El mercado
corporativo suizo ha merecido una especial atención por la relevancia de
algunas multinacionales sometidas a su ordenamiento y por determinados casos
concretos que han intensificado el debate retributivo. No está lejana la
renuncia del antiguo Presidente de Novartis a una indemnización que ascendía a
58 millones de euros, cuyo anuncio de pago había generado numerosas y
destacadas reacciones contrarias a pesar de que el beneficiario se había
comprometido a destinar esa suma a actividades filantrópicas, como recogía la
crónica que tomo de Cinco
Días.
Desde el punto de
vista jurídico, especial alcance tiene la aprobación en votación popular
celebrada el pasado domingo de la denominada “Iniciativa Minder” (tomando el
nombre de su principal impulsor), que deberá traducirse en cambios legislativos
con incidencia directa en el Derecho suizo de sociedades. Son modificaciones que inciden en el núcleo
del debate sobre la determinación y el control de las retribuciones de
consejeros de sociedades cotizadas, que en este caso han dado lugar a un intenso
debate entre partidarios y opositores y que se puede seguir a través de
internet.
Con el ánimo de
precisar el alcance de la medida propuesta, reproduzco a partir de la web de la Schweizerische Bundeskanzlei
los que entiendo que son términos literales de la “propuesta popular contra la retribución abusiva” (Volksinitiative gegen die Abzockerei en
su versión alemana):
“Die Bundesverfassung vom 18.
April 19991 wird wie folgt geändert:
Art. 95 Abs. 3 (neu)
3 Zum
Schutz der Volkswirtschaft, des Privateigentums und der Aktionärinnen und
Aktionäre sowie im Sinne einer nachhaltigen Unternehmensführung
regelt das Gesetz die im In- oder Ausland kotierten Schweizer
Aktiengesellschaften nach folgenden Grundsätzen:
a.
Die Generalversammlung stimmt jährlich über die Gesamtsumme aller
Vergütungen (Geld und Wert der Sachleistungen) des Verwaltungsrates, der
Geschäftsleitung und des Beirates ab. Sie wählt jährlich die
Verwaltungsratspräsidentin oder den Verwaltungsratspräsidenten und einzeln die
Mitglieder des Verwaltungsrates und des Vergütungsausschusses sowie die
unabhängige Stimmrechtsvertreterin oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die
Pensionskassen stimmen im Interesse ihrer Versicherten ab und legen offen, wie
sie gestimmt haben. Die Aktionärinnen und Aktionäre können elektronisch
fernabstimmen; die Organ- und Depotstimmrechtsvertretung ist untersagt.
b.
Die Organmitglieder erhalten keine Abgangs- oder andere Entschädigung, keine
Vergütung im Voraus, keine Prämie für Firmenkäufe und -verkäufe und keinen
zusätzlichen Berater- oder Arbeitsvertrag von einer anderen Gesellschaft der
Gruppe. Die Führung der Gesellschaft kann nicht an eine juristische Person
delegiert werden.
c.
Die Statuten regeln die Höhe der Kredite, Darlehen und Renten an die
Organmitglieder, deren Erfolgs- und Beteiligungspläne und deren Anzahl Mandate
ausserhalb des Konzerns sowie die Dauer der Arbeitsverträge der
Geschäftsleitungsmitglieder.
d.
Widerhandlung gegen die Bestimmungen nach den Buchstaben a-c wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren und Geldstrafe bis zu sechs Jahresvergütungen bestraft.
II
Die
Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt ergänzt:
Art 197 Ziffer 8 (neu)
8. Übergangsbestimmung zu
Artikel 95 Absatz 3
Bis
zum Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen erlässt der Bundesrat innerhalb
eines Jahres nach Annahme von Artikel 95 Absatz 3 durch Volk und Stände die
erforderlichen Ausführungsbestimmungen”.
Por lo tanto, estamos ante una reforma de la Constitución
federal cuya concreción o desarrollo deberá realizarse en el plazo de un año.
En cuanto a la medida en sí, tiene una clara inspiración favorable a dar
especial poder a la junta general y a reforzar la participación de los
accionistas. En algunos aspectos implica ir más lejos que las propuestas
adoptadas dentro de la Unión Europea y, en otras, se queda más corta. Prohíbe
algunas prácticas y conceptos
retributivos extendidos en el ámbito corporativo, somete a aspectos fundamentales
de la relación con los directivos y de su retribución a una previa
determinación estatutaria y, en lo que resulta más llamativo, sanciona con
penas privativas de libertad las actuaciones contrarias a la futura normativa
en esta materia.
El alcance de esta reforma se advertirá mejor una vez que
se concrete en la legislación societaria. Está claro que se va a producir un
reforzamiento notable de la importancia de los estatutos como imprescindible
delimitación y cobertura de aspectos esenciales de la relación entre la
sociedad y sus administradores y directivos.
Madrid, 8 de marzo de 2013
