En sus páginas de economía, The Washington Post narraba hace unos días los problemas que está teniendo la regulación en Estados Unidos de algunos aspectos de tarjetas de crédito. Como señala el artículo Ylan Q. Mui en sus primeros apartados, el problema radica en las tarjetas de crédito que se suelen ofrecer a consumidores con menor capacidad adquisitiva que ofrecen saldos de disponibilidad o de financiación extremadamente bajos al tiempo que implican considerables costes de gestión de la tarjeta para el consumidor. Se ha intentado en los últimos años limitar las posibilidades de que los bancos introduzcan en las condiciones generales intereses o tarifas exorbitantes y, por ello, la Reserva Federal adoptó en el año 2010 algunas iniciativas destinadas a poner un tope máximo a esos intereses. Determinadas entidades recurrieron ante los Tribunales, que les dieron la razón al considerar que no existía un amparo suficiente para la actuación normativa de la Reserva Federal.
Ha sido posteriormente el Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), organismo del que aquí he tratado en anteriores entradas, el que ha adoptado la iniciativa normativa, si bien parece que lo ha hecho de una forma que las organizaciones que representan a los consumidores consideran tibia.
Madrid, 18 de abril de 2012
