En el último número de la siempre
interesante The Business Lawyer aparece publicado un amplio estudio (v.,
Stavros Gadinis “The SEC and the Financial Insustry: Evidence from Enforcement
Against Broker-Dealers”, The Busines
Lawyer nº 3, 2012, pp. 679-728). Lo
que ha hecho el autor es llevar a cabo una revisión minuciosa sobre cuáles han
sido las acciones sancionadoras que ha llevado a cabo la SEC. El estudio revisa
la experiencia de los distintos procedimientos abiertos por la SEC allí donde
ha considerado que había infracciones relevantes por parte de bancos u otros
tipos de intermediarios financieros y, en particular, con respecto a lo que era
el periodo previo al estallido de la crisis de los años 2007 a 2008.
El papel de la SEC en estos años a la
hora de detectar la crisis de los mercados de valores y determinadas
operaciones que podían haberla precipitado, ha estado presente en el debate
político y regulatorio de los últimos años en Estados Unidos. Algunas medidas
que se han adoptado en estos años tienen como origen esa revisión de la
actuación de la SEC. El estudio de Gadinis tiene la principal nota de interés de
permitir establecer una cierta distinción entre los sujetos sometidos a la
actuación de la SEC en función de su pertenencia a grandes o pequeñas firmas
bancarias o de intermediación. Su conclusión es que las grandes firmas y las
personas vinculadas con ellas han recibido un trato más favorable de la SEC.
Esta conclusión la formula Gadinis sobre la base de tres conclusiones que
transcribo a partir del resumen del trabajo en cuestión:
“This study
takes a first step in studying empirically SEC enforcement against investment
banks and brokerage houses, examining the agency’s record in the period right
before the 2007-2008 crisis.
This data
suggests that defendants associated with big firms fared better in SEC
enforcement actions as compared to defendants associated with smaller firms in
three important dimensions. First, SEC actions against big firms were
more likely to involve corporate liability exclusively, with no individuals
subject to any regulatory action. Second big-firm defendants were more
likely to end up in administrative rather than court proceedings,
controlling for types of violation and levels of harm to investors. Third,
within administrative proceeding, big-firm employees were likely to receive
lower sanctions, notably temporary or permanent bars from the industry”.
Madrid, 5 de
octubre de 2012
