Dentro de la intervención pública sobre la actividad empresarial, uno de los aspectos más visibles de esa intervención la constituye la presencia y actividad de distintas Comisiones equívocamente presentadas como organismos “reguladores”, más concretamente, supervisores y que son el objeto de la atención legislativa y reformadora del Gobierno. La reseña informativa del Consejo de Ministros celebrado el viernes pasado anunciaba la presentación de un Anteproyecto de Ley de reforma de órganos supervisores. Una reforma de calado, puesto que lo que se propone es pasar de una pluralidad de instituciones existentes y previstas, a una sola superviviente, la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. La reseña del Gobierno explica brevemente cómo se llegó a la situación actual:
“…en los años 90 se crearon una serie de organismos supervisores de la actividad en determinados mercados de red, tales como la energía o las telecomunicaciones: la Comisión Nacional de Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
En 2007 se creó la Comisión Nacional del Sector Postal y en 2011, tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, se crearon dos nuevos organismos: la Comisión Nacional del Juego y la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria. A éstos habría que añadir el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, previsto en la Ley General de Comunicación Audiovisual, que no se va a crear”.
El cambio supone abandonar el modelo de órganos destinados a vigilar determinados sectores y pasar a una “supervisión multisectorial”:
“Este número de reguladores es excesivamente elevado, no sólo por razones de costes, sino porque, dado lo avanzado del proceso de liberalización y transición a la competencia que se inició en los años 80 y 90 y los grandes avances tecnológicos, es precisa una revisión del modelo que garantice una supervisión multisectorial”.
Las razones dadas por el Gobierno:
“Tres razones motivan este cambio institucional:
En primer lugar, la seguridad jurídica. Esta reforma permitirá clarificar las competencias, aplicar criterios homogéneos en ámbitos regulatorios con las mismas características económicas y, además, garantiza la necesaria armonización entre la política sectorial y de competencia, reduciendo la incertidumbre regulatoria.
Además, se incrementará la eficiencia en la asignación de los recursos públicos, evitando duplicidades por el solapamiento de funciones, y alcanzando sinergias y ahorros adicionales. En Alemania, donde existe un único regulador multisectorial, se ha producido un ahorro del 25 por 100 de los gastos de funcionamiento entre 2006 y 2011. El ahorro afectará también al sector privado, ya que la integración favorece la simplificación y reducción de la carga administrativa.
Por otro lado, mejora la calidad supervisora al aunar en un solo órgano un profundo conocimiento técnico, sectorial y de competencia. El incremento de la calidad vendrá determinado también por la mayor independencia y neutralidad del Organismo”.
Aunque la justificación económica de las medidas propuestas no es baladí en tiempos de aguda crisis y general recorte del gasto público, se trata de una contemplación secundaria de la cuestión. La supervisión de una Economía que figura entre las principales del mundo merece la adecuada dotación de instituciones y medios. Sucede, probablemente, que el sistema que se quiere reformar nunca ha terminado de encontrar una adecuada justificación, ni en su creación, ni en su funcionamiento. Algunos órganos superiores han evidenciado, además, que en su actuación en asuntos principales terminaba primando la filiación política de sus integrantes, con el consiguiente descrédito para la institución.
La medida anunciada ha merecido acogidas entusiastas, como la que refleja el editorial de ABC del pasado domingo bajo el título "Regulador único: más eficaz y barato":
“Las llamadas ‘administraciones independientes’ deben serlo de hecho, y no solo de nombre. Concentrar las competencias en un único órgano dificulta que los puestos a cubrir sean objeto de un reparto de cuotas partidista, urdido para devolver favores o colocar a políticos incómodos.
En los organismos reguladores deben estar los mejores por su competencia técnica para evitar que se conviertan en una prolongación de los partidos. Además de racionalizar y depurar su estructura, el objetivo del Gobierno es evitar duplicidades y contradicciones que pongan en peligro la seguridad jurídica, reforzando las garantías de los consumidores. En definitiva, se trata de una medida positiva desde todas las perspectivas, porque ‘adelgaza’ la estructura administrativa y favorece la eficacia. Las administraciones públicas consiguen la confianza de los ciudadanos cuando actúan con criterios de transparencia y de servicio público al margen de intereses particulares o corporativos”.
Veremos si tan buenas intenciones cristalizan en la futura Ley y, sobre todo, en el desempeño de su función por la poderosa Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Madrid, 28 de febrero de 2012
