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martes, 15 de abril de 2014

La Universidad enclaustrada



Universidad y Sociedad

La situación de la Universidad española ha merecido en los últimos años análisis de diversa factura y varios intentos de replantear su futuro. El más reciente se produjo con el Informe solicitado por el Gobierno sobre Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia del Sistema Universitario Español. Se entregó hace algo más de un año y no parece que se vaya a traducir en cambios próximos.


La visión general de la Universidad suele ser pesimista. Desde fuera y desde dentro. Esto último no es nuevo. Los universitarios de toda clase y condición tendemos a una visión negativa de nuestra actualidad académica, muchas veces sin más argumento que el de considerar mejores los tiempos pasados. Argumento debilísimo porque su único apoyo radica usar el criterio de valoración que atiende a cómo se nos trata a cada uno de nosotros. Tendemos a decir que la Universidad va mal porque sentimos que no nos va bien o, al menos, tan bien como creemos merecer.

Esa melancolía colectiva de raigambre individual se ha visto asentada por los efectos sostenidos de  una penuria económica asfixiante que, en mi opinión, pagan sobre todo las actuales generaciones de investigadores y docentes en busca de consolidar su posición. No me sumo a la denuncia de los “recortes” actuales, sino a la  crónica insuficiencia de los salarios académicos, en especial a la de los investigadores y docentes, a tiempo completo. El servicio público no debe estar reñido con un reconocimiento económico adecuado.

Ningún observador medianamente sensato puede aceptar que decenas de Profesores en nuestra Facultad, que acumulan cualificaciones y méritos más que suficientes, puedan resistir muchos años más en la incertidumbre total sobre su futuro personal y laboral, con sueldos de becario, esperando la convocatoria de plazas por las que concursar. A medio plazo, ese capital humano dejará la Universidad y ésta se verá privada de lo mejor que tiene. La calidad de una Universidad comienza por la de sus docentes y alumnos: entre unos y otros existe una recíproca dependencia. Debiéramos ser capaces de retener a los mejores alumnos para la carrera docente pero, sinceramente, hacerlo es difícil ante lo gris de lo que se les puede ofrecer.

La Universidad no puede sucumbir a la penuria. No puede hacerlo, porque perderá su razón de ser. Cualquier Universidad tiene asignadas unas funciones que enuncia el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades:

“Artículo 1 Funciones de la Universidad
1. La Universidad realiza el servicio público de la educación superior mediante la investigación, la docencia y el estudio.
2. Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad:
a) La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura.
b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos y para la creación artística.
c) La difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la cultura, de la calidad de la vida, y del desarrollo económico.
d) La difusión del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida”.

Es suficiente para poder afirmar que la Universidad sólo cobra sentido cuando cumple sus funciones en interés de la Sociedad en la que se integra. La Universidad nunca puede renunciar a su función creativa, al desarrollo cultural y económico y a liderar de manera permanente el avance de la sociedad. 

Cumplir las funciones que la Ley nos asigna resulta fácil para quienes formamos parte de una Facultad en la que se enseña y aprende el Derecho. Es la vida cotidiana la que sirve de contraposición con lo que en nuestras aulas se dice y discute. Son los hechos que cada día encontramos en la información el principal acicate para pensar sobre la ley, sobre la función de quienes la aplican o la invocan. Es la realidad la que dota de efectividad y de justicia tantas instituciones características de nuestro ordenamiento. Enseñar y estudiar Derecho es incompatible con una Universidad encerrada en sí misma, que da la espalda a ese escenario social al que teóricamente se encaminan los conocimientos que en ella se adquieren.

La columna de Rafael Argullol

Cualquier columna de Rafael Argullol es de lectura recomendable. Para cualquiera de los que mantenemos un interés por la mejora de nuestra Universidad, la de su columna titulada La cultura enclaustrada es obligada. Redacto esta entrada a partir de su lectura. La opinión de Argullol no es sólo un diagnóstico, sino una señal de alarma acertada y oportuna, que comparto a salvo de alguna matización que luego explico.

Lo fundamental es que la Universidad no puede enclaustrarse, porque si lo hace, está negando su razón de ser y su propia función social. Advierte el autor lo que es obvio para quien mantenga alguna relación con cualquier Universidad:

“En los últimos lustros, y de un modo increíblemente acelerado, se ha producido una suerte de inversión de tendencias, a partir de la cual la universidad ha tendido a replegarse sobre sí misma, como si añorara, en un modelo laico, su antiguo origen monástico. Paradójicamente este repliegue se produce en el momento en que las tecnologías de la comunicación, como en el Renacimiento la imprenta, podrían facilitar la expansión de las ideas mucho más allá de los circuitos universitarios”.

