El debate sobre la
separación de los cargo de presidente del consejo de administración y primer
ejecutivo de la sociedad no queda en las recomendaciones en materia de buen
gobierno o en las publicaciones que sobre el tema hemos mencionado aquí.
La permanencia o el retorno de un presidente ejecutivo se discute en grandes y
concretas corporaciones.
Un caso relevante
es el que depara la preparación de la junta general que debe celebrar JP Morgan
dentro de este mes. La continuidad de su presidente ejecutivo en su actual
función parece encontrar resistencia en algunos de los principales inversores
institucionales, titulares en conjunto del 12 por 100 del capital de la
entidad. Así se desprende de diversas noticias que desde hace semanas se ocupan
del asunto, que es una de las expresiones de malestar de accionistas, cuyo
origen parece estar en algunos problemas detectados en departamentos del citado
banco que generaron pérdidas relevantes (la bautizada “ballena”
londinense) y, ante todo, un insuficiente control de sus actividades.
La relevancia del
caso se refuerza por afectar a una de las más destacadas instituciones
financieras mundiales y a un directivo igualmente reputado. El activismo de los
accionistas se dirige contra la continuidad de determinados consejeros, pero
por la relevancia de la figura de James Dimon, el voto sobre su continuidad
como presidente del consejo y CEO concita una considerable atención
informativa.
Accionistas
influyentes como Warren Buffet se manifiestan a favor de la continuidad de la
actual situación, mientras que la asesora de voto ISS ha redactado una
propuesta en sentido opuesto. Los argumentos de ambos bandos son conocidos y
estimables. Aparecen en esta crónica del
Financial
Post. Incluida la opinión del principal afectado.
He acudido al proxy
statement que la entidad ha puesto a disposición de los accionistas. El
acuerdo debatido lo propone un accionista, que lo justifica. A su vez, el
consejo reclama un voto en contra del acuerdo y justifica esa petición. Todo
ello a lo largo de las páginas 44 a 46 de ese documento.
Estamos, al fin y
al cabo, en uno de los puntos esenciales del gobierno corporativo: la
acumulación de poder y la división del mismo como opciones. A los accionistas
les corresponde optar por uno u otro modelo y a los administradores afectados acatarlo
o dimitir.
No hay evidencia
empírica que ratifique de manera absoluta el acierto de una concreta solución.
La concentración de poder ha generado algunos escándalos empresariales al igual
que ha provocado divisiones, inestabilidad y deslealtad en el seno del consejo
la división de funciones. En ambos casos, los resultados negativos no se han
debido sólo a la opción por una u otra forma sino, sobre todo, por el
incumplimiento de la mayoría de consejeros de sus funciones frente al
presidente ejecutivo o frente a la dualidad constituida por un presidente y un
consejero delegado incapaces de colaborar en interés de la entidad.
Madrid, 8 de mayo
de 2013
