El antecedente del auto lo ofrece la negativa a llevar adelante la convocatoria de la junta general solicitada por el accionista, lo que dio lugar al Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Madrid denegando la convocatoria cuyos extremos eran los siguientes:
“TALLERES AREVALILLO, S.A." que había sido solicitada por el socio don Juan Pablo para que se celebrara bajo el siguiente orden del día:
1º.- Contrato suscrito por la Administradora Única con el Grupo LUNIA. 2º.- Someter su aprobación, en su caso, a la Junta de Accionistas”.
“La junta general de socios tiene por objeto deliberar y decidir sobre los asuntos propios de su competencia (artículo 93 de la Ley de Sociedades Anónimas (RCL 1989, 2737 y 1990, 206)). Dicha competencia, tratándose de sociedades anónimas, aparecía dispersa a lo largo del articulado y ahora, a semejanza de lo que se preveía en el artículo 44 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se recoge en el artículo 160 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RCL 2010, 1792 y 2400), cuando indica que es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social; b) el nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos; c) La modificación de los estatutos sociales; d) el aumento y la reducción del capital social; e) la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente; f) la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero; g) la disolución de la sociedad; h) la aprobación del balance final de liquidación; I) cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.
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Por otra parte, celebrado el contrato de cesión de los talleres por la administradora única en representación de la sociedad, tampoco procede convocar judicialmente la junta con el objeto de que ésta se pronuncie sobre su aprobación, pues no es competencia de la junta ratificar los actos realizados por el órgano de administración en el ámbito de su competencia y menos cuando se trata de una sociedad anónima en la que ni siquiera se prevé que la junta pueda impartir instrucciones al órgano de administración o someter a autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión (artículo 44 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada), sin perjuicio del reproche que pueda merecer la gestión del órgano de administración y de las acciones que el ordenamiento jurídico pone a disposición del socio o de la sociedad para exigirla o, en su caso, para combatir la eficacia del acto o acuerdo si el administrador se hubiera excedido en su representación en aquellos supuestos en que sea legalmente posible ( artículo 129 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y, actualmente, artículo 234 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)”.
Finalmente, el argumento decisivo a la hora de la confirmación de la negativa a la tramitación de la solicitud de convocatoria, radica en la idea de que el derecho de solicitar la convocatoria no puede ser un instrumento para la mera satisfacción del derecho de información del socio o accionista:
“En ningún caso puede convertirse el derecho de información del socio, vinculado a los asuntos del orden del día sobre los que la junta general tiene que deliberar y decidir, en objeto mismo de la convocatoria de la junta para que los accionistas obtengan determinada información o documentación y, en consecuencia, los socios carecen de acción para solicitar la celebración de una junta general de contenido informativo.
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En definitiva, el apelante pretende la convocatoria de la junta con el único objeto declarado de obtener información sobre el contenido del contrato de cesión de determinados activos celebrado por la administradora y, en su caso, como señala el auto apelado, para provocar artificialmente un acuerdo con el objeto de impugnarlo judicialmente y, en consecuencia, no se aprecia que la resolución recurrida vulnere los artículos 100 y 101 de la Ley de Sociedades Anónimas ni los artículos 6.4 y 7.1 del Código Civil (LEG 1889, 27) que, genéricamente, se invocan como infringidos en el escrito de interposición del recurso y que, con el mismo carácter, aquí se rechaza”.
En suma, se apunta que el derecho examinado puede constituir el núcleo objetivo de un supuesto de abuso de la minoría.
Madrid, 2 de febrero de 2012
