Participo
modestamente en la puesta en marcha en la Facultad de nuestro Máster de Acceso
a la Abogacía. Esa participación me permite intuir que lo que suponía un cambio
radical para la profesión de abogado no
termina de merecer una definición adecuada y proporcionada a la enorme
importancia que ese Máster está llamado a tener en esta nueva etapa. Me
refiero, en particular, al diseño del examen o prueba de acceso, al que me
referí en una no lejana entrada.
En relación con
ello, la oferta de los “Másteres” crece de manera lógica. Es lógico que cada
Facultad de Derecho española se plantee ofrecer ese programa, aunque la lógica
no está tan clara cuando con respecto de muchas cabe preguntarse cómo lo harán.
El mercado se encargará dentro de unos años de situar a cada uno de esos
Másteres en su sitio. El éxito profesional de sus graduados –al aprobar el
examen y al ser seleccionados en el mercado laboral- confirmará o destruirá la
reputación de unos y otros.
Por ahora son
muchos. Basta con ver la información
que recoge Abogados (revista editada por el Consejo General de la Abogacía) en
su último número [nº 86, junio (2014) pp. 38-41]. Allí se recoge (s.e. u o.) un
total de 44 Másteres. Varios de ellos incorporan un título adicional.
A simple vista, me
llama la atención la disparidad en el número de plazas ofrecidas (de un mínimo
de 20 a un máximo de 500) y, sobre todo, en el coste de los programas. Sin duda
influye la naturaleza pública o privada de la Universidad ofertante, pero más
aún la titulación ofrecida.
El tiempo dirá si
lo barato es caro, porque no sirve para nada y viceversa, porque los más caros
programas tienen un éxito laboral asegurado.
Madrid, 7 de julio
de 2014
