La ejecución hipotecaria –a la que
dediqué la anterior entrada-
sigue concitando una amplia atención informativa, ilustrada por la acumulación
de tragedias y dramas vinculados con casos concretos. El debate jurídico al
respecto se ha intensificado, en buena parte por la polémica que ha acompañado
la presentación y no asunción por el Consejo General del Poder Judicial del Informe
anexo que acompañaba a otro más amplio sobre la reforma de los procesos
civiles. A ese Informe, o mejor, a las noticias dedicadas al mismo dediqué
aquella entrada, que hoy se ve complementada por medio de la inclusión del
citado documento, titulado “Propuestas
para la agilización y reforma de los procesos civiles” y que El País puso a
disposición de sus lectores.
El documento constituye un
pormenorizado repaso por diversos aspectos de la regulación procesal civil que
pueden reformarse. Los últimos apartados se refieren a la Ley Concursal (en
cuestiones como la sección de calificación o la tramitación de los incidentes
concursales) y a la Ley de Sociedades de Capital (con una propuesta que trata
de zanjar la frecuente e inacabable litigiosidad que –en forma de reiteradas
impugnaciones- acompaña los conflictos entre accionistas). Otras propuestas
pasan por alejar del ámbito de la jurisdicción voluntaria asuntos como la
convocatoria judicial de juntas o los expedientes de Derecho marítimo.
El anexo sobre el problema hipotecario
se titula “Propuestas en materia de sobreendeudamiento familiar y medidas de
protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria
(deuda, aval y pérdida de vivienda)” y se extiende a lo largo de las ocho páginas
finales del Informe.
Madrid, 29 de octubre de 2012
