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martes, 20 de mayo de 2014

Sobre el Nacionalismo/Patriotismo económicos



No deja de ser llamativo que cuando faltan pocos días para la celebración de las elecciones europeas el mundo empresarial de lugar a situaciones aparentemente contradictorias con la vigencia de los grandes principios sobre los que se asienta la construcción de la Unión Europea. Quizás porque vivimos tiempos difíciles en los que la crisis ha dejado de ser ya estrictamente económica y ha pasado a amenazar la percepción que de su futuro tienen muchas sociedades europeas, lo cierto es que existe un clima favorable a reaccionar ante operaciones empresariales en términos defensivos.


Encontraremos en cualquier diario económico constantes referencias a dos operaciones que acreditan la vuelta de las tendencias claramente proteccionistas ante la posibilidad de que grandes empresas europeas puedan pasar a estar bajo el control de empresas procedentes de Estados Unidos. Una primera operación es la que viene intentando la multinacional americana Pfizer para adquirir el control de AstraZeneca (resultado de la fusión de dos empresas sueca y británica). Es una oferta pública de adquisición, que por el momento ha merecido el rechazo del Consejo de Administración de la sociedad objeto de dicha oferta. Junto a los movimientos empresariales propios de este tipo de operaciones (incluida la batalla informativa), se han producido actuaciones con evidente relevancia política, encargadas de enjuiciar la operación desde la clara desconfianza hacia lo que puede suponer para la economía británica. Reacciones que iban desde exigencias gubernamentales de una mejora de la oferta, hasta un debate parlamentario sobre la misma. Defendía la sociedad oferente que la decisión no debiera ser política: “shareholders, not ministers, have final say”. El tiempo se encargará de confirmar o desmentir ese aserto.

La segunda operación se viene planteando en Francia y nos devuelve a un nuevo ejercicio de nacionalismo económico. Digo nuevo porque basta con consultar este blog aquí y aquí, para encontrar distintas referencias anteriores al respecto. Si hace algunos años ya se produjo en Francia una reacción llamativa ante la posibilidad de que Danone pudiera convertirse en filial de una empresa norteamericana, ahora se habla del “Decreto Alstom” para referirse a la iniciativa aprobada por el Gobierno francés la pasada semana, por el que declara que las empresas sitas en distintos sectores económicos tienen carácter estratégico y, por lo tanto, cualquier operación sobre ellas debe analizarse tomando en cuenta los intereses generales. Es una reacción normativa ya conocida, cuya actualidad resulta de su mayor alcance objetivo con respecto a lo existente.

En relación con esas operaciones, hablar de nacionalismo o de patriotismo económico es hacerlo de un mismo hecho. Lo que cambia es la perspectiva de quien lo hace. No hay más que ver las reacciones que se han producido en ámbitos políticos e informativos franceses para entender que estamos ante una reacción que cuenta con el respaldo mayoritario de la población francesa. La nueva legislación expresa una política que convierte la defensa de la nacionalidad del capital de las grandes empresas en una forma de hacer frente a la inseguridad que genera la posibilidad de que éstas pasen a estar controladas por empresas ajenas al tejido empresarial francés. Estamos ante una reacción política, en primer lugar, por su oportunidad. El editorial de Expansión titulado “Las cartas marcadas del Gobierno francés” criticaba esta iniciativa, entre otras razones, por su evidente electoralismo (Expansión 16 de mayo de 2014, p. 2).

En segundo término, es una política de intervención. La actuación administrativa se contempla como una facultad que no se verá limitada por los intereses directamente vinculados con la empresa, como los de sus accionistas y administradores. Es llamativo que el Decreto se apruebe a partir de una oferta de General Electric que los administradores de Alstom habían aceptado. Un buen punto de partida para volver a reflexionar sobre lo que significa el interés social.

Finalmente, en tercer lugar, es manifiesto que esa regulación supone una contradicción frente a algunos de los principios básicos del Derecho europeo, aunque la historia europea está plagada de comportamientos tolerantes o cómplices con este tipo de prácticas en función de su autor. Veremos cómo reacciona la futura Comisión Europea ante este escenario. Un observador de la construcción europea apreciará la repetida tendencia por parte de algunos Estados a considerar que algunas reglas fundamentales no resultan de aplicación. Esas posturas no favorecen la confianza en la propia vigencia del Derecho europeo.

En relación con la anterior cabe plantear una última reflexión también elemental: ¿cómo defender la libertad de inversión en empresas europeas pertenecientes a esos sectores calificados como estratégicos, por parte de empresas originarias de un Estado miembro cuya legislación prohíbe o limita esa misma posibilidad? Hay una ruptura clamorosa de la proporcionalidad. Como también asistimos a una alteración de las reglas a partir de casos concretos, lo que nunca abona la seguridad jurídica.

Da la impresión de que se pretende jugar no con una Europa de dos velocidades, sino de dos legislaciones distintas. La iniciativa francesa tiene unos efectos que no pueden pasar desapercibidos para el resto de los gobiernos europeos y de las mayorías parlamentarias que les respaldan. ¿Qué hacer? La reacción más sencilla y probablemente más aplaudida será la que restaura la proporcionalidad de las reglas en materia de inversiones. Es seguro que las opiniones nacionales aplaudirán que se siga el ejemplo francés, declarando que forman parte de sectores estratégicos un número mayor de empresas. También lo es que eso supondría una lesión radical a todo el proceso europeo, tal y como lo hemos viniendo conociendo hasta ahora.

Madrid, 20 de mayo de 2014