Cerrado por vacaciones

Este blog se interrumpe hasta septiembre.

Gracias a quienes me han ayudado a llevar adelante el blog, así como a sus lectores.

Madrid, 27 de julio de 2012

Proxy advisors: propuestas para una futura regulación

El movimiento a favor de una mayor implicación de los accionistas en la preparación y celebración de las juntas generales en sociedades cotizadas ha revestido de protagonismo a las entidades que se dedican al “asesoramiento de voto”. La aparición de estas entidades revela la creciente complejidad que cobran la organización y el funcionamiento de las juntas en las sociedades cotizadas y la preocupación por un ejercicio efectivo del derecho de voto.

La OCDE y las operaciones vinculadas

En la regulación del deber de lealtad de los administradores ha merecido especial atención el establecimiento de un deber de información y eventual autorización o abstención para supuestos de operaciones con partes o personas vinculadas con el propio administrador (v. arts. 229.2 y 231 de la Ley de Sociedades de Capital).  Este principio se ha visto completado dentro del movimiento del buen gobierno corporativo, buscando concretar aquellos aspectos del régimen de las operaciones vinculadas que aseguren la eficacia de los principios legales favorables a la primacía del interés social. Así, nos encontramos con la Recomendación 8 del Código Unificado de Buen Gobierno (CUBG) que establece en su apartado c. como competencia del Consejo la consistente en aprobar las “operaciones vinculadas”, siendo recomendable igualmente que ese acuerdo hubiere contado con el informe favorable previo del Comité de Auditoría (en los términos previstos de manera específica por la Recomendación 52.c CUBG).

RDBB 126 (2012)

El número 126 de la Revista de Derecho Bancario y Bursátil (abril-junio 2012), ya se ha publicado. El sumario correspondiente a dicho número es el siguiente:

Circular del Banco de España sobre defensa de la clientela

El art. 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, introdujo en nuestro ordenamiento el principio de la tutela normativa (y administrativa) de la clientela de las entidades de crédito. Aquel precepto tenía un contenido esencialmente declarativo y habilitante, pero el tiempo lo ha convertido en el fundamento de una disciplina que, sobre todo a partir de su desarrollo reglamentario y de la indudable importancia que en la vida cotidiana ha alcanzado la contratación bancaria, ha alcanzado una enorme relevancia social, así como una complejidad técnica creciente. El desarrollo reglamentario inicial se concretó en la Orden de 12 de diciembre de 1989 y en la Circular 8/1990 del Banco de España. Esa concreción reglamentaria de la defensa de la clientela –a la que durante decenios ha acompañado una igualmente cualificada doctrina jurisprudencial- ha sido objeto de una profunda reforma a raíz de las disposiciones establecidas en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (LES). 

Posiciones cortas: de nuevo, prohibidas

Vuelve la prohibición de las posiciones cortas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores en su Acuerdo hecho público ayer, la justificó a partir de “la situación de extrema volatilidad que atraviesan los mercados de valores europeos” y la necesidad de defender la estabilidad financiera en los mercados. No parece cuestionable que estamos instalados en un escenario de excepcional inestabilidad, al igual que resulta notorio que nos encontramos ante una medida reiteradamente solicitada por numerosas sociedades cotizadas. 

La CNUDMI y la microfinanza

En fecha reciente y cara al 45º periodo de sesiones cuya celebración estaba prevista entre los meses de junio y julio de 2012, la Secretaría de la CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional)  publicó una Nota titulada “Algunas cuestiones de orden legislativo que repercuten en la microfinanza” (v. documento A/CN.9/756, de 20 de abril de 2012). Con carácter previo, también en el mes de abril de 2011 la propia Secretaría había ya elaborado una Nota sobre este mismo tema (A/CN.9/727).

Crisis financiera y respuesta oportuna (por cercana)

Suele repetirse que una Justicia lenta, no es Justicia. Los efectos de un comportamiento ilícito deben ser enjuiciados y sus responsables sancionados en momentos próximos a su acaecimiento. Pretensiones que topan, sin embargo, con realidades que “explican” su no cumplimiento. Entre esas realidades cabe mencionar la complejidad que implica determinar hechos y sus responsables.

