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viernes, 13 de junio de 2014

Llega la prueba para los aspirantes a abogados



Cuando se han cumplido casi ocho años desde que se promulgara la Ley 34/2006 que reformó el acceso a la profesión de abogado (y a la de procurador), el próximo 28 de junio de 2014 los pasillos y las aulas de nuestra Facultad serán el marco en el que se completará tal reforma para el primer grupo de aspirantes a convertirse en abogados. La semana pasada se publicó en el  Boletín Oficial del Estado la Resolución de 3 de junio de 2014 de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia cuyo apartado tercero comenzaba indicando: “Se convoca a todos los aspirantes admitidos a la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de abogado…”.


Fue la Orden PRE/404/2014, de 14 de marzo la que se encargó de regular y convocar dicha prueba de evaluación, que se realizará por escrito, con un contenido teórico práctico, con contestaciones o respuestas múltiples y con una duración de 4 horas. El programa de las materias sobre las que versará dicha prueba se incluía en el Anexo II de la citada Orden Ministerial y los requisitos de los candidatos pasaban, en esencia, por ostentar el título de licenciado o graduado en Derecho y por haber superado los cursos de formación y el periodo de prácticas (Master de Acceso de Abogacía) que hubieren merecido la correspondiente acreditación.

He consultado la relación de admitidos y estimo que van a concurrir más de 300 personas ¿Son muchas o pocas? La respuesta probablemente vendrá dada por cuál ha venido siendo en los últimos años el número de personas que han solicitado su colegiación como abogados y procuradores.

Más allá de las cifras y de las comparaciones, lo relevante es el cambio al que vamos a asistir en el acceso a la que ha sido la profesión en la que  hemos desembocado históricamente un mayor número de los estudiantes de nuestras Facultades. Un cambio radical. De no exigir  otro requisito que no fuera el título universitario, se pasa a una formación de postgrado y a un examen de alcance estatal. Ser abogado aparece así como una opción profesional principal, que obliga a una preparación complementaria y a incurrir en costes adicionales. El tiempo dirá si ser abogado es más o menos difícil. En gran medida dependerá del rigor que se aplique en la preparación y corrección de la prueba convocada para el próximo día 28 de junio y las que la sucedan en años venideros.

He escuchado a algunos colegiados veteranos opiniones a favor de un especial rigor en esa prueba. Supongo que quienes ya formamos parte de un club somos flacos de memoria sobre la condiciones de nuestro ingreso, pero mantenemos un especial recelo hacia quienes aspiran a acompañarnos. Ser abogado no suponía un esfuerzo especial. Mejor dicho, no requería esfuerzo alguno. Hasta que la adopción del Grado ha dado paso a una modificación esencial, que  reclama completar la formación con un examen o prueba de acceso. En otros lugares, la exigencia aplicada en este examen ha terminado influyendo en el número de profesionales, por supuesto, pero también en su consideración social.

Más allá de sus efectos, la inminente prueba y sus sucesivas ediciones van a tener dos consecuencias fundamentales. La primera, el cambio en el perfil de los nuevos abogados colegiados y, la segunda, la mayor o menor reputación de las Facultades. Del resultado de ese examen se podrá deducir qué centros preparan mejor para el ejercicio de esa profesión. He defendido desde el primer día que este sistema va a provocar que la valoración de una Facultad (de sus programas y profesores) dependerá, en una medida notable, de su capacidad a la hora de permitir a sus alumnos la integración en el mundo profesional.

Madrid, 13 de junio de 2014