combatir los efectos del pasado no enturbian el presente de la
entidad y acaban con la paciencia de los inversores que desean que la entidad
comience ya a distribuir dividendos. Lo resume también la crónica de The Wall Street Journal:
“Even so, the
regulatory cost needs to be measured not only in fines but also in changes to
the way banks do business. Lloyds has been ahead of peers in abandoning past
aggressive sales-driven practices and developing a simpler, low-cost model
of banking. It has already stripped out £1 billion of costs since 2010. But
the result is likely to be slower revenue growth and lower profitability than
in the past”.
Madrid, 7 de noviembre de 2012
