El Profesor Gaspar Ariño
publicaba hace unos días en Expansión una columna de opinión titulada “La
puntilla a las cajas”, de lectura recomendable. Quienes hayan estudiado la
evolución del régimen legal de las cajas de ahorro españolas sabrá que el autor
ha sido uno de los juristas que con mayor intensidad y acierto se ha encargado
de exponer los aspectos positivos y negativos del modelo en el que se han
desarrollado desde 1977 nuestras cajas. Esa autorizada atención se mantiene en
esta fase de progresiva extinción de las cajas en la forma legal que hasta
ahora han disfrutado, como entidades de crédito de naturaleza fundacional.
El Profesor Ariño analiza la
progresiva transformación de las cajas y
no deja de expresar su discrepancia:
“Leo
en la prensa el 1 de diciembre de 2012, que “el Gobierno da la puntilla a las
cajas”. Tal es el titular con que el diario El País, certeramente, da la
noticia de que el Ministerio de Economía ha presentado ya en Bruselas la nueva reforma de las cajas de ahorro, que sin
duda será la última, pues acaba con ellas. Aunque no sabemos todavía los
detalles de la misma, la ‘solución’ encontrada es que éstas desaparezcan o,
lo que es igual, que se conviertan en fundaciones benéfico-culturales,
vendiendo obligatoriamente la mayoría del capital que ostenten en los bancos
filiales que en su día se vieron también obligados a crear. Culminaríamos
así la llamada vía italiana hacia la extinción de las cajas”.
Defiende que la naturaleza
fundacional sigue siendo una opción:
“No
existe -que yo sepa- prohibición constitucional de crear o mantener esa
modalidad de banca alternativa que son las cajas de ahorro o las cooperativas o
mutualidades de crédito; y en una economía libre de mercado el único título
legitimador de las decisiones sobre las empresas -sobre su creación,
organización y dirección- es la propiedad.
…
Pero
aunque así no fuese, ¿quién ha dicho que la única entidad empresarial
admisible en una economía de mercado es la sociedad anónima? No es cuestión
de iniciar aquí un debate histórico y doctrinal sobre el tema. Me remito a un
pequeño libro de próxima aparición que se llamará Reivindicación y Reforma de
las Cajas de Ahorro, en el que se exponen con más detalle estas y otras tesis
sobre las Cajas. Lo que ahora quiero decir es que el Gobierno no debería
comportarse como un siervo tan sumiso a lo que le dictan. Y la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA) y las cajas afectadas no deberían tirar la
esponja tan prontamente. Deberían, si quieren respetar la historia y
respetarse a sí mismas, acudir a los tribunales y plantear una cuestión de
inconstitucionalidad, ya que el Gobierno no lo hace”.
Los argumentos del Profesor
Ariño son válidos en el plano teórico. Por supuesto que la actividad
empresarial exitosa no es exclusiva de una opción societaria y que existen
ejemplos concretos de cajas bien gestionadas y de notable solvencia. Pero, por
desgracia, han terminado siendo las menos.
La actual reforma supone un
consciente alejamiento de un modelo legal que no se ha reformado (porque no se ha
querido) a pesar de las constantes alertas y recomendaciones sobre los fallos
del diseño legal. Un diseño que, en su colapso reciente, ha evidenciado que las
dos debilidades del modelo fundacional diseñado por la Ley de Órganos Rectores
de las Cajas de Ahorros (-LORCA- puesta al día en sucesivas reformas) han
terminado por llevar al sector de las cajas a un colapso mayoritario y a un
descrédito general (y por ello injusto) e indiscutible. Esas debilidades han
sido la injerencia política en la gestión del negocio crediticio (algunas evidencias
recientes del nivel de influencia alcanzado en alguna entidad por las
Administraciones públicas provocan bochorno) y la dificultad que las cajas
encontraban en la creación y fortalecimiento de sus recursos propios. En buena medida porque los “propietarios”
de las cajas sólo quisieron disfrutar de los aspectos positivos que conllevaba
esa propiedad, ignorando que ésta, en todo caso, implica responsabilidad por
asegurar un futuro de la institución en las mejores condiciones para cuantos se
ven afectados por su actividad.
Madrid, 11 de diciembre de 2012
