La comunidad financiera y los medios especializados dedican una amplia atención a la detección la semana pasada de una serie de operaciones de inversión que habrían generado para el banco suizo UBS AG unas pérdidas estimadas de 2.000 millones de dólares (la cuantía exacta aún no se conoce), que se habrían generado desde su sede de Londres. La noticia ha supuesto un severo impacto para la ya maltrecha confianza en los sistemas financieros y que vuelvan a plantearse cuestiones regulatorias. Porque los efectos negativos de esta situación son varios.
Si comenzamos por la propia entidad perjudicada, el momento en que se produce ese grave incidente es pésimo. UBS estaba saliendo de una severa travesía y reorganización de su actividad (en la que creo recordar que recibió ayudas externas importantes) y ve cómo las ganancias recientes de su último ejercicio se ven amenazadas por una pérdida de esa dimensión. La confianza de sus accionistas se verá resentida, si es que no se traduce en acciones judiciales con mayor o menor fundamento. Desde luego, el impacto para su rating es una realidad, como anunciaba El País este fin de semana. Más allá del daño patrimonial, la entidad se convierte en el centro de dudas sobre sus sistemas de control de riesgos, que evidentemente han fallado y que, probablemente, la conviertan en objeto de sanciones por las autoridades supervisoras.
Mas junto a la consideración que merece un descalabro de esa magnitud, lo que abunda es una reacción preocupada sobre la evidencia de un nuevo capítulo en una sucesión de historias con similar argumento: un joven operador instalado en una gran entidad, lleva a cabo operaciones para las que no está autorizado y genera pérdidas que amenazan la estabilidad o, incluso, la continuidad de la propia entidad. Los casos son notorios y recientes y motivan siempre una pregunta asombrada: ¿cómo es posible que tan pocos hagan tanto daño a tantos? Porque el daño para los accionistas se verá acompañado por el que implican medidas de saneamiento o liquidación de la entidad. Estamos ante un “trader incontrolado” o ante algo que cabe reprochar también a otros. Recomiendo la columna de Nuño Rodrigo en su blog de Cinco Días.
El tercer punto es previsible y conocido. Analizar las causas de lo sucedido es volver la atención hacia las normas. ¿Estamos ante una laguna, ante una mala aplicación o ante un comportamiento doloso? Lo preocupante es que son varias las reacciones normativas que se han producido en los últimos años como consecuencia de los precedentes escándalos de similar factura al actual. Han sido reiteradas las normas que establecían límites a determinados riesgos, inversiones o contratos financieros y que, adicionalmente, imponían reglas de organización de las entidades destinadas a atenuar los riesgos de que se repita la escena que hoy contemplamos. Entre otras razones, como forma de atenuar el impulso que ciertos sistemas retributivos incorporan para la asunción por los empleados bancarios de riesgos inadecuados. Por ello, ya ha comenzado a cuestionarse si –descontada la responsabilidad del banco afectado- estamos ante un fallo regulatorio y de supervisión.
El caso no debe llevar a sospechar que, necesariamente, se ha producido ese fallo. Habrá que ver si estamos ante un problema de supervisión y control internos o si, simplemente, ante operaciones fraudulentas, como parecen apuntar las primeras informaciones, como la recogida por The Wall Street Journal. La determinación de lo que ha sucedido ocupará en las próximas semanas a las autoridades británicas y suizas (que anunciaron el inicio de una investigación conjunta), pero también será seguida con atención por los supervisores y legisladores de muchos otros Estados, con vistas a una posible mejora de las normas internacionales (UE, G-8 y G-20, BIS, etc.).
Madrid, 19 de septiembre de 2011
