Los últimos años han puesto de
manifiesto un mayor número de casos de responsabilidad civil contra abogados.
Esto puede observarse en nuestros
repertorios jurisprudenciales, debiendo destacarse las decisiones de la Sala
Primera del Tribunal Supremo que han consolidado lo que podríamos llamar los
fundamentos o presupuestos de la responsabilidad civil del abogado.
Responsabilidad que suele plantearse con
frecuencia ante situaciones de falta de diligencia vinculada con circunstancias
objetivas, como que ha transcurrido el plazo para la presentación de un escrito
o la interposición de un recurso y cuya
ignorancia supone la pérdida de oportunidad del cliente.
También se plantea en el plano
informativo la incidencia que en esa exigencia de responsabilidad puede tener
la situación de crisis económica y el
incremento de los costes judiciales. Esto lo ponía de manifiesto el artículo de
Mercedes Serraller, "La
crisis y las tasas endurecen el control sobre los abogados", publicado
en Expansión, en el que facilitaba un dato estadístico indicativo. En los Colegios de Madrid y Barcelona las
quejas recibidas por sus Comisiones de deontología se habían incrementado en
2012 un 80 y un 100 por 100 con respecto
al ejercicio precedente. También indicaba
que durante el año 2013, a pesar de la reducción del número general de litigios, los datos que manejaba el
Consejo General del Poder Judicial permitían afirmar que las quejas contra abogados
no se rebajaban.
En esa evolución hay un riesgo consistente en el mal entendimiento del fundamento de la responsabilidad civil del
abogado. Me refiero a la expectativa que
razonablemente puede albergar un cliente a partir del mandato conferido a un
abogado para que gestione y defienda sus intereses. El principio básico es que estamos ante una obligación de medios,
nunca de resultado. Pero este matiz se
ignora en ocasiones ante la ceguera que provoca
que se haya perdido el pleito y se busque cualquier tipo de posibilidad
de obtener una compensación “disparando” contra el abogado. Es a los
Tribunales a los que corresponderá mantener con claridad este fundamental
principio y zanjar así demandas temerarias contra abogados para cuya interposición
(“perro sí come perro”) siempre habrá
colegas dispuestos.
El asunto está incidiendo en el
ejercicio de la profesión de abogado y provocando que sean mayores las coberturas
que por vía de contratos de seguro solicitan
los abogados. Esto sucede en España pero en una medida mayor en otras
jurisdicciones. Es interesante la crónica que incluía el pasado 17 de junio en
su Law Blog The Wall Street Journal "Lawyers
Behaving Badly? Malpractice Claims Up in 2012" al reflejar el notable
incremento que se ha producido en las reclamaciones por responsabilidad
profesional contra abogados a pesar de haber dejado atrás la crisis económica.
Los datos que facilitaba esta crónica estaban tomados de la información facilitada por las
principales aseguradoras.
Madrid, 4 de julio de 2013
