Cuando
se han cumplido casi ocho años desde que se promulgara la Ley 34/2006 que
reformó el acceso a la profesión de abogado (y a la de procurador), el próximo
28 de junio de 2014 los pasillos y las aulas de nuestra Facultad serán el marco
en el que se completará tal reforma para el primer grupo de aspirantes a
convertirse en abogados. La semana pasada se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución
de 3 de junio de 2014 de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia cuyo apartado tercero comenzaba indicando: “Se convoca a todos los aspirantes admitidos a
la prueba de evaluación de la aptitud profesional para la profesión de
abogado…”.
Fue
la Orden
PRE/404/2014, de 14 de marzo la que se encargó de regular y convocar dicha
prueba de evaluación, que se realizará por escrito, con un contenido teórico
práctico, con contestaciones o respuestas múltiples y con una duración de 4
horas. El programa de las materias sobre las que versará dicha prueba se
incluía en el Anexo II de la citada Orden Ministerial y los requisitos de los
candidatos pasaban, en esencia, por ostentar el título de licenciado o graduado
en Derecho y por haber superado los cursos de formación y el periodo de
prácticas (Master de Acceso de Abogacía) que hubieren merecido la
correspondiente acreditación.
He
consultado la relación de admitidos y estimo que van a concurrir más de 300
personas ¿Son muchas o pocas? La respuesta probablemente vendrá dada por cuál
ha venido siendo en los últimos años el número de personas que han solicitado
su colegiación como abogados y procuradores.
Más
allá de las cifras y de las comparaciones, lo relevante es el cambio al que
vamos a asistir en el acceso a la que ha sido la profesión en la que hemos desembocado históricamente un mayor
número de los estudiantes de nuestras Facultades. Un cambio radical. De no
exigir otro requisito que no fuera el
título universitario, se pasa a una formación de postgrado y a un examen de
alcance estatal. Ser abogado aparece así como una opción profesional principal,
que obliga a una preparación complementaria y a incurrir en costes adicionales.
El tiempo dirá si ser abogado es más o menos difícil. En gran medida dependerá
del rigor que se aplique en la preparación y corrección de la prueba convocada
para el próximo día 28 de junio y las que la sucedan en años venideros.
He
escuchado a algunos colegiados veteranos opiniones a favor de un especial rigor
en esa prueba. Supongo que quienes ya formamos parte de un club somos flacos de
memoria sobre la condiciones de nuestro ingreso, pero mantenemos un especial
recelo hacia quienes aspiran a acompañarnos. Ser abogado no suponía un esfuerzo
especial. Mejor dicho, no requería esfuerzo alguno. Hasta que la adopción del
Grado ha dado paso a una modificación esencial, que reclama completar la formación con un examen
o prueba de acceso. En otros lugares, la exigencia aplicada en este examen ha
terminado influyendo en el número de profesionales, por supuesto, pero también en
su consideración social.
Más
allá de sus efectos, la inminente prueba y sus sucesivas ediciones van a tener
dos consecuencias fundamentales. La primera, el cambio en el perfil de los
nuevos abogados colegiados y, la segunda, la mayor o menor reputación de las
Facultades. Del resultado de ese examen se podrá deducir qué centros preparan
mejor para el ejercicio de esa profesión. He defendido desde el primer día que
este sistema va a provocar que la valoración de una Facultad (de sus programas
y profesores) dependerá, en una medida notable, de su capacidad a la hora de permitir
a sus alumnos la integración en el mundo profesional.
Madrid,
13 de junio de 2014