Que los universitarios nos repleguemos dentro de nuestra propia concha, lejos de ser una defensa inteligente, es lo más parecido a un estúpido suicidio colectivo. El alejamiento de la Sociedad y de sus problemas fundamentales favorece el discurso anti universitario y la caricatura de la Universidad como un reducto de sabios (y no tan sabios) despistados, absortos en un mundo de nula relevancia para la resolución de los problemas cotidianos. Argullol describe el problema con precisión:

“Que algo sea "demasiado académico", o sencillamente "demasiado intelectual", es una piedra de toque común en nuestra sociedad. El antiintelectualismo es una de las formas más toscas del populismo, pero parece proporcionar fáciles réditos en una población ávida por ese consumo inmediato de las cosas que la complejidad intelectual casi nunca otorga.


El problema es que la universidad actual se ha convertido, por inseguridad, cobardía u oportunismo, en cómplice pasivo de la actitud antiintelectual que debería combatir. En lugar de responder al desafío arrogante de la ignorancia ofreciendo a la luz pública propuestas creativas, la universidad del presente ha tendido a encerrarse entre sus muros. Es llamativo, a este respecto, la escasa aportación universitaria a los conflictos civiles actuales, incluidas las crisis sociales o las guerras. En dirección contraria, el universitario ha asumido obedientemente su pertenencia a un microcosmos que debe ser preservado, aún a costa de dar la espalda a la creación cultural”.

Esta polarización se advierte con frecuencia en el mundo jurídico. Supongo que más de un lector habrá tenido ocasión de escuchar la distinción entre un jurista “teórico” y uno “práctico”, como contraposición entre quien enseña en las aulas las leyes y quien reclama su aplicación ante los Tribunales. Dependiendo de quien formule esa clasificación, la exaltación de una condición se hace a costa de la denigración de la otra. Por ejemplo, algunos profesores ven a los abogados como mercenarios de la toga, dispuestos a “retorcer” la ley al servicio de cualquier interés (o mejor, de la mayor minuta de honorarios), mientras que otros letrados ven al docente como charlatán inagotable, que pretende revestir de pompa y confusión lo que es a todas luces sencillísimo (o así lo creen algunos, pues es sabido que la ignorancia carece de aristas).

En esa negación del otro perdemos todos. Sin embargo, lo hacemos especialmente quienes desarrollamos una actuación que, además de a nuestra posición, afecta a los intereses colectivos de la Universidad, a ese servicio público del que formamos parte. No puede admitirse que lo que se enseña no sirve para la vida. Desde luego, no admito que eso sea lo que acaece con la enseñanza del Derecho mercantil. Baste con recordar a nuestros Maestros complutenses, que dan nombre a los principales referentes de la abogacía española. O con evocar a tantos otros Profesores que, desde la plataforma de la docencia, tanto reconocimiento han merecido por su contribución a la convivencia de todos y tanta influencia han tenido sobre el Derecho vivido, sobre quienes lo elaboran y lo aplican.

En la Universidad y en la Sociedad debe existir una común preocupación  por la calidad en la formación de los juristas, arrumbando clasificaciones como la antes denunciada y enseñando a distinguir, sencillamente, entre buenos y malos juristas.

De la docencia y la burocracia

Vuelvo a Argullol y a algunas de sus observaciones acertadas sobre el devenir de nuestra Universidad, en la que la burocracia se abre camino:

“Dicho de manera brutal: el humanista ha sido arrinconado por el burócrata (o si se quiere, por un monje sin fe pero con gran perspicacia en la tarea de la propia conservación). Naturalmente, esto no es atribuible a numerosos profesores, pero sí es el dibujo simbólico de una tendencia general que, en sí misma, supone la destrucción de la universidad tal como históricamente la habíamos concebido”.