Gran Bretaña: adiós al voto consultivo en materia de retribución de los administradores

Las iniciativas británicas en materia de buen gobierno han tenido una notoria influencia sobre las correspondientes adoptadas en otros países. Probablemente como reflejo de la relevancia de Londres como plaza financiera. Es por eso que tendrá una particular influencia el cambio anunciado a finales de junio pasado en orden a modificar el marco normativo de control por los accionistas (mejor, por las juntas generales en las sociedades cotizadas) de la retribución de los administradores. El aspecto principal de esa reforma es el que afecta a la votación de los informes de retribución, que de tener un carácter meramente consultivo pasará a ser vinculante. A la aceleración de ese proceso y a los concretos  pasos que se han dado ya se refiere la documentada crónica que bajo el título Directors’ remuneration: The Story Continues, abre el último número de la Company Law Newsletter de Sweet & Maxwell (nº 318, 28 de junio de 2012, pp.1 a 3).

Consejos y cuota femenina

Tomo el texto de una reciente intervención de la Comisaria Viviane Reding para completar anteriores entradas sobre este tema. En su reciente discurso titulado  "The Tug-of-War over the Women Quota", la Comisaria realizó un balance de la situación y confirmó los próximos pasos tendentes a fomentar una mayor presencia femenina en los Consejo de  las grandes sociedades europeas.

Tesis doctorales (II): Ascensión Gallego Córcoles en la UCLM

Para hacer buena mi afirmación acerca de que julio es el mes de las Tesis doctorales, el pasado 12 de julio tuve la oportunidad de participar en Albacete, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla la Mancha (UCLM), en el acto de defensa de su trabajo por Ascensión Gallego Córcoles. Formé parte del Tribunal junto con los Profesores Alberto Alonso Ureba, Jaime Zurita y Javier García de Enterría y, puesto que era una Tesis insertada en el programa de Doctorado con reconocimiento internacional, se había invitado también a una de las referencias europeas en materia Derecho de sociedades el Profesor Theodor Baums. La tesis se titulaba “La intervención de la junta general de accionistas ante la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones”. Un tema complejo y resuelto de manera magnífica con una obra que creo que se convertirá, una vez que se publique, en una referencia en esta materia.

Tesis doctorales (I): Juan Ignacio Signes en la UCM

Sobre la lectura de esta tesis, remito a la entrada que he colgado en el blog Mercantil desde la Complutense.

Madrid, 19 de julio de 2012

7º Simposio de la ECFR

En una remota entrada me referí a uno de los Congresos anuales que celebra la European Company and Financial Law Review (ECFR), que, por otro lado, es una publicación cuya existencia hay que celebrar pues evidencia la armonización registrada por el Derecho de sociedades, que cada vez tiene un mayor componente europeo.

Esta vez no pretendo ofrecer la crónica de un evento celebrado, sino dar noticia de uno próximo: el 7º Simposio de la ECFR, a celebrar el próximo 28 de septiembre de 2012 en Luxemburgo. El programa figura en la carta de invitación remitida por distintos Profesores europeos (entre los que figuran los Profesores Luis Fernández de la Gándara y José Miguel Embid Irujo). El tema general del Simposio es interesante: Corporate Governance: Duties and Liabilities of Board Members and The Transfer of Seat.

Madrid, 19 de julio de 2012

Alberto Tapia y las sociedades cotizadas

Desde hace muchos años soy testigo privilegiado del trabajo y de la capacidad acreditada del Profesor Alberto Tapia para publicar y construir obras de especial interés. En esta ocasión quiero hacerme eco de la reciente publicación de su libro titulado “Sociedades Anónimas Cotizadas y Ofertas Públicas de Adquisición” (RMV monografía nº 9, Madrid 2012, 314 pp).

Una propuesta para la apelación civil (mercantil)

En la jurisdicción civil, la tendencia a restringir las resoluciones recurribles en casación (v. art. 477 Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC-) ha dotado de especial relevancia al recurso de apelación. Bajo la LEC vigente, la tramitación de éste ha pasado a ser íntegramente por escrito, en un cambio radical frente a la extrema oralidad que acompañaba ese recurso bajo la derogada LEC de 1881. Ninguna de las soluciones me ha parecido óptima, sobre todo por la limitación que supone cualquiera de las alternativas para un recurso fundamental en el debate de los asuntos mercantiles.

