Otra de las lecturas domingueras que no debo dejar de reseñar se refiere al artículo del Profesor Amadeo Petitbò, incluido en Empresa-ABC del pasado 2 de octubre y de título inequívoco: “Demasiados órganos reguladores”. Es una opinión autorizada y acertada:
“Como se deduce de los trabajos realizados por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) o en el marco de la trasposición de la Directiva de servicios, demasiadas personas tiene como ocupación el control de la actividad económica de los demás. Y todas las administraciones centrales y subcentrales participan en el festín.
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En España contamos con demasiados órganos reguladores. Se conocen más o menos, las comisiones del Mercado de las Telecomunicaciones del Sector Postal, Nacional del Juego y CNE. Pero se conocen mucho menos multitud de órganos reguladores como los referidos al tabaco o a los taxis, entre otros, que actúan abrigados de vistas y fuegos. Todo ello supone reiteración de funciones, mucho coste y, en ocasiones, resoluciones contradictorias con la correspondiente inseguridad jurídica.
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Lo anterior conduce a una conclusión: tras la experiencia de los órganos reguladores y de la CNC, con el fin de asegurar la eficacia de la regulación y reducir sus costes, tales órganos deberían integrarse en una única Comisión reguladora de los mercados y de la competencia que tuviera como fin asegurar el funcionamiento eficiente de la economía, impidiendo las conductas de los cárteles y los abusos de posición de dominio y prestando una atención especial a las barreras de entrada y a los efectos perniciosos de las ayudas públicas sobre la competencia.
En otros términos: es necesario partir de cero y diseñar un nuevo organismo técnicamente potente e inequívocamente independiente en el que no tengan cabida ni los poco preparados ni los incapaces de elevarse por encima de sus intereses particulares”.
Resulta chocante en un escenario de ralentización económica la incesante aparición de comisiones y agencias públicas cuya función y competencias son difícilmente comprensibles y cuya existencia no aparece justificada por la defensa de los intereses generales.
Madrid, 13 de octubre de 2011