Cierto. Pero me permito añadir que no creo que ese arrinconamiento se deba a una mera tendencia mayoritaria de los profesores y sí a una política educativa concreta y reflejada en la legislación vigente. En la Universidad enclaustrada es inevitable que se prime el estar (aunque sea sentado en una cafetería) sobre el ser. Como que se desconfíe del profesor a tiempo parcial, que abandona el recinto académico hacia otras actividades extra muros que algunos de los que permanecen resguardados en el castillo universitario (o al menos así se sienten), consideran como una suerte de corrupción intelectual difícil de tolerar desde los fundamentos de “lo universitariamente correcto”.

Nadie puede discutir que quien asume menores obligaciones reciba menor salario. Lo que resulta cuestionable es que esa menor dedicación se traduzca en una degradación en el ejercicio de los derechos que a los docentes se les reconocen. Entre lo importante bastará con citar las limitaciones aplicadas en materia de quinquenios o sexenios.

Pero volviendo a los burócratas, el abandono de la creación cultural y el acercamiento del universitario al burócrata es una creación política. No me extenderé: son las normas de evaluación vigentes las que de manera creciente han ido ponderando funciones de gestión universitaria (en Facultades o Departamentos) o actividades sindicales de los docentes. Tan importantes como enseñar, estudiar y publicar.

Desde aquí reitero mi reconocimiento a tantos compañeros que asumen los cargos y las cargas de gestión en nuestra Universidad. Lo que me resisto es a entender que pasar por esa experiencia sea una condición necesaria para progresar, por ejemplo, en la docencia de nuestra asignatura.  

De los libros a los papers

La última mención a la columna de Argullol se refiere a las publicaciones y, en concreto, a la forma de publicar:

“No obstante, de un tiempo a esta parte, se ha producido un estrechamiento paulatino del anterior horizonte al mismo ritmo en que la universidad, como institución, ha sacralizado el paper como medio de promoción profesional. En la actualidad una gran mayoría de profesores ha descartado la escritura de libros como labor primordial para concentrarse en la producción de papers. En muchos casos esta renuncia es dolorosa pues frustra una determinada vocación creativa, a la par que investigadora, pero es la consecuencia de la propia presión institucional, puesto que el profesor deber ser evaluado, casi exclusivamente, por sus artículos supuestamente especializados. Como quiera que sea, el nuevo microcosmos en el que se encierra a la universidad traza una kafkiana red de relaciones y hegemonías notablemente opaca para una visión externa a la institución. Además de atender a sus labores docentes, los profesores universitarios emplean buena parte de su tiempo en la elaboración de papers, textos con frecuencia herméticos, destinados a denominadas "revistas de impacto", publicaciones que tienen, por lo común, escasos lectores —siempre del propio ámbito de la especialización— aunque con un gran poder ya que son las únicas "que cuentan" en el momento de evaluar al universitario. En consecuencia, los profesores, sobre todo los jóvenes y en situación inestable, hacen cola para que sus artículos sean admitidos en publicaciones de valor desigual pero insoslayables. Se conforma así una suerte de mandarinato que rige el microcosmos. Los profesores son calificados, mediante las evaluaciones oficiales, de acuerdo con el acatamiento a aquellas normas. La ilusión o vocación de escribir obras de largo alcance —algo que requiere un ritmo lento, que a menudo abarca varios años— debe aplazarse, quizá para siempre”.

El párrafo transcrito, admite algunos comentarios desde mi visión limitada a lo que podríamos denominar el mercado de las publicaciones y ediciones universitarias en relación con el Derecho mercantil. En relación con ello, el comportamiento de los docentes se ve afectado por una pluralidad de factores. El primero, sin duda, el de la necesaria acumulación de méritos cara a su acreditación.

Lo que se publica y cómo

La mayoría de los docentes publica de acuerdo con los criterios de evaluación determinados reglamentariamente. Lo contrario sería absurdo. Son esos criterios los que introducen la exigencia de publicar en determinadas revistas que tienen reconocido valor dentro de una concreta disciplina. Se publican muchos artículos y menos libros. Ante todo, por la dispar valoración de ambos. No soy un experto en los baremos vigentes a esos efectos, pero no creo equivocarme si señalo que la publicación de monografías o de las obras de largo alcance que reclama Argullol no es objeto de un reconocimiento adecuado. Antes que dedicar un año a escribir un libro, muchos docentes prefieren emplear ese tiempo en elaborar y que vean la luz cuatro o seis artículos.

