Aunque esté pendiente de completarse reglamentariamente su recepción en nuestro ordenamiento, la votación consultiva del Informe de retribuciones de los administradores en sociedades cotizadas es la principal novedad en nuestro sistema de gobierno corporativo. Por eso me permito repetir las entradas que en otros ordenamientos en los que ya rige esa medida ofrece su aplicación. Me refiero, como habrán adivinado los lectores más informados, a lo que sucede en Estados Unidos y en el Reino Unido en torno al denominado say-on-pay. Porque la aplicación de la medida abre un amplio abanico de nuevas cuestiones que afectan tanto al acuerdo positivo o negativo de la junta, como a la posición de los implicados en la propuesta y ejecución de dicho acuerdo.
Recomiendo la lectura a este respecto de las sucesivas entradas que han aparecido publicadas en el blog The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation. Comienzo con la que en el pasado mes de enero ofrecía una oportuna información sobre el resultado de la vigencia del say-on-pay en su primer año. Annette Nazareth incluía una entrada bajo el título “Say-on-Pay Year Two: a Planning Primer”, que ponía de manifiesto un bajísimo porcentaje de votaciones negativas, a la vez que incluía distintas propuestas para ser adoptadas en la próxima junta general de, precisamente, las empresas en las que se produjo ese rechazo de los accionistas:
“For most companies 2011 was the first year for say-on-pay. The good news is that most emerged from the process unscathed. Only a relative handful (38 of the Russell 3000, including eight in the S&P 500) failed to receive majority support as of October, and those companies are part of a small number (157 and 42, respectively) that received less than 70% of the votes cast.
Shareholders also displayed a strong preference for annual votes, which means that year two is almost upon us. Companies with failed or close votes in 2011 know that they will face heightened scrutiny, particularly as to whether changes were made in response to the vote. But all public companies should consider the lessons learned from year one and make say-on-pay assessment part of their regular annual planning processs”.
Como tendré ocasión de ilustrar en la siguiente entrada, el rechazo de los accionistas a la propuesta retributiva no está exento de riesgos. Por lo tanto, quienes ya han conocido el malestar de sus accionistas con lo que se proponía pagar a los administradores deberían tomar nota y presentarse en la próxima junta general habiendo corregido aquellos aspectos que pudieran haber motivado esa discrepancia mayoritaria de los accionistas.
Madrid, 13 de febrero de 2012
