La reforma del sistema financiero tiene efectos que
exceden las propias entidades afectadas
por la misma. Es lo que está sucediendo con la situación que viven distintas
cajas de ahorros que deben afrontar el desmantelamiento de sus carteras de
participaciones. A esta situación se refería una interesante crónica de
Virginia Gómez en la edición de Cinco Días bajo el título “El
alza bursátil, oportunidad de las cajas para vender cotizadas”. Ahí se
decía:
“IAG,
Mapfre, NH Hoteles, Iberdrola, Deoleo o Tecnocom son solo algunas de las
compañías que en las próximas semanas
podrían ver movimientos en su accionariado con el consiguiente efecto en su
cotización en Bolsa. Todas ellas, junto a una docena más, tienen en común que
entre sus accionistas de referencia cuentan con una o con varias de las
antiguas cajas de ahorros. Estas entidades podrían empezar a soltar lastre y
deshacerse de sus participaciones industriales.
Concretamente,
las entidades nacionalizadas no tienen mucha elección y por imperativo de
Bruselas tendrán un plazo de cinco años para vender su cartera industrial
además de otros activos.
Históricamente,
las cajas de ahorro han guardado su cartera industrial como un tesoro. No era
para menos teniendo en cuenta que eran un buen colchón que les daría plusvalías
cuantiosas si se veían necesitadas de deshacerse de ellas y, por otro,
generaban importantes dividendos.
Reestructuración
Sin
embargo, los importantes cambios que se están produciendo en el sector
financiero están dando un giro a la estrategia de las entidades financieras.
"Los planes de reestructuración de la banca, aunque positivos para devolver
la tranquilidad al sector, implican algunas consecuencias. Una de ellas es la
incertidumbre de qué pasará con las participadas de estas entidades. El proceso
ya se ha iniciado con la venta de Enagás por Liberbank o de Sacyr por
NCG", recuerda Victoria Torre, directora de análisis y producto de Self
Bank”.
En la gestión de determinadas cajas de ahorros durante
los años pasados es posible que haya decisiones que pueden ser objeto de
reproche, pero también hay muchas otras que se podrán seguir justificando sobre
la base de razones que enlazan con intereses que podríamos catalogar como
generales. Me refiero al hecho conocido de que hayan sido cajas de ahorros los
accionistas estables y significativos de no pocas grandes sociedades cotizadas
españolas. La entrada de las cajas coincidía en algún caso con la retirada de los grandes bancos y era
una forma de perseguir la vinculación, a través del capital social, entre la actividad de esas sociedades
cotizadas y los ámbitos territoriales en
los que se desarrollaban las cajas. Además, ciertas participaciones comportaban
dividendos no desdeñables. Sin perjuicio de ello, la legislación contable y
sectorial, podían hacer que el mantenimiento de esas participaciones implicara
cargas relevantes para el patrimonio y los resultados de sus titulares.
Los compromisos asumidos en relación con la
reestructuración obligan a que esas participaciones sean transferidas por las cajas
y la duda que surge es quiénes van a ser
los nuevos accionistas significativos en las grandes sociedades cotizadas. El
cambio no es de mera titularidad, sino que apunta a la estructura de nuestros mercados de valores.
Es sabido que si se comparan los mercados anglosajones con los de la Europa
continental, mientras que en los primeros se observa una extraordinaria
dilución o atomización del capital en las sociedades cotizadas, en Europa se
sigue manteniendo la posibilidad de que una sociedad cotizada tenga accionistas
de control, entendiendo por tales los que mantienen participaciones
significativas y, en muchos casos,
superiores al 50% del capital
social. El mercado español se caracteriza por esa propiedad concentrada.
La crisis de las cajas va a ser la de nuestros mercados de valores pues va a
obligar a adaptar la realidad de algunas de las más importantes sociedades españolas a un nuevo tiempo. Cabe
plantear si en esa nueva fase, la
distribución del capital social podrá seguir garantizando la tutela de los
mismos intereses que perseguían las cajas cuando tomaron la decisión de
adquirir esas participaciones significativas.
Madrid, 4 de febrero de 2013