Al margen de ese error clamoroso, leyendo algunas noticias he llegado a intuir un manifiesto nacionalismo económico (de ambos lados del Atlántico), chocante en el caso de BP si se considera la relevancia de los intereses estadounidenses en su capital e inversiones. Remito a la lectura del editorial del Financial Times titulado Us must hit reset button with BP, publicado el pasado 16 de junio de 2010, que terminaba con advertencias hacia ambas “partes”:
“BP has, after all, no incentive whatever to be unco-operative. A third of the company’s operating assets are in the US. Tens of thousands of its employees are based there. Were it to lose its position in the country, its whole future would be cast into doubt.
Mr Obama should stop treating BP as a hostile and alien entity. Much more would be achieved if the administration worked with the company rather than kicked it endlessly in public”.
Lo que en esa opinión afloraba era el impacto que el accidente y posterior contaminación estaba ya teniendo y podía alcanzar para la propia supervivencia de BP en términos financieros y patrimoniales. Porque en muchos ataques a BP se le exigía que volcara toda su capacidad hacia la solución del accidente del Golfo de México. Esa situación ofrece circunstancias que deben de ser subrayadas a la hora de reflexionar sobre conceptos que están en los últimos años en la regulación de las grandes sociedades. Me refiero al concepto del buen gobierno, a la idea del interés social o a la responsabilidad social corporativa.
¿Qué merece una atención prioritaria ante un escenario como el actual? La respuesta de adivina: “todos los recursos de la sociedad deben orientarse a poner fin a la catástrofe ecológica”. ¿Todos? ¿Hasta dónde?
El Consejo de Administración de BP afronta una responsabilidad histórica. Es a quien corresponde decidir cómo gestionar la crisis y los recursos de la sociedad. Los administradores y ejecutivos de BP afrontan un reto muy difícil, porque ni esos recursos, aún siendo ingentes, son inagotables, ni los intereses afectados por la contaminación en el Golfo de México son los únicos que debe considerar.
La página web de la compañía revela de manera indudable que conjurar el problema es la prioridad de la compañía. El primer titular que aparece es “Gulf of Mexico response”. BP informa además de las reclamaciones que viene recibiendo y de las indemnizaciones satisfechas o cuya cobertura se contempla al 25 de junio de 2010:
“To date, almost 74,000 claims have been filed and more than 39,000 payments have been made, totaling almost $126 million.
The cost of the response to date amounts to approximately $2.35 billion, including the cost of the spill response, containment, relief well drilling, grants to the Gulf states, claims paid, and federal costs. On June 16, BP announced an agreed package of measures, including the creation of a $20 billion fund to satisfy certain obligations arising from the oil and gas spill. It is too early to quantify other potential costs and liabilities associated with the incident".
Parece, por lo tanto, que los fundados requerimientos del Gobierno Obama están siendo atendidos en cuanto a la colaboración para eliminar la fuga de crudo y a la atenuación de los daños medioambientales. También parece prudente haber atendido la indicación sobre la constitución de un fondo destinado a satisfacer las previsibles, numerosas y cuantiosas reclamaciones que se van a suceder por parte de todos los afectados. Son medidas que incluso una compañía de la solvencia de BP podrá adoptar en un entorno de colaboración, alejado de pretensiones inmediatas y descabelladas que tendrían como primera víctima la propia capacidad de BP de articular las soluciones financieras y contractuales imprescindibles para afrontar esa emergencia. Basta con pensar en el análisis que puedan hacer los bancos acreedores o las compañías aseguradoras.
Llegamos al eslabón más débil de la cadena de perjudicados por la crisis derivada del accidente de la plataforma denominada Deepwater Horizon. ¡Vaya nombre! Es fácil jugar con las palabras a la hora de relatar la sima en la que se encuentran las acciones y la invisibilidad de un horizonte de recuperación de su valor. La fuga de crudo ha tenido efectos directos y evaluables sobre la cotización de las acciones de BP y sobre la política de resultados de la Sociedad. En cuanto a lo primero, bastará con señalar que, de acuerdo con el cuadro recogido de la misma web, la acción cotiza casi a la mitad del valor que tenía al inicio del accidente que motivó la catástrofe. Las pérdidas por esta vía han alcanzado un triste récord, como titula la noticia del pasado viernes de The Wall Street Journal: BP Shares' Losses Top $100 Billion.