Lo mejor suele ser enemigo de lo bueno, suele decirse. No sé cuál es la solución idónea, pero lo que es notorio es que, cualquiera que fuese, sólo será buena si se diseña para ser puesta en práctica en relación con la carga real de trabajo de nuestros Tribunales. Un buen conocedor de la situación es el Magistrado Antonio García Paredes, que presenta y defiende una propuesta de revisión del recurso de apelación civil que me parece razonable [la desarrolla en “<<El Sr. Letrado tiene la palabra>> (De la oralidad en la Segunda Instancia)”, OTROSÍ 11 (2012), pp. 25-30]. Puede decirse que es una propuesta mixta, cuyos trámites principales serían: (i) las partes deberán presentar por escrito un guión o sumario que sirva para conocer los motivos de la apelación y (ii) esos motivos podrán ser defendidos de forma desarrollada en una vista. 

Madrid, 17 de julio 2012

OPVs

La situación económica en la que estamos instalados desde hace algunos años ha provocado que los mercados de valores vivan en una notable atonía. En estos últimos años son escasas las operaciones corporativas de importancia, ya sean para acceder a esos mercados, ya para adquirir el control de empresas cotizadas. 

Informe Gobierno Corporativo IBEX-35

Siguiendo una tradición del blog, me quiero referir a la publicación y presentación el 11 de julio por la CNMV de su Informe Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades del IBEX-35 correspondiente a 2011. Se trataba de un ejercicio con cambios derivados de novedades normativas. Extraigo de la nota de prensa las siguientes observaciones:

La CNMV y el derecho al dividendo

El artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores encomienda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como una de sus funciones principales, la “protección de los inversores” y la autoriza a promover “la difusión de cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución” de ese fin, al igual que sucede con las restantes funciones atribuidas a dicho organismo. Son inversores merecedores de tutela los actuales (p.e., los accionistas que han invertido), así como quienes puedan serlo o hayan dejado atrás esa condición. La experiencia nos enseña (me refiero en especial a la experiencia comparada) que esa función protectora se expande constantemente y que, al final, es la actuación de los Supervisores de los mercados de valores la más eficaz defensa de los accionistas, a la vista de que el diseño normativo de control de los administradores y de los accionistas (minoritarios) de control no es eficiente. 

Lo que importa

Son por desgracia muchas las noticias que animan un discurso crítico con la actividad bancaria y con sus protagonistas, los administradores y directivos de entidades de crédito. Digo por desgracia por lo obvio: son empresas que viven del crédito, de la confianza de todos en su solvencia y correcta actuación. Más allá de la trascendencia que puedan tener concretas situaciones y supuestos “escándalos”, hay otras que reclaman una reacción proporcional a la gravedad de lo que se plantea. 

Nueva Sentencia del Tribunal de Justicia sobre información privilegiada

Vuelvo sobre la contribución de la jurisprudencia europea con respecto a la delimitación de lo constituye información privilegiada. En una precedente entrada ya me ocupé de otra Sentencia con contenido cercano a la que hoy paso a comentar. Se trata de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2012 en el caso Geltl contra Daimler AG (C-19/11) y que ha contado con la presencia de una pluralidad de partes, entre ellas varios Gobiernos europeos, junto con la Comisión Europea. El asunto es importante y su doctrina será relevante. No descarto que se publiquen sucesivos comentarios de esta decisión en revistas especializadas. Me limitaré aquí a dar los aspectos generales de la cuestión resuelta.

Centro de Información de Estadística del Notariado

El estudio actual de la realidad mercantil cuenta con una nueva e importante herramienta a través de las estadísticas que pueden consultarse por medio de Internet. Por eso ha de ser recibido con gran satisfacción el paso dado por el Consejo General del Notariado que ha creado su Centro de Información de Estadística del Notariado (CIEN).

Nuevo número de la Revista de Derecho del Transporte

Se acaba de publicar el último número de la Revista de Derecho del Transporte [Rdt 9 (2012)], cuyo contenido puede consultarse a través de dialnet.

A pesar de su juventud, la Rdt se ha consolidado como una publicación de especial calidad, que anima a profundizar en el estudio de esa materia y que ofrece una información actualizada sobre la regulación de las distintas modalidades de transporte.

Madrid, 4 de julio de 2012

Impugnación de acuerdos y legitimación activa

En su Sentencia de 18 de junio de 2012, la Sala Primera del Tribunal Supremo aborda la cuestión de la legitimación activa en el procedimiento de impugnación de acuerdos sociales (Roj: STS 4213/2012). Como se verá, es un tema debatido. En el caso en cuestión, la norma debatida era el art. 117 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, hoy recogido en el art. 203 de la vigente Ley de Sociedades de Capital que dispone en su primer apartado:

“1. Para la impugnación de los acuerdos nulos están legitimados todos los socios, los administradores y  cualquier tercero que acredite interés legítimo”.