Hace algunas semanas solicité de dos alumnos de 4º curso de la Licenciatura de Derecho –Loreto Zumalacárregui y Jaime Portillo-, que prepararan una exposición sobre los aspectos principales de la reforma propuesta por la Comisión Europea para la auditoría de cuentas anuales. Acertaron al exponer los relevantes puntos que eran objeto de debate. He recordado esa exposición al leer este lunes en Expansión varias referencias al tema. Una reforma ambiciosa y cuyas claves resumía la nota de prensa con la que se abría la presentación de los distintos documentos a finales de noviembre de 2011.
Me referí al inicio de ese proceso en una anterior entrada, en la que señalaba que la actividad de auditoría parecía sumida en una sucesión de reformas que impedían la estabilidad de las medidas adoptadas. Los titulares de hoy de Expansión reiteran la existencia de abiertos enfrentamientos en torno a la reforma en curso, pues se habla de “guerra” o de “gresca”. ¿Entre quiénes? Parece que entre las cuatro grandes auditoras y el resto:
“La revolucionaria propuesta de la Comisión Europea para homogenizar las reglas de juego del sector auditor a nivel continental ha ahondado, si cabe, la contrapuesta visión del negocio que tienen las grandes compañías frente a las pequeñas y medianas.
…
Es evidente que la pretensión final de las autoridades europeas es incrementar la competencia en una industria esencial para el correcto funcionamiento de los mercados y la salvaguarda de la confianza de los inversores en las empresas comunitarias, pero resulta discutible la vía elegida. Las grandes asociaciones empresariales del continente ya expresaron públicamente hace tres meses su temor a que se viese resentida la calidad de las revisiones de cuentas si se implanta la propuesta de Bruselas, además de una notable dilatación y encarecimiento de los procesos”.
Siempre siguiendo a Expansión y a numerosas informaciones que se han ido publicando a lo largo de estos meses, existe también una discrepancia entre las posturas de distintos Estados miembros. La reforma debiera concretarse en dos textos legales: un Reglamento sobre las condiciones específicas con respecto a la auditoria de entidades de interés público y una Directiva por la que se modifica la Directiva relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas. Parece que es la adopción del Reglamento el punto más debatido.
Madrid, 12 de marzo de 2012
