Sigue en ebullición la reforma de aspectos relevantes de nuestro sistema financiero y lamento constatar que se plantea sobre la base de términos confusos y de argumentos tan manidos como erróneos. Me refiero a la cuestión de las cuotas participativas.
Resulta confuso titular que el régimen de las cajas pueda dar lugar a la emisión de acciones, o hacer lo mismo diciendo que asistimos a una privatización parcial (como titula la edición de hoy de Expansión), puesto que las cuotas ya no son el diablo.
La emisión de cuotas participativas lleva mucho tiempo siendo una opción legislativa. Desgraciadamente, sin éxito o con un muy bajo nivel de aceptación. Las cuotas participativas fueron objeto de una innovadora regulación concretada en el Real Decreto 664/1990, de 25 de mayo. Este régimen lo estudió Alberto Tapia (v. RDBB, 43 1991, p. 691 y ss.), como también hizo con el instaurado por el Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, que derogó el anterior. Sobre el “desuso” también ha escrito algunas páginas interesantes y más recientes José Luis Colino (v. RDBB, 108, 2007, p. 167 y ss.), tratando de explicar las razones de la generalizada ignorancia por las cajas de esa posibilidad de emitir cuotas.
En el marco de la actual crisis, como resultaba previsible, se vuelve a revisar dicho instrumento, que debiera permitir a las cajas el fortalecimiento de sus recursos propios. Hasta ahora, el legislador se ha negado a incorporar derechos políticos a favor de los titulares de esas cuotas, lo que algunos señalan como una de las razones de su fracaso, mientras que otros defienden como forma de evitar la privatización de esas entidades.
Este es uno de los argumentos erróneos que con más frecuencia se repiten, dibujando a las cajas como entidades de naturaleza pública, cuando por todos es sabido que son fundaciones de naturaleza jurídico-privada, como destaca la CECA en su web.
La gravedad de la situación actual reclama que, por fin, se orillen esos argumentos elementales y se analice si en la revisión de las cuotas participativas y en la consiguiente aparición en las cajas de un nuevo grupo –los cuotapartícipes- con voz y voto, anida una mejora de la financiación y de la solvencia de unas entidades que parecen reclamarlo.
Madrid, 18 de junio de 2009