Las iniciativas
británicas en materia de buen gobierno han tenido una notoria influencia sobre
las correspondientes adoptadas en otros países. Probablemente como reflejo de
la relevancia de Londres como plaza financiera. Es por eso que tendrá una
particular influencia el cambio anunciado a finales de junio pasado en orden a
modificar el marco normativo de control por los accionistas (mejor, por las
juntas generales en las sociedades cotizadas) de la retribución de los
administradores. El aspecto principal de esa reforma es el que afecta a la
votación de los informes de retribución, que de tener un carácter meramente
consultivo pasará a ser vinculante. A la aceleración de ese proceso y a los
concretos pasos que se han dado ya se
refiere la documentada crónica que bajo el título Directors’ remuneration: The Story Continues, abre el último número
de la Company Law Newsletter de Sweet & Maxwell (nº 318, 28 de junio de
2012, pp.1 a 3).
El contenido de la
reforma puede consultarse en la web correspondiente del Department for Business
Innovation & Skills (BIS), que entre los varios documentos que ofrece desde el anuncio
de las nuevas medidas se incluye el titulado Directors’
pay: guide to Government reforms, del que reproduzco la justificación del
cambio relativo al voto vinculante de la Junta:
“The current advisory shareholder vote on the
directors’ remuneration report was designed to give shareholders an effective
and more focused way in which to influence directors’ pay. However feedback
from shareholders is that many companies are not responding adequately to their
concerns.
These shortcomings need to be addressed. The
Government will introduce a new binding vote on a company’s pay policy in order
to empower shareholders and encourage improved dialogue with the companies they
own. This vote will require the support of a majority of shareholders voting to
pass.
Companies will set out their proposed pay policy as
shown in Table A, including potential payments and the performance measures
that will be used. They will also have to set out their policy on how exit payments
will be calculated. Once approved by shareholders, companies will be
required to act within the pay policy and will not be able to make payments
outside the scope of that policy. For the first time there will be a real and
binding control on pay”.
Son palabras que ilustran con claridad el alcance del
cambio proyectado, que es previsible que, una vez adoptado, sea emulado en los
años siguientes por otros legisladores.
Madrid, 20 de julio de 2012
