El pasado día 6 de febrero tuvo lugar una sesión del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios en el Parlamento Europeo que en el debate sobre las reformas en la Directiva de abuso de mercado dio lugar a algunas intervenciones interesantes que recoge la correspondiente nota de prensa. En primer lugar, la referida a la situación que ofrecen los distintos ordenamientos europeos con respecto a la información privilegiada. La legislación en preparación trata de superar esta situación de disparidad entre aquellos Estados que castigan penalmente la utilización de información privilegiada en los mercados de valores y aquellos otros que solamente contemplan ese comportamiento para sanciones de naturaleza administrativa. En nuestro ordenamiento el uso de información privilegiada puede dar lugar a sanciones administrativas hasta que en virtud del importe del beneficio o perjuicio registrados, se traslada la sanción al ámbito penal (art. 285 del Código Penal). Desde la perspectiva europea, la disparidad de legislaciones entre unos y otros ordenamientos es contradictoria con la propia idea del mercado único.
De lo que relata la nota de prensa sobre esa sesión destaca un punto que me parece fundamental a la hora de regular adecuadamente la información privilegiada. Precisamente porque se trata de un concepto que permite llegar a sanciones de naturaleza penal, el ordenamiento tiene que llevar a cabo una mejor y más precisa definición de lo que es información privilegiada relevante. Al parecer, varios parlamentarios europeos exigieron que en esa nueva Directiva de armonización se produzca una definición suficientemente precisa al respecto:
“Sanctions
MEPs welcomed plans proposed in the directive to harmonise sanctions, but stressed that to make them effective, accurate definitions are needed, e.g. of "relevant insider information". Arlene McCarthy (S&D, UK), rapporteur on both the market abuse directive and regulation, added that both kinds of sanctions, administrative and criminal, should remain in use. For market players who are not deterred by financial sanctions, Pascal Canfin (Greens/EFA, FR), proposed banning them from the profession instead”.
Otro aspecto interesante y que lleva a una materia tratada en algunas otras entradas es el de los “delatores internos” en las empresas. Los “whistleblowers” también parecen merecer especial atención con respecto a la legislación en preparación y no faltaron declaraciones de algunos parlamentarios acerca de los riesgos que comporta el sistema:
“Whistle blowing
Shadow rapporteur Wolf Klinz (ALDE, DE), worried that the rules on whistle blowing proposed in the regulation could create the wrong kind of incentive for staff. Mr Canfin countered that whistle blowing would be vital to the success of the legislation”.
Madrid, 16 de febrero de 2012
