Cualquier seguidor de la información económica vendrá comprobando a lo largo de las últimas semanas la sucesión de noticias que “anunciaban” una intervención normativa en la retribución de los administradores y directivos en el sector financiero (concretada en el Real Decreto-Ley 2/2012 al que volveré en otra ocasión). En rigor habría que hablar de una nueva intervención normativa puesto que ya sabemos que como consecuencia del impulso comunitario, el Banco de España ya había introducido un mayor control informativo sobre las retribuciones en cuestión. Ahora se da un paso más allá, interfiriendo de lleno en la retribución, esto es, adoptando una limitación normativa del importe que se paga.
Hace algunas semanas el suplemento Mercados de El Mundo publicaba con detalle una serie de casos de retribución en un determinado grupo de cajas de ahorros señalando las cantidades que percibían algunos de ellos. Que un consejero cobre una cantidad de 500.000 euros no me parece que sea lo relevante en términos jurídico-empresariales, sobre todo si lo ponemos en relación con el tamaño y los resultados de la entidad en cuestión. El problema no es la cuantía de la retribución, sino la justificación que cabe dar a la misma. Si resulta que examinamos el curriculum de los beneficiarios de esas altas retribuciones y encontramos que en su trayectoria lo único que destaca es el haber ocupado cargos de concejal, alcalde o similar en algún que otro municipio, las dudas sobre la pertinencia y proporcionalidad de la retribución están justificadas. Veremos entonces donde está el problema: en una legislación que ha permitido que las cajas de ahorros fueran controladas por partidos políticos, sindicatos y otras series de instituciones que se han repartido los puestos en sus órganos de administración en función de la evolución electoral.
Ese es el problema principal y ahí si resultaba imprescindible que interviniera el legislador, sobre todo cuando la viabilidad de las entidades que pagaban esas retribuciones se había logrado a golpe de ayudas públicas que, como se destaca en otros lugares, surgen de los bolsillos de los contribuyentes.
Madrid, 10 de febrero de 2012
