Se ha publicado hace pocos días el reciente Reglamento 260/2012 de 14 de marzo de 2012 por el que se establecen requisitos técnicos y empresariales para las transferencias y los adeudos domiciliados en euros y se modifica el Reglamento nº 924/2009. Se trata de una norma con un marcado contenido técnico y cuya interpretación requiere un conocimiento de cómo funcionan los sistemas de pagos europeos, sin prejuicio de lo cual, no estará de más resaltar que son este tipo de iniciativas normativas (que consolidan avances en la contratación mercantil y en el funcionamiento de las entidades de crédito y de los sistemas financieros europeos) las que dan lugar a una genuina integración del mercado único.
La SEPA es el proyecto destinado a la existencia de una zona única de pagos en euros. Hasta ahora el éxito de la misma es indiscutible y tenemos reflejos normativos de ello como la reciente Ley de Sistemas de Pago. Dicha Ley está inspirada en la incorporación de la primera de las disposiciones que las instituciones europeas aprobaron en esta materia como es la Directiva 2007/64/CE de 13 de noviembre de 2007 sobre servicios de pago en el mercado interior. A la Directiva siguió el Reglamento 924/2009, que ahora es objeto de reforma parcial por parte del nuevo Reglamento. El objeto de este nuevo Reglamento está limitado al mercado europeo, es decir a transferencias y adeudos realizados en euros que vinculan a un ordenante y a un beneficiario situados en el territorio de la Unión y donde además el proveedor de los servicios de pago también está radicado en la Unión.
Madrid, 2 de abril de 2012
