No deja de ser llamativo que cuando
faltan pocos días para la celebración de las elecciones europeas el mundo
empresarial de lugar a situaciones aparentemente contradictorias con la vigencia
de los grandes principios sobre los que se asienta la construcción de la Unión
Europea. Quizás porque vivimos tiempos difíciles en los que la crisis ha dejado
de ser ya estrictamente económica y ha pasado a amenazar la percepción que de
su futuro tienen muchas sociedades europeas, lo cierto es que existe un clima
favorable a reaccionar ante operaciones empresariales en términos defensivos.
Encontraremos en cualquier diario
económico constantes referencias a dos operaciones que acreditan la vuelta de las
tendencias claramente proteccionistas ante la posibilidad de que grandes
empresas europeas puedan pasar a estar bajo el control de empresas procedentes
de Estados Unidos. Una primera operación es la que viene intentando la
multinacional americana Pfizer para adquirir el control de AstraZeneca
(resultado de la fusión de dos empresas sueca y británica). Es una oferta
pública de adquisición, que por el momento ha merecido el rechazo del Consejo
de Administración de la sociedad objeto de dicha oferta. Junto a los
movimientos empresariales propios de este tipo de operaciones (incluida la
batalla informativa), se han producido actuaciones con evidente relevancia
política, encargadas de enjuiciar la operación desde la clara desconfianza
hacia lo que puede suponer para la economía británica. Reacciones que iban
desde exigencias gubernamentales de una mejora de la oferta, hasta un debate
parlamentario sobre la misma. Defendía la sociedad oferente que la decisión no
debiera ser política: “shareholders,
not ministers, have final say”. El tiempo se encargará de confirmar o
desmentir ese aserto.
La segunda operación se viene
planteando en Francia y nos devuelve a un nuevo ejercicio de nacionalismo
económico. Digo nuevo porque basta con consultar este blog aquí
y aquí,
para encontrar distintas referencias anteriores al respecto. Si hace algunos
años ya se produjo en Francia una reacción llamativa ante la posibilidad de que
Danone pudiera convertirse en filial de una empresa norteamericana, ahora se
habla del “Decreto
Alstom” para referirse a la iniciativa aprobada por el Gobierno francés la
pasada semana, por el que declara que las empresas sitas en distintos sectores
económicos tienen carácter estratégico y, por lo tanto, cualquier operación
sobre ellas debe analizarse tomando en cuenta los intereses generales. Es una
reacción normativa ya conocida, cuya actualidad resulta de su mayor alcance
objetivo con respecto a lo existente.
En relación con esas operaciones, hablar
de nacionalismo o de patriotismo económico es hacerlo de un mismo hecho. Lo que
cambia es la perspectiva de quien lo hace. No hay más que ver las reacciones
que se han producido en ámbitos políticos e informativos franceses para
entender que estamos ante una reacción que cuenta con el respaldo mayoritario de
la población francesa. La nueva legislación expresa una política que convierte
la defensa de la nacionalidad del capital de las grandes empresas en una forma
de hacer frente a la inseguridad que genera la posibilidad de que éstas pasen a
estar controladas por empresas ajenas al tejido empresarial francés. Estamos
ante una reacción política, en primer lugar, por su oportunidad. El editorial
de Expansión titulado “Las cartas marcadas del Gobierno francés” criticaba esta
iniciativa, entre otras razones, por su evidente electoralismo (Expansión 16 de
mayo de 2014, p. 2).
En segundo término, es una política de
intervención. La actuación administrativa se contempla como una facultad que no
se verá limitada por los intereses directamente vinculados con la empresa, como
los de sus accionistas y administradores. Es llamativo que el Decreto se
apruebe a partir de una oferta de General Electric que los administradores de
Alstom habían aceptado. Un buen punto de partida para volver a reflexionar
sobre lo que significa el interés social.
Finalmente, en tercer lugar, es
manifiesto que esa regulación supone una contradicción frente a algunos de los
principios básicos del Derecho europeo, aunque la historia europea está plagada
de comportamientos tolerantes o cómplices con este tipo de prácticas en función
de su autor. Veremos cómo reacciona la futura Comisión Europea ante este
escenario. Un observador de la construcción europea apreciará la repetida tendencia
por parte de algunos Estados a considerar que algunas reglas fundamentales no resultan
de aplicación. Esas posturas no favorecen la confianza en la propia vigencia
del Derecho europeo.
En relación con la anterior cabe
plantear una última reflexión también elemental: ¿cómo defender la libertad de
inversión en empresas europeas pertenecientes a esos sectores calificados como
estratégicos, por parte de empresas originarias de un Estado miembro cuya
legislación prohíbe o limita esa misma posibilidad? Hay una ruptura clamorosa
de la proporcionalidad. Como también asistimos a una alteración de las reglas a
partir de casos concretos, lo que nunca abona la seguridad jurídica.
Da la impresión de que se pretende
jugar no con una Europa de dos velocidades, sino de dos legislaciones
distintas. La iniciativa francesa tiene unos efectos que no pueden pasar
desapercibidos para el resto de los gobiernos europeos y de las mayorías
parlamentarias que les respaldan. ¿Qué hacer? La reacción más sencilla y
probablemente más aplaudida será la que restaura la proporcionalidad de las
reglas en materia de inversiones. Es seguro que las opiniones nacionales
aplaudirán que se siga el ejemplo francés, declarando que forman parte de
sectores estratégicos un número mayor de empresas. También lo es que eso
supondría una lesión radical a todo el proceso europeo, tal y como lo hemos
viniendo conociendo hasta ahora.
Madrid, 20 de mayo de 2014