Existe, además, un segundo motivo que, al menos en el ámbito del Derecho mercantil, obstaculiza un trabajo monográfico referido a algunas materias. Me refiero a los vaivenes normativos que se han convertido en la característica constante de ámbitos como el Derecho de sociedades, el concursal o el financiero, entre otros. Una obra de largo alcance reclama estabilidad en el objeto de análisis. El mercantil es un Derecho instalado en una permanente revisión, de manera que las páginas que se redactaron hace seis meses pueden quedar en papel mojado una mañana a la vista de los cambios que se anuncian en una web gubernamental o en el propio BOE. En las aulas de las Facultades de Derecho ha sido clásica la advertencia del impacto que las decisiones del legislador tienen sobre bibliotecas enteras. Muchos profesores aspiramos a mucho menos: a que el legislador no convierta en basura lo que estamos escribiendo, derogando o modificando la norma aprobada hace poco tiempo. Esto sucede con la publicación de artículos que pierden vigencia entre su remisión a una revista y su publicación.   

Publicar depende también de las editoriales y éstas tienen la lógica pretensión de que sus libros se vendan. Muchos libros no tienen mercado. A pesar de su valía intelectual, su venta no se justifica comercialmente. De manera que sólo el apoyo institucional o el patrocinio privado permiten su edición. Es frustrante que la culminación de un esfuerzo de mucho tiempo tope con dificultades para culminar con la correspondiente publicación.

Crisis de lectores, que no de escritores

A pesar de lo anterior, se publica mucho. El Derecho mercantil ha vivido en los últimos años una eclosión editorial que es especialmente notable en dos expresiones concretas: la proliferación de revistas jurídicas especializadas y las obras colectivas.

De la existencia de una Revista de Derecho Mercantil hemos pasado a la coexistencia de una pluralidad de revistas especializadas. En ciertos sectores de nuestra legislación mercantil contamos con varias publicaciones periódicas de calidad. Mientras que no hace tanto conseguir la publicación en una de esas revistas implicaba una larga espera, esa pluralidad actual ofrece a los autores una más rápida y sencilla vía de salida a sus trabajos.

Al propio tiempo, el galope desbocado del legislador español y europeo lo intentamos seguir a través de publicaciones cuasi inmediatas, a las que se nos convoca para dar respuesta al interés por explicar cómo ha cambiado la legislación. Es imposible el seguimiento de esa evolución normativa si no se recurre al esfuerzo coordinado de un grupo de autores. Esto sucede en España y en otros lugares. Basta con remitir a los catálogos editoriales.

Las nuevas tecnologías

La crítica que Argullol hace a lo que llama los “papers” es otra en la que me permito discrepar. Es obvio que las nuevas tecnologías son uno de los instrumentos más eficaces para sacarnos del enclaustramiento a la Universidad y a sus habitantes. No entiendo  que exista una devaluación de la calidad por el hecho de recurrir a tales facilidades tecnológicas.

Internet y sus múltiples expresiones nos permiten seguir a Lope de Vega en el tránsito de las musas al papel. La publicación electrónica facilita difundir la labor de investigación y la mejor prueba de ello son redes como SSRN o las estadísticas que ofrecen ciertos repositorios  institucionales ¿Qué decir cuando un trabajo es objeto de decenas de miles de descargas? Es un refrendo incuestionable y objetivo de que lo que se hace en la Universidad es seguido fuera de ella.

Por otro lado, existe una evidente compatibilidad entre la publicación electrónica y las formas clásicas de hacerlo. Lo que admite ser presentado como un documento de trabajo o paper, permite ser mejorado y corregido con vistas a su ampliación y publicación como un artículo en una revista o dentro de un libro.

La necesaria adaptación a los tiempos cambiantes

He redactado esta entrada porque me animó a ello la precisión y certeza del dibujo que Argullol hace del grave error que supone que la Universidad se refugie en sí misma. Su diagnóstico anima a reaccionar y a buscar en el seno de nuestra Universidad las claves para frenar ese proceso. Debemos adaptarnos a las dificultades, combatirlas y corregirlas.

No quiero terminar sin hacer una reivindicación de la Universidad en la que estoy y que siempre me ha tratado muy bien. Comparto la actividad académica con mis compañeros de un Departamento que ha intentado siempre mantener su nexo con la Sociedad. Siento que a muchos de ellos –en especial a los más jóvenes- les está tocando vivir una época severa. Mi reconocimiento y ánimo a todos, en el convencimiento de que tarde o temprano su esfuerzo se verá recompensado. 

Madrid, 15 de abril de 2014