En cuanto a los resultados y su eventual aplicación, el cambio es radical. Es conocido que BP es una gran sociedad cuyas acciones se han convertido en unos de los valores refugio para las inversiones de grandes grupos de población, incluidos todos aquellos que confían sus fondos de pensiones, en Gran Bretaña y en otros países. Se comprenderá así el impacto que tuvo para la confianza generalizada en la solvencia de los resultados de BP las presiones desplegadas por parte de Estados Unidos para que los recursos de la Compañía se desplazaran masivamente hacia la reparación de los daños actuales ocasionados por el vertido de crudo, pero también hacia la reparación de esos daños en el futuro. En definitiva lo que el gobierno norteamericano planteó era la orientación de los recursos financieros a los daños sufridos en sus aguas y costas. Como se ha transcrito, un fondo ya ha quedado constituido por importe relevante (más de 20.000 millones de dólares). Pero se exige más. Y ello supone descartar la atención hacia otros intereses financieros.
La atención se gira entonces hacia el dividendo a los accionistas. Un dividendo anunciado hace tiempo. Esto ha provocado un debate sobre la injerencia “del Gobierno en la gestión de la Compañía” y también sobre la admisibilidad una acción gubernamental que pudiera perjudicar a los accionistas de BP. Quien quiera ver algunos argumentos interesantes puede consultar en The New York Times el debate que a tal efecto se publicó bajo un título expresivo: Can the U.S. Punish BP’s Shareholders?. El punto de partida lo dio un anuncio del Departamento de Justicia en los términos siguientes que abren el debate:
Las opiniones recogidas en las páginas digitales de The New York Times ofrecen argumentos diversos que además nos indican que, más allá de los problemas propios de la aplicación de los recursos de BP en una situación de incertidumbre, existe un límite de responsabilidad establecido por una Ley estadounidense de 1990, que justificaría a BP a la hora de contemplar otros intereses más allá de los perjudicados por el vertido, teniendo en cuenta que su responsabilidad limitada por la contaminación contaba con un respaldo normativo del propio Estado afectado.“The United States Justice Department said on Wednesday that it was considering legal action to block British Petroleum from paying dividends to make sure the company covers all costs related to the oil spill in the Gulf of Mexico. Interior Secretary Ken Salazar has said BP would be asked to pay energy companies for losses if they had to lay off workers because of the moratorium on deepwater drilling.
BP, whose shares dropped 7 percent in London on Thursday, said it would decide next month whether keep a quarterly dividend of 14 cents a share for the second quarter, a payout of about $2.6 billion. Needless to say, investors in Britain were furious because BP dividends accounted for some 12 percent of all dividends handed out by British companies last year”.
Sin embargo, BP también parece haber optado por la prudencia en materia de dividendos, como explica su presentación ante los inversores del pasado 16 de junio de 2010 –tras anunciar la creación del fondo de indemnización extraordinario que se mencionó antes-, igualmente disponible en su web y de la que transcribo los párrafos más significativos con respecto a la suspensión del pago de dividendos:
“Dividend payments
As a consequence of this, the second main element of our announcement today was that the BP Board had reviewed its dividend policy and under the circumstances, or, let’s say, in spite of the strong financial position and the deep asset base that the firm has, the Board has decided that it would be prudent, under these circumstances, to cancel the previously declared first-quarter dividend which was scheduled for payment on Monday of next week, and that no interim dividends would be declared for either the second or third quarters of 2010.
As a Board, we remain strongly committed to the payment of future dividends and are very much focused on delivering long-term value to our shareholders. The Board will consider resumption of dividend payments in 2011 at the time that we announce our fourth quarter 2010 results. At that stage, we would expect to have a much clearer picture and much better definition on the longer-term impact of the Deepwater Horizon incident.
The Board takes these steps having had deep consideration of all the factors and we’ve thought long and hard about it, but we believe it’s right and prudent to take a conservative financial position, given the current uncertainty over both the extent and timing of costs and liabilities associated with the spill. Even though our business continues to operate extremely well with strong underlying cash flows, we feel it is very important to take a deeply conservative fiscal approach to running our business at the current time. It is in that framework that we made the decision with respect to the dividend today”.
Es un acto de gobierno corporativo que merecerá opiniones a favor y en contra, pero que revela de manera inequívoca que gestionar una sociedad supone ponderar intereses contrapuestos y que, en ocasiones, la creación de valor a largo plazo de la que se benefician los accionistas, pasa por reducir o suspender el dividendo actual. En mi opinión, el Consejo de BP ha actuado de forma acertada por partida doble: por la prudencia que expresa su posición en materia de dividendos y por la transparencia en la explicación.
Madrid, 28 de junio de 2010
