Leo
en la edición del lunes 20 de abril de Expansión un interesante reportaje
titulado “El
gobierno francés bloquea el paso a las OPAs hostiles”. Se trata de una
crónica de la iniciativa legislativa adoptada el año pasado por el Ejecutivo
francés y de su aplicación por parte de las grandes sociedades cotizadas
francesas.
La
iniciativa legislativa en cuestión, conocida como Ley Florange, es la Loi
n° 2014-384 du 29 mars 2014 visant à reconquérir l'économie réelle,
denominación que expresa una evidente intención política y que se concreta por
distintas medidas dentro de su título tercero que también tiene un propósito
político no menos notorio: “Mesures en
faveur de l'actionnariat de long terme”. Entre esas medidas se reconoce un
derecho de voto doble a quienes tienen la antigüedad de dos años como
accionistas de una sociedad, salvo que ese voto doble fuera derogado estatutariamente, en favor del principio de
reconocer un único voto a cada acción.
Lo
que se viene a narrar en la información periodística es como se está
produciendo la aplicación de esa posibilidad por parte de las distintas
sociedades francesas. En algunas de ellas, la medida a favor de ese voto doble
ha quedado implantada, mientras que en otras los estatutos han descartado expresamente
el voto privilegiado de accionistas con una relativa antigüedad.
En
la crónica se pone de manifiesto cómo es evidente la tensión entre los
propósitos del Gobierno francés tendente a mantener una estabilidad del control
de sus grandes empresas en manos de accionistas franceses o que se consideran
amistosos desde el punto de vista de la orientación económica general, y los de
los inversores extranjeros de perfil financiero. Es cuestionable que en
sociedades cotizadas puedan prosperar medidas destinadas a algo que parece ser
contrario a su naturaleza, como es la variabilidad del capital social. No se
trata de obligar a mantenerse en el capital social, pero sí de incentivar, dirá
el Gobierno francés, una cierta permanencia que permita el desarrollo de la
actividad propia de la sociedad y no simplemente que el capital se convierta en
el instrumento de operaciones “especulativas”.
Una somera lectura de alguna prensa pone de manifiesto que esta iniciativa
abona situaciones como la vivida en Renault,
donde parece que la voluntad del Estado francés de beneficiarse de ese derecho
de voto doble no la comparten los administradores de la empresa.
Lo
relevante, en todo caso, será como puede incidir esta situación propia del
mercado francés sobre otros mercados europeos. No faltarán lamentos de empresas
establecidas en otros mercados colindantes que llamen la atención sobre la
paradoja que puede significar que sociedades francesas amparadas por una
legislación tan manifiestamente protectora, terminen actuando o beneficiándose de
regímenes más liberales en cuanto a la posibilidad de formulación de ofertas
públicas de adquisición.
Madrid,
27 de abril de 2015
