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lunes, 6 de octubre de 2014

Rescate con fondos públicos y compensación por medio de un derecho preferente al dividendo



El rescate con fondos públicos de entidades financieras es una decisión política que dista de agotarse en su momento inicial. La entrada del Estado en el capital de una entidad tiene consecuencias susceptibles de valoración diversa, pero que comportan una responsabilidad que debe  ejercitarse de manera continuada a lo largo de todo el período en el que la intervención que suele acompañar ese rescate —aportar dinero público a los mismos gestores que crearon esa necesidad no parece admisible— se prolongue. El caso de la investigación de las tarjetas de crédito en Bankia es un ejemplo reciente que veremos a dónde lleva, pero hoy deseo recoger distintas noticias derivadas de la resolución de un juez estadounidense en relación con dos entidades hipotecarias que tuvieron el honor de aparecer entre las principales rescatadas en los inicios de la crisis financiera: Fannie Mae y Freddie Mac.


En esta ocasión, lo que se planteaba por una serie de inversores financieros devenidos accionistas de ambas compañías era la ilegalidad del “barrido” de los dividendos que, una vez saneadas, estaban produciéndose, de los que el Tesoro estadounidense se había convertido en único beneficiario al amparo de la legislación reguladora del citado rescate.

Los accionistas privados reivindicaban su derecho a participar en el reparto una vez que el Tesoro habría recibido el importe de su inversión directa en ambas compañías (más de 188.000 millones de dólares). Sin embargo, su acción fue rechazada por el Juez Royce Lamberth en una decisión que se dio a conocer el pasado 30 de septiembre de 2014 y que ha tenido una enorme cobertura informativa, siendo objeto de elogios y críticas. La decisión y otras resoluciones accesorias las ofrece el blog especializado timhoward717. Es preciso recordar que éste no es el único procedimiento en el que se planteaba el problema, puesto que acciones similares penden ante otras cortes estadounidenses, como se desprende de la información de bloomberg.

El debate parece haber sido esencialmente normativo, puesto que lo que hace la resolución judicial es que la letra de las normas que ampararon el rescate de las citadas entidades era clara y legitimaba el comportamiento del Gobierno. La disconformidad de los demandantes, decía la resolución judicial, debería orientarse hacia los legisladores. Ese argumento se reproduce en las opiniones a favor de la decisión del Juez Lamberth, entre las que me parece destacable el editorial de The Wall Street Journal “Godzilla defeats the Thing” de la edición del 3-5 de octubre de 2014 (p. 12).

Allí se destaca que todos los dividendos de Fannie Mae y Freddie Mac se han basado en la aportación pública y, sobre todo, en un intangible decisivo: la garantía pública de ambas que es la que el mercado valora especialmente y de la que han nacido los ejercicios positivos que han dejado esos dividendos que ahora se reclaman.

“Nobody has written more about this Administration's legal abuses than we have, but Judge Lamberth appears to be right on this one. His ruling cites the "plain meaning" of the 2008 law under which the government put Fan and Fred into federal conservatorship, which says that "no court may take any action to restrain or affect the exercise of powers or functions" of the company's conservator. The senior jurist suggests that if investors have a gripe, it's with Congress for writing the law.

Judge Lamberth is arguably being too kind to the plaintiffs, because the $188 billion in direct support was hardly the only public assistance to Fan and Fred. According to Larry Wall, a researcher at the Federal Reserve Bank of Atlanta, "The claim that the taxpayers and Treasury have been fully repaid for their support of Fannie Mae and Freddie Mac is based on an accounting calculation that does not withstand economic analysis."

He adds that, among other problems, this claim "attributes no value to the government guarantee to absorb whatever losses arose in the pre-conservatorship book of business, and arguably reflects Treasury setting too low of a dividend rate on its senior preferred stock. Moreover, the profits that are being used to pay the dividends did not arise from the contributions of private shareholders but rather entirely reflect risks borne by the Treasury and taxpayers".”.

Como se ve, estamos ante un debate político que incide de lleno en la gestión de las sociedades rescatadas y que, según nos enseña este caso, no debiera dejar de preverse en la legislación correspondiente. Una de las ideas más repetidas en la crisis es que ésta se afrontó asumiendo que los beneficios habían ido a parar a bolsillos privados (siendo intolerable que los gestores que eran despedidos de entidades en dificultades recibieran indemnizaciones exorbitantes), mientras que las pérdidas las asumía el Estado correspondiente. Lo que se plantea ahora es si esa intervención pública —que se califica como “la cortesía de los contribuyentes”— se realiza a partir de la premisa de que se cobrará: que sólo una vez que el esfuerzo financiero de salvamento se hubiere compensado es cuando podrán recibir dividendos otros accionistas. La cuestión es decisiva en procesos de rescate donde la recuperación del valor de entidades intervenidas pasa por una progresiva salida del accionista público y su sustitución por nuevos inversores. ¿Cómo atraer a  éstos, si no se les ofrece una rentabilidad? Claro que, ¿cómo explicar que los fondos públicos se apliquen a cubrir pérdidas y recuperar la solvencia, abandonado el escenario cuando empieza la fiesta?

Madrid, 6 de octubre de 2014