Las crisis económicas generan, entre otros muchos efectos perniciosos, una sensación generalizada de temor. En determinados casos ese temor es político o, mejor, se manifiesta por medio de propuestas políticas. Lo padecen los gobiernos y los grupos parlamentarios que los apoyan cuando declaran su preocupación por situaciones que pueden afectar a empresas españolas en el marco de la crisis económica. Se advierte un temor defensivo, que se expresa en la simple manifestación de lo que se conoce como “nacionalismo económico”.
El Gobierno está afectado, si hacemos caso a la información que publicaba el pasado 27 de febrero el Diario Expansión, con amplia cobertura: “El Gobierno quiere proteger a los grupos españoles de accionistas-hostiles”. Siempre me ha parecido una provocación hablar de accionistas hostiles, puesto que atribuir una enemistad con una sociedad mercantil a quien está dispuesto a invertir en su capital una cantidad importante, parece cuando menos paradójico. Habría que calificarles más bien como inversores hostiles: hacía la política económica del Gobierno, hacía determinados aspectos estratégicos de esa política o hacia los gestores de esa sociedad cuya continuidad se presenta con frecuencia como un factor de estabilidad.
Parece que se está estudiando la adopción de medidas que permitan a las empresas españolas defenderse frente a operaciones animadas por la baja cotización bursátil de las acciones representativas del capital de muchas de ellas, que invita a algunos inversores a “comprar barato”. Señala una columna incluida en “La Llave” del citado Diario:
“La necesidad acuciante de liquidez o capital por parte de algunas empresas, incluso la búsqueda de un socio financiero con el que defenderse de un inversor incómodo, puede llevarles a caer en brazos de grupos extranjeros opacos o con intereses ajenos a los de la mayoría accionarial de la compañía en una operación que termine siendo contraproducente y perjudicial. En este sentido, en el nuevo Gobierno existe cierta preocupación por la hiperactividad de los fondos soberanos y de otros inversores oportunistas sobre empresas españolas. Por ello, se plantearían la limitación de los derechos políticos a determinados accionistas extranjeros, aunque, eso sí, respetando la regulación europea en la materia, que podría salvarse exigiendo el llamado principio de reciprocidad que ya aplican países como Alemania, Francia e Italia. De igual modo, los extracomunitarios verían restringida su capacidad de influencia si supone "un riesgo para el orden público o para la seguridad".
Algunas de esas afirmaciones son cuestionables, mientras que otras apuntan a temas manidos. El aspecto más relevante cuando se plantean las medidas defensivas es el principio de reciprocidad. Parece difícil aceptar que se permita el desembarco en España y la compra de grandes empresas a sus competidores europeos, mientras que en los ordenamientos de origen de esos grandes grupos plantear la posibilidad de adquirir su control es sencillamente una operación prohibida. Cualquier Gobierno sensato pensará que por mucho que sea el afán liberalizador, no puede llevar a que las empresas propias jueguen en una situación de desventaja.
Según la información del Diario Expansión, el Partido Popular barajó algunas de estas medidas cuando encontrándose en la oposición se discutió la eliminación de los límites al número máximo de votos:
“El planteamiento del Ejecutivo, recogido en varias enmiendas presentadas por el PP -y finalmente retiradas- a esa ley, consistiría en permitir a las empresas españolas, sean cotizadas o no, introducir limitaciones excepcionales de voto a un accionista de un Estado que permita a su vez limitaciones de voto, "apelando al principio de reciprocidad".
En esta misma línea, otra de las modificaciones que podría empezar a analizar el Ejecutivo se centra en someter a la aprobación del Ministerio de Industria las inversiones extracomunitarias que supongan alcanzar un 25% de los derechos de voto en una sociedad española, en caso de que impliquen "un riesgo para el orden público o la seguridad pública".
En esa misma línea opera el anuncio que el pasado sábado daba Cinco Días del propósito de trasladar al Ministerio de Industria las competencias que al amparo de la conocida Función 14 ejercitaba la Comisión Nacional de la Energía, hoy llamada a desaparecer. El título es expresivo: “El Gobierno recupera los poderes para vetar operaciones corporativas”. La medida aparece prevista en el Anteproyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:
“Aunque la nueva comisión estará adscrita al Ministerio de Economía, que recupera la investigación de prácticas contrarias a la libre competencia y será el encargado de abrir expedientes (una labor que ejerce ahora la CNC), la potestad regulatoria del resto de organismos pasa a los ministerios a los que estaban adscritos, por lo que, según diversas fuentes, la independencia en las actuaciones queda en entredicho.
En el caso del Ministerio de Industria, este refuerza de manera relevante sus poderes al asumir las competencias regulatorias de los dos organismos sectoriales más importantes: la Comisión de la Energía y la de Telecomunicaciones (también con el Consejo Audiovisual).
En el ámbito energético, por tanto, este ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Energía, tendrá potestad para autorizar (o vetar) la compra de participaciones de empresas (o por empresas) con actividades reguladas (distribución y transporte de gas o electricidad) o activos que la actual legislación considera estratégicos, como es el caso de los gasoductos internacionales, las centrales nucleares o las de carbón nacional.
Se trata de la llamada función 14 que ejercía la CNE y cuya aplicación en operaciones corporativas, como las opas sobre Endesa, fue muy polémica. Además, el ministerio que dirige José Manuel Soria (que aprueba las tarifas eléctricas) asumirá la labor de inspección en todos los sectores energéticos; la liquidación de los ingresos del sistema eléctrico y del gas, así como la apertura de expedientes sancionadores que sean competencia del Estado y de coordinar las reclamaciones”.
Madrid, 5 de marzo de 2012
