Esta
entrada me atrevo a decir que interesará sólo a los investigadores jurídicos.
Pero interesará a todos ellos. A través de dialnet tuve conocimiento de la
publicación de un artículo de la Profesora de la Universidad de Cádiz (de la
que es Catedrática de Derecho Civil), María Paz Sánchez González “¿Debo pedir
disculpas por dedicarme a la investigación jurídica?”, Revista de Derecho
Privado 3 (2015), pp. 87-96.
La
simple noticia del artículo me pareció tan sugerente que ante la perspectiva de
no poder acceder a la Revista hasta dentro de unas semanas, me atreví a
solicitar el texto a la autora que me ha atendido con amabilidad y desde aquí
agradezco.
Vaya
por delante que la autora concluye que no debe disculparse por hacer lo que
hace y que sus argumentos son válidos y valiosos para quienes nos dedicamos a
investigar y publicar en cualquiera de las ramas jurídicas. El valor de su
exposición se incrementa por el análisis que hace de la “inferioridad”, por utilizar un término descriptivo pero útil, en la
que se encuentra la investigación jurídica ante los criterios que se aplican
actualmente para evaluar la producción científica y, por supuesto para, a
partir de ellos, valorar la capacidad de quienes aspiran a acceder a las
distintas plazas docentes.
La
Profesora Sánchez González explica en qué medida la evaluación de las
publicaciones científicas se encuentra predeterminada por una serie de
criterios completamente alejados de los que suelen primar en las ciencias
jurídicas (probablemente también en las publicaciones vinculadas con otras
ciencias sociales). Apunta, por ejemplo, la divergente valoración que merece la
publicación de trabajos individuales o conjuntos o el sorprendente desprecio
que merece la publicación de una monografía. También me ha parecido esencial la
denuncia de la postergación de las revistas jurídicas en los índices más
difundidos para evaluar la calidad de artículos publicados en ellas.
En
suma, un breve, contundente y oportuno toque de atención sobre la injusticia
que se está produciendo en la evaluación de las investigaciones jurídicas. Una
injusticia que nace de la incorporación acrítica y errónea en no pocos aspectos
de criterios procedentes de otros campos e investigadores científicos, que han tenido la
suerte o la capacidad político-educativa de imponer como criterios de
valoración general aquellos que se adaptan especialmente a las disciplinas en
las que se mueven.
Pienso
en tantos jóvenes y menos jóvenes compañeros que pueden verse afectados por esa
injusticia, que además del daño a las personas, se convertirá en un perjuicio
para las propias Facultades de Derecho. Por eso me atrevo a animarles para que
lean con atención el artículo que motiva esta entrada.
A
todos los que participamos de esa labor investigadora lo que nos toca es
defenderla, comenzando por reclamar criterios de valoración que se adapten a
sus características propias.
Madrid,
30 de julio de 2015
