Hace unos días el Diario El
País recogía en sus páginas de economía un interesante artículo que titulaba "España,
a la cola en segundas oportunidades". El punto de partida para la
información lo constituían determinadas referencias contenidas en un muy
reciente Informe
del Fondo Monetario Internacional (FMI), que pasaba revista a la situación de
la economía española y en el que se recogían distintas consideraciones sobre
los cambios adoptados en nuestra legislación de la insolvencia y sobre otros
cambios futuros. Es aquí donde entra en juego el régimen del denominado “fresh start” o “segunda oportunidad”, que son expresiones de amplia difusión entre
nuestros concursalistas. Tan es así que han sido varias las iniciativas
recientes que se han encargado de analizar la conveniencia –la urgencia para
algunos- de la introducción de esas medidas. El artículo recoge la cualificada
opinión de mi compañera complutense Matilde Cuena, que viene ocupándose de esta
cuestión en publicaciones y cursos y que reitera las causas principales para
que, en su opinión, no termine de incorporarse esta novedad.
El Informe del FMI menciona
nuestra legislación concursal en distintos lugares, a cuya lectura remito. Por
su importancia me permitiré transcribir el párrafo siguiente en el que se
aborda de forma más directa la cuestión:
“46. Question: With regard to the insolvency
framework, wouldn’t the introduction of a “fresh start” undermine Spain’s
strong payment culture? This could lead to losses
for banks and thus make future credit more expensive. Spain’s particular
circumstances, especially the widespread use of mortgages, argue for
caution.
47. Answer: Many
EU countries have introduced a fresh start without undermining payment culture,
increasing the cost of credit, or jeopardizing financial stability
(e.g.
Germany). The proposed fresh
start would only benefit debtors after a period of good faith (and
monitored) efforts whereby they repay as much as they reasonably can from their
income after having given up their nonexempt assets (e.g., their house). The
number of years after which the fresh start would be granted could be initially
set at the point where expected payments (net of collection costs) are nil for
creditors, hence allowing for a win-win situation whereby both the debtor
and creditor benefit. In Germany, for example, the fresh start was initially
granted after 7 years. A fresh start would be in the interest of society as
a whole because it would encourage: (1) entrepreneurship (who would be more
willing to start businesses as they know they can try again even after a
failure); (2) preservation of human capital (the productive capacity of
insolvent individuals is maintained); and (3) participation in the formal
economy (insolvent debtors will have less incentive to hide their income from perpetual
capture by creditors). And while the high reliance on mortgages argues for
caution, it also argues for action to ensure the bankruptcy regime is sound”.
El propio Informe reconoce que
estamos ante un tema de enorme calado y que cualquier modificación supondría
actuar sobre fundamentos de nuestro sistema de responsabilidad patrimonial y de
financiación de personas y empresas. Lo que se propone es alterar, entre otras,
de no menor relevancia, la regla esencial del artículo 1911 del Código Civil
(CC). El problema no debe de ser visto sólo con respecto a quienes hoy ya son
insolventes o están en trance de encontrarse en ese estado, sino con respecto a
todo tipo de deudores y a la conducta de sus acreedores. Muchas veces se
reclama una disminución de la responsabilidad del deudor obviando que cualquier
medida en ese sentido afecta con carácter general al mercado del crédito. Dicho
de manera más cruda: si el acreedor es consciente de que al deudor debe
reconocérsele una segunda oportunidad (lo que implica, entre otras, la
condonación de determinadas deudas) serán menos los deudores que reciban una
primera oportunidad.
Sin embargo, no hay que tener
miedo a los cambios. Lo que ha de reclamarse es que se planteen con la
prudencia que su eventual alcance exige.
Madrid, 28 de julio de 2014
