La
aprobación de la Ley Concursal (LC) expresó la ocupación "largamente sentida" por modernizar
nuestro procedimiento de la insolvencia, abandonando instituciones decrépitas y
configurando el concurso como una solución idónea. La aplicación inicial de la
LC puso de manifiesto que en un entorno económico tan negativo como el que nos
acompaña desde hace ya varios años, tan importante como contemplar una solución
para la insolvencia resultaba facilitar la superación de las dificultades
financieras de personas físicas o empresas, sin que se tradujeran
necesariamente en la iniciación de un procedimiento concursal. El alejamiento
del presupuesto objetivo del concurso fue una de las ideas que con mayor fuerza
impulsaron las sucesivas reformas de la LC en 2009 y 2011. Cabe recordar la
regulación de los acuerdos de refinanciación como materia blindada ante acciones de
reintegración, o el régimen aplicable a
su posible homologación judicial, o la comunicación del art. 5 bis LC destinada
a permitir negociar una refinanciación o un convenio anticipado y, por
supuesto, la más reciente introducción del acuerdo extrajudicial de pagos. Son
todas medidas bien intencionadas pero que parece que la realidad económica
impide que resulten eficaces.
Sea
por esa ineficacia de lo intentado hasta ahora o por completar esa panoplia de
soluciones preconcursales, nos encontramos con el anuncio de una futura
"Ley de refinanciación". Publicaba Cinco
Días una crónica de EFE en la que se explicaba que el Gobierno ha elaborado
un Proyecto de Ley que tiene por finalidad relajar aún más los requisitos que
deben permitir extender a todos los acreedores el acuerdo alcanzado con una
determinada mayoría del pasivo. Lo que se anuncia es una reducción del
porcentaje del pasivo que permite entender que se ha alcanzado un acuerdo que
vincula a todos los acreedores.
Desde
entonces, se han sucedido noticias sobre el futuro Proyecto que hacen evidente
que nos acercamos a una nueva reforma de la LC de alcance importante para
deudores y acreedores financieros.
Madrid,
24 de febrero de 2014